La Central de Trabajadores Argentinos (CTA) pidió al Gobierno que prohíba las suspensiones y despidos por seis meses para generar “un cerco protector que preserve el empleo” frente al temido huracán de la crisis financiera global. Un día después de que Hugo Moyano se reuniera con el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, para expresar su preocupación por los recortes de horas extra y suspensiones que ya se registran en algunas empresas, la mesa nacional de la CTA –encabezada por Hugo Yasky– le llevó al mismo funcionario un diagnóstico similar. Los dirigentes de esa central propusieron políticas que aumenten el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables y fortalezcan el mercado interno. Discreparon, en cambio, con la idea de la CGT de diferir los pedidos de aumentos salariales hasta que pase la tormenta: “En la Argentina hay 13 millones de pobres que no pueden esperar diez o doce años, hasta un nuevo ciclo de crecimiento económico, para mejorar su situación”, señaló Yasky.

El encuentro en el despacho del ministro duró poco más de una hora. Ronda de café de por medio, Tomada y la delegación de la CTA coincidieron en que el panorama es difícil, pero también en que el país está en una mejor situación para enfrentar los sacudones externos que en anteriores crisis. Los dirigentes advirtieron que en las industrias vinculadas a las automotrices ya están teniendo adelanto de vacaciones e incluso suspensiones, como sucede en el caso de la producción de neumáticos, y que también hay problemas en el sector farmacéutico. “Probablemente por ser empresas multinacionales están haciendo ajustes a nivel global”, apuntó Yasky.

En la CTA evalúan que las multinacionales son el sector donde hay mayor peligro de despidos, ya que pueden –desde sus cabeceras del Primer Mundo– tomar medidas de recorte del gasto que afecten a sus plantas instaladas en el tercero. Como se trata de empresas con grandes márgenes de rentabilidad, el razonamiento gremial es que implantar nuevamente la doble indemnización por despido no sería una protección suficiente para frenarlos.

Junto con el pedido de un decreto que prohíba por 180 días las cesantías y despidos, tanto en el sector privado como en el estatal, la CTA formuló otros de protección a las franjas sociales más pobres. Por ejemplo, con la universalización de salario por hijo (para que lo cobren no sólo los asalariados en relación de dependencia sino también los contratados y desocupados), un aumento de emergencia en las jubilaciones y de los planes de empleo.

Tomada planteó, a su vez, que el Gobierno tiene herramientas para actuar y está aceitando los mecanismos a implementar en caso de que sean necesarios, como los procedimientos preventivos de crisis. El ministro agregó que su cartera va a monitorear la situación día a día. Aunque parece improbable que el Gobierno acceda a los pedidos de un ingreso universal y aún más al de un decreto de prohibición de los despidos, la intención de los dirigentes gremiales fue fijar ese orden de reclamos en la agenda, ya que el temor es que con el avance de la crisis, haya sectores dentro del gabinete que impulsen un recorte en el gasto social.

Del encuentro participaron también el secretario adjunto de la CTA, Pedro Wasiejko; el titular de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Pablo Micheli; y Horacio Fernández y Víctor Mendibil, también integrantes de la mesa nacional de la central sindical.

En la CTA los sectores kirchneristas coexisten con los no kirchneristas en el reclamo común por políticas de redistribución del ingreso. Incluso, sus figuras oficialistas señalan como una deuda en la gestión que junto con el crecimiento económico de estos años haya aumentado la desigualdad. El planteo que llevaron ayer a Tomada, que fue volcado en un documento, hace eje en este punto: señala que si se sale de esta crisis “con la lógica mercantilista se profundizará aún más la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen”.

“No es posible admitir que tal como pasó en la salida de la convertibilidad y en las crisis anteriores, los platos rotos los terminemos pagando los asalariados y los 13 millones que todavía permanecen debajo de la línea de pobreza”, apuntaron.

La Central pidió finalmente que las políticas de Estado se coordinen con los países de América latina, a la manera en que los gobiernos del Unasur reaccionaron frente a la crisis política que atravesó Evo Morales en Bolivia. La complementación, dicen, servirá para potenciar las capacidades de cada uno ante las turbulencias de las economías de los países centrales.