Las solemnes desmentidas del jefe de gabinete de ministros, Alfredo Chantanasof, han servido para confirmar la ambición del senador Eduardo Duhalde por permanecer un semestre más en el Polideportivo de Olivos. Esto conformaría al ex presidente Carlos Menem, quien de ese modo quedaría a salvo de cualquier objeción constitucional a su candidatura, ya que entonces habría transcurrido el “intervalo de un período” que indica el artículo 90 de la carta reformada en 1994. Los Jefes de Estado Mayor Conjunto y del Ejército, Juan Mugnolo y Ricardo Brinzoni, son más ambiciosos que el ex intendente de Lomas de Zamora. Su deseo es continuar en sus cargos hasta que promedie el mandato del próximo presidente, en 2005. Ya prepararon un borrador de decreto que entregaron a Jaunarena para que lo eleve a la firma de Duhalde. Esto es parte de una operación mayor. Bajo la protección política de Menem, Mugnolo y Brinzoni se ofrecen como la pata militar del acuerdo con Duhalde. Su interés está puesto también en temas del pasado y del futuro, que tienden a confundir. Entre ellos, la conclusión de los juicios por crímenes contra la humanidad durante la última dictadura y la reasignación a la estructura castrense de los roles de control social y represión interna que la llevaron al descrédito y el bochorno.
Manzanas podridas
Durante la conmemoración del Día de la Infantería el Jefe de Estado Mayor del Ejército dijo lamentar “la ausencia de algunos camaradas que hoy no pueden estar con nosotros, pero espero que pronto lo estén”. Los aludidos no estaban nada lejos. En realidad escucharon las palabras de Brinzoni desde el casino de oficiales del Regimiento I Patricios, donde cumplen la detención dispuesta por el juez federal Claudio Bonadío. La afectuosa referencia de Brinzoni se refleja en el trato que el comandante de la Guarnición Militar Buenos Aires, general Eduardo Altuna, prodiga a oficiales bajo prisión preventiva por tan graves crímenes: Altuna no tiene empacho en jugar al paddle con uno de los detenidos, el coronel (R) Oscar Pascual Guerrieri, quien fue jefe del principal campo de concentración del Cuerpo de Ejército II, conocido como Quinta de Funes. Guerrieri es también el oficial que excitó la ternura de Brinzoni por los procesados, con pocas pero bien elegidas palabras: “Si usted no nos soluciona la situación, yo voy a hablar”.
La presunta solución fue expuesta por Brinzoni al generalato durante la última reunión de mandos: “Se están haciendo todos los esfuerzos para lograr que la Corte Suprema declare la constitucionalidad de las leyes de punto final y de obediencia debida. Tenemos contactos políticos y con la misma Corte Suprema”, dijo. El cierre del juicio político, producido el viernes, era uno de los prerrequisitos para que la Corte se pronunciara. El Jefe de Estado Mayor agregó: “Esto tiene que terminarse, vamos a apoyar a nuestros camaradas detenidos. Ya hicimos bastante sin resultado”. Este es el discurso oficial del Ejército desde el día en que Brinzoni reemplazó en la jefatura al general Martín Balza, quien postulaba separar a las pocas manzanas podridas remanentes para que no volvieran a pudrir el nuevo cajón. Pero ocurre que Brinzoni es una de ellas.
Otra es el presidente de la Comisión del Servicio de Justicia del Ejército que Brinzoni mantiene, el general abogado Carlos Horacio Cerdá. Con Jorge Videla, Roberto Viola y Leopoldo Galtieri fue el intelectual de la fuerza de tareas formada en la Presidencia para encubrir lo que ocurría y atenuar las reacciones políticas. Bajo Benito Bignone fue subsecretario de Interior y redactó la ley de autoamnistía, que el Congreso y la Justicia declararon nula. En un reportaje al diario ABC de Madrid, Cerdá llegó a reivindicar en forma explícita el método de la desaparición forzada de personas. En el Día de la Justicia Militar, Cerdá entregó distinciones al ministro de Justicia de Videla, Alberto Rodríguez Varela, y al abogado Florencio Varela, defensor de varios de los procesados por Bonadío. Su defensa dista de ser técnica. Las víctimas por cuyo destino fueron detenidos los oficiales Francisco Molina, José Pereiro, Arturo Pellejero y Hermes Rodríguez no eran desaparecidos sino “terroristas ejecutados por las Fuerzas Armadas”, escribió. Brinzoni asistió a la ceremonia.
