Por Raúl Kollmann
y Laura Vales
Patricia Acerboni, la mujer que denunció que el abogado Víctor Stinfale le pidió coimas para liberar presos supuestamente mediante arreglos con el juez Jorge Urso y el secretario Oscar Aguirre, es ahora seguida cotidianamente. Un auto azul, en cuyo interior siempre ve a dos o tres desconocidos, la vigila en la esquina de la empresa familiar y a veces en otros lugares adonde va. Ese hostigamiento empezó después que la mujer reveló a la Justicia que había recibido dos pedidos de dinero para otorgarle la libertad a su hermano y que no sólo ella fue testigo de ese pedido de coimas. Como el auto con los desconocidos estuvo estacionado durante varias horas en forma sospechosa, dos vecinos de Patricia Acerboni se acercaron y preguntaron a sus ocupantes qué estaban haciendo. Los hombres dijeron ser policías. Sin embargo, la chapa del Volkswagen Polo corresponde a un auto robado en La Matanza y su titular original es un integrante de una empresa de seguridad. El viernes, el fiscal Guillermo Marijuán habría producido una movida importante, imputando en la causa por coimas tanto a Urso como a su secretario Aguirre y a Stinfale. Al mismo tiempo, se decretó el secreto de sumario sobre toda la investigación.
Página/12 publicó en exclusiva la denuncia realizada por la Cámara Federal pidiendo que se investigue el caso de coimas a cambio de excarcelaciones. Aunque los denunciantes iniciales fueron abogados del estudio Moreno Ocampo y Patricia Acerboni, existen otros familiares que le reconocieron a Página/12 que les hicieron pedidos de dinero, aunque están asustados porque sus allegados siguen presos en Devoto y temen que se pueda producir alguna represalia.
Al día siguiente de publicarse la denuncia en este diario, Acerboni, una de las familiares que recibió pedidos de dinero, percibió que la seguían varios individuos en un Volkswagen Polo azul, con vidrios polarizados, chapa DMN 297. Inmediatamente se comunicó con sus abogados, Hugo Wortman Jofre y Ariel Garrido, ambos del estudio Moreno Ocampo, para interiorizarlos de la situación. Este jueves, mientras el auto estaba parado en la esquina del depósito familiar, dos vecinos se acercaron al vehículo y les pidieron a los individuos sentados adentro que se identifiquen: “Somos policías, estamos esperando a una mujer”, dijeron.
En verdad, la chapa DMN 297 corresponde a un auto robado, un Fiat Duna gris acero, no a un Volkswagen. La denuncia por el robo se hizo el 29 de enero de 2002 en la Comisaría 3ª de La Matanza, correspondiente a Villa Madero. El robo fue inscripto en el registro de propiedad del automotor el 12 de febrero. Lo llamativo es que el vehículo está a nombre de Christian Rubén Payero, que figura como remisero, pero que trabaja en una empresa de seguridad, Protection System, dedicada también al recupero de autos robados.
Los datos indican que existe una maniobra para intimidar a Acerboni, y el objetivo tal vez no sea sólo que ella no siga adelante con su denuncia, sino advertirles a otros familiares sobre la suerte que correrán en caso de ratificar que han recibido pedidos de coimas.
A lo largo del viernes, trascendió en Tribunales que el fiscal Guillermo Marijuán hizo su requerimiento al juez y en ese escrito habría imputado al juez Urso, al secretario Aguirre y al abogado Stinfale. Esto implica que el fiscal estaría pidiendo que se indague en calidad de sospechosos a los dos funcionarios judiciales y al letrado y según parece también se le pidió al juez Bonadío otras medidas de prueba. Entre ellas estaría el entrecruzamiento de llamadas, principalmente de Acerboni, Stinfale y el secretario Aguirre. También es muy probable que sean llamados a declarar los empleados del juzgado y familiares de los otros presos en la causa por la que se habrían pedido las coimas.
Las libertades
El caso que está en la base del escándalo fue una investigación sobre adulteración de naftas que derivó en numerosos allanamientos y detenciones, y en el secuestro de unos 40 camiones que terminaron estacionados y alineados sobre la avenida Juan B. Justo. El accionar delictivo consistía en mezclar nafta original con elementos químicos de mucho menor valor que permitían duplicar la cantidad, aunque a costa de bajar notoriamente la calidad. La mezcla se hacía en destilerías del Gran Buenos Aires, después el combustible se llevaba a distintos depósitos y de allí a estaciones de servicio para su venta al público. Inicialmente hubo 40 detenidos, pero ahora quedan 11.
Los abogados defensores sostienen que el manejo de la causa ha sido extraño y sospechoso, en especial porque el delito de adulteración de combustibles prevé una pena de uno a seis años de cárcel, por lo cual es excarcelable. Además, los letrados –siempre desde la óptica de la defensa de los imputados– juran y perjuran que los peritajes fueron hechos sin perito de parte y que se le negó la excarcelación a personas a las que no se les comprobó la tenencia de nafta adulterada o se les adjudicaron peritajes que no corresponden a su domicilio. Estas movidas extrañas -siempre en opinión de los defensores– fueron el marco del pedido de coimas. Desde el juzgado, en cambio, aseguran que las pruebas son sólidas, aunque el juez Urso debe resolver distintas nulidades en los próximos días. El magistrado consideró la denuncia en su contra como “una infamia”.
La cuestión del pedido de dinero a cambio de excarcelaciones motivó una denuncia de la Cámara Federal –algo inédito–, firmada por los camaristas Gabriel Cavallo y Horacio Vigliani. La investigación quedó a cargo del juez Claudio Bonadío. En ese juzgado declaró el jueves el abogado Ariel Garrido, del estudio Moreno Ocampo, y el viernes lo hizo Patricia Acerboni. Cuando declaró la mujer, estuvieron presentes el propio juez Bonadío, el prosecretario del juzgado, y los fiscales Guillermo Marijuán y Oscar Amirante, lo que da prueba del impacto que el caso está produciendo en la justicia federal.
Acerboni –que tiene a su hermano detenido en Devoto por la causa de las naftas– ratificó ante el juez que el abogado Stinfale le había pedido 5 mil dólares para el secretario del juzgado, como un primer paso hacia la excarcelación. Respecto del juez