Vie 11.10.2002

EL PAíS  › AL CIERRE DE ESTA EDICIÓN, SE FINIQUITABA EL JUICIO A LA CORTE

La madrugada en que ganó Menem

Los diputados debatían cómo liquidar el proceso. Aunque la oposición y algunos peronistas estaban esperanzados en alcanzar los votos suficientes para acusar, cuando menos, al presidente del tribunal, Julio Nazareno. Los discursos. La bronca. Los plazos.

› Por Felipe Yapur

Cuando en 1946 el gobierno de Juan Domingo Perón enjuició a la Corte Suprema de entonces, lo hizo en el marco de un proceso de cambio político, social y económico. Hoy, 56 años después, la mayoría del PJ se encolumna –con diferencias y matices– detrás de una cerrada defensa de la actual conformación del máximo tribunal que en los diez años de gobierno de Carlos Menem se convirtió en el sustento jurídico del modelo de exclusión y concentración económica que comenzó a imponerse en 1989. Esto es lo que dejaron traslucir los discursos del oficialismo que se enfrentó con los acusadores que, también con matices y diferencias, criticaron las maniobras de los cortesanos para sostener el modelo vigente. Sin embargo, y más allá de los argumentos vertidos, todo indicaba anoche que en la votación prevista para la madrugada (tras el cierre de esta edición), el oficialismo lograría consagrar la impunidad de los jueces ante la imposibilidad de la oposición de conseguir los dos tercios de los votos de los diputados presentes.
Poco a poco, y a través de sus exposiciones, los que defienden y los que acusan fueron desarrollando sus argumentos que se enmarcaron en estas dos posiciones: a favor y en contra del modelo que lucha por mantenerse. Por supuesto, que esta adhesión se realizó con matices.
Entre los que defienden a la Corte, se destacaron los diputados enrolados en el menemismo, quienes prácticamente no abandonaron sus bancas. Con desenfado rechazaron todas y cada una de las acusaciones contra los ministros del alto tribunal que encarnan el último reducto de poder que mantiene el menemismo, y que durante los diez años de gestión fue el reaseguro jurídico de la puesta en marcha del modelo imperante. Allí reside la razón de su férrea defensa. Dos fueron los que llevaron la voz cantante de los menemistas, Manuel Baladrón y la riojana Alejandra Oviedo. El primero dijo que los argumentos de la acusación “carecen de entidad suficiente por estar teñidos de intencionalidad política”. La riojana fue un poco más allá al preguntarse “¿cuánto inciden las pasiones de la puja electoral?” a la hora de elaborar las acusaciones.
A su lado, y con un autoimpuesto silencio, los legisladores del duhaldismo acompañaron a sus ex socios en la batalla por la impunidad. La razón de los seguidores del actual presidente Eduardo Duhalde de encolumnarse en esta posición gira alrededor de “garantizar la gobernabilidad”. Convencidos de la debilidad de su presidente frente a la “capacidad destructiva” de los supremos, decidieron desechar el juicio a pesar de que reconocen razón en los argumentos de la comisión acusadora. En riguroso off the record se lamentan por las idas y vueltas de la conducta política de Duhalde, que los dejó en un callejón sin salida: “Se tragó el consejo de que era posible bajar a todos los jueces, nos tiró este fardo y después se arrepintió”, repiten sin atreverse a decirlo en público.
Los acusadores
En la vereda de enfrente se ubicó la oposición que, con sus más y sus menos, atacó a los supremos como los continuadores de este proceso. El ARI fue el más duro. Elisa Carrió, en su primer discurso, dio pistas sobre esto al sostener que “este país necesita una señal de todos nosotros. Imaginen si un día este país y este pueblo desanimado, dolido y traicionado por todos nosotros, me incluyo, pudiera escuchar que al menos posibilitamos un juicio. El arma contra la violencia es la paz, y ella nunca viene de la mano de la impunidad; la paz sólo viene de la verdad, de la justicia y de la condena. Si estamos aquí presentes es porque no nos resignamos a que se quiebren tantas conciencias para nada”. El socialista Jorge Rivas abundó un poco más en este punto al señalar en la Cámara que “hay que dejar de hacerse los boludos porque el sistema político argentino no está en crisis sino que colapsó”, dijo, para luego avanzar hacia lo que en realidad anoche se debatía en el recinto: “Si en 1946 se sacaba aquella Corte porque se pretendía hacer otro país, en los noventa se la amplió para dejarnos como saldo otro país, el de la exclusión”.
El radicalismo acompañó esta posición. Con firmeza buscó sumarse a esta tesis más allá de la verdad que en su momento les tiró sobre sus bancas el menemista Baladrón, quien les recordó que durante los dos años de gestión de Fernando de la Rúa, la entonces presidenta de Juicio Político, Margarita Stolbizer, sólo convocó a la comisión en una docena de oportunidades y nunca para tratar un pedido de juicio a estos mismos supremos. El radicalismo aceptó en silencio esta estocada y hoy asume la acusación con un marcado sentimiento de culpa. Tal vez por ello el diputado Jesús Rodríguez haya terminado su discurso, evitando el enfrentamiento directo con el PJ, con una frase del presidente checo Vaclav Havel: “La esperanza no es la seguridad de que las cosas saldrán bien sino la certidumbre de que una acción tiene sentido”.
La hora señalada
Anoche, al cierre de esta edición, los discursos se sucedían y todo hacía prever que durante la madrugada estarían definiendo si se enjuicia o no a todos o algunos de los supremos. La oposición –que incluye a los partidos provinciales– mantenía un cauteloso optimismo sobre la suerte del presidente de la Corte, Julio Nazareno, hacia quien apuntaron todos sus dardos. Los justicialistas no menemistas tenían el mismo pálpito. Por ahora, varios duhaldistas dejaron entrever que están dispuesto a acusar a Nazareno más allá de los deseos de su conductor político. Sin embargo, todo ello dependerá de las presiones que comenzarán a ejercerse a medida que se acerque la hora de la definición.
Sin duda que de concretarse la posibilidad de enjuiciar al menos a Nazareno, se estará dando una de las pocas señales de cambio que muchos de los legisladores pregonan y que la calle exige.

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