Mujeres y niños
Guerrieri participó durante la dictadura en la desestabilización del gobierno de Nicaragua y concibió la operación de inteligencia más torpe de aquellos años: el envío a México del secuestrado montonero Tulio Valenzuela para que liquidara o ayudara a capturar a Mario Firmenich. Pese a que su mujer y su hijo habían quedado como rehenes, Valenzuela denunció la operación en cuanto tuvo libertad de movimientos en México. La mujer, Raquel Negro, y la criatura que estaba gestando, no reaparecieron. En los últimos meses de la dictadura, Guerrieri participó en Rosario del secuestro en el Bar Magnum, de los militantes peronistas montoneros Osvaldo Cambiasso y Eduardo Pereira Rossi, quienes al día siguiente aparecieron muertos en un falso enfrentamiento en la provincia de Buenos Aires, en el que intervino el ex subcomisario Luis Patti. La autopsia descubrió marcas de golpes, quemaduras de picana eléctrica y ataduras con cuerdas y que los disparos mortales fueron efectuados a quemarropa.
Guerrieri y el ex jefe del Cuerpo I, Carlos Suárez Mason, fueron los primeros militares prófugos después de la dictadura. El torturador de Rosario escapó a Asunción. El lujo ofensivo con que vivía en la capital paraguaya motivó de una de las primeras rencillas entre Rico y Mohamed Alí Seineldín, que por entonces se disputaban el liderazgo del movimiento reivindicativo de la guerra sucia militar contra la sociedad argentina. Según un informe del primer ministro del Interior del gobierno radical, Antonio Tróccoli, Guerrieri organizó la colocación de bombas en vísperas de los comicios de 1985 y también tuvo a su cargo la correspondiente Acción Sicológica. Luego del alzamiento de Rico, la ley de obediencia debida puso a salvo a Guerrieri de castigo por la desaparición de Raquel Negro. Una de las operaciones que se le atribuyeron en aquel momento fue el robo de la documentación que lo comprometía, acumulada por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas y los tribunales federales de Rosario. Concluido el gobierno radical, al comenzar la administración menemista Guerrieri fue reclutado por la Secretaría de Inteligencia del Estado, como director de planeamiento. En julio de este año, Bonadío ordenó su detención y la de otros 40 ex integrantes de la inteligencia del Ejército.
Los prófugos
En las constantes reuniones que realiza con diversos institutos y personas, el secretario general del Ejército, general Daniel Reimundes, expone sobre el acatamiento castrense a las decisiones de la justicia y destaca que el propio Ejército entregó a los detenidos que dispuso Bonadío. En cambio, omite toda referencia a los seis prófugos, en cuya búsqueda el Ejército no ha empeñado el menor esfuerzo. En realidad no lo necesita, ya que sus paraderos sólo son secretos para el juez y las fuerzas de seguridad, pero no para sus camaradas, que los protegen. Ellos son los coroneles Luis Jorge Arias Duval, Enrique José Del Pino, Jorge Horacio Granada y Julio César Bellene y el suboficial Nelson Ramón González. Si tuviera algún interés en demostrar la subordinación institucional que pregona, el Ejército debería destituir a los prófugos. El suboficial González se presentó en un programa sensacionalista de televisión y dijo que en Campo de Mayo había sido asesinado Ricardo “Pato” Zucker, hijo del actor Marcos Zucker. A raíz de eso, Balza dio intervención a la secretaría de derechos humanos del gobierno nacional y a la justicia federal. Ese fue el origen de la causa que instruye Bonadío. La página de Internet Seprin (a la que aporta uno de los imputados en la causa, que fue detenido y luego liberado, Alberto Jorge Crinigan) acusó por ello a Balza de traidor. Bellene, quien fue jefe del Batallón de Inteligencia 601 y mintió a la justicia acerca del secuestro y asesinato de la diplomática Elena Holmberg Lanusse, estuvo a punto de ser nombrado por Menem subsecretario de inteligencia interior de la SIDE, en febrero de 1990. La designación abortó cuando asuntos jurídicos informó que había sido procesado por destrucción u ocultamiento de documentos públicos o introducción en ellos de datos falsos y que el indulto no borraba el delito. Aun así ocupó posiciones significativas en un destino de tanto interés para el menemismo como la Aduana.
El Hermano Eduardo
Mugnolo y Brinzoni han empeñado todas sus armas en la batalla. La caballería está formada por dos robustos colaboradores civiles, que se encargan del lobby sobre la Corte Suprema. Estos expertos en impunidad son el ex juez federal y abogado de la SIDE Fernando Archimbal y el ex ministro de Obras y Servicios Públicos, Roberto Dromi, quien antes de acceder a ese cargo fue el principal encargado de asuntos militares de Carlos Menem. Dromi fue también asesor del senador Eduardo Menem, íntimo amigo desde la juventud y ex socio del presidente de la Corte Suprema, Julio Salvador Nazareno. Tanto el senador Menem como Dromi fueron altos funcionarios de gobiernos militares. Menem como interventor federal en La Rioja, Dromi como intendente de la ciudad de Mendoza. Pese a ello, Menem se opuso en 1990 a los indultos dispuestos por su hermano. Su cambio de posición se vincula con el diseño de la campaña con la que Carlos Menem concibe ejercer su tercera presidencia, en la mágica hipótesis de que la aversión del 70 por ciento del electorado se disuelva y le permita vencer en los próximos comicios. Aun así, su gobierno sería de una debilidad que Menem piensa compensar con el regreso castrense al centro de la escena. Su proyecto se hizo explícito una semana antes de la caída del ex presidente Fernando de la Rúa. El 11 de diciembre pasado, en cuanto recuperó la libertad en la causa por la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador, Menem visitó a Brinzoni en el edificio Libertador y propuso un denominado “acuerdo patriótico”, del que deberían participar “la Iglesia y las Fuerzas Armadas”. Luego del almuerzo en el Estado Mayor, ambos dejaron trascender que habían encomiado la obediencia debida y los indultos como instrumentos de pacificación del país. La experiencia de la última dictadura y el nuevo contexto internacional hacen descartable cualquier golpe castrense al estilo que fue común en la historia argentina. Pero el uso de las Fuerzas Armadas para tareas de represión interna sólo depende de una decisión política, que Menem está dispuesto a tomar y que no disgustaría al gobierno estadounidense de George W. Bush.
Los disfrazados
La semana pasada el Hermano Eduardo dio otra demostración del compromiso familiar con el blanqueo de los crímenes de la dictadura, al convertirse en el segundo senador que firma el dictamen en favor del ascenso del capitán de la Armada Julio César Binotti. Hace dos décadas, Binotti se disfrazó con un uniforme de policía en los sótanos de la ESMA para que un detenido-desaparecido que habían sido reducido a servidumbre le tomase una foto, con la que se le confeccionó un documento de identidad falso. El inconvincente descargo de la Armada es que Binotti usó ese disfraz para infiltrarse en una red de espionaje chileno. Pero el episodio del espionaje se produjo cuatro años después y tampoco se entiende por qué los chilenos desconfiarían de un marino argentino pero no de un policía argentino, como si los problemas limítrofes de la época hubieran sido con la Armada y no con la Argentina. El otro voto a favor del ascenso de Binotti, es del Ricardo Gómez Diez, del partido conservador salteño que gobernó esa provincia durante la dictadura. En contra de esa promoción que convalidaría al menos en forma simbólica la reducción de las Fuerzas Armadas a un rol policial ya han firmado el presidente de la Comisión de Acuerdos, Jorge Busti, el radical jujeño Gerardo Morales y el justicialista neuquino Sergio Gallia. El senador radical santafesino Horacio Uzandizaga había defendido el ascenso durante una de las audiencias públicas. Pero ahora derivó el tema a la conducción del bloque, para que decida la posición a adoptar. Quienes aún deben pronunciarse, además de Uzandizaga, son los senadores justicialistas Antonio Cafiero, Juan Maqueda, José Luis Gioja, Oscar Lamberto, Miguel Mayans, Angel Pardo, Sonia Escudero y Carlos Verna y los radicales Jorge Agúndez, Luis Falco, Carlos Maestro y Eduardo Moro. Cafiero anticipó a este diario que no apoyaría el ascenso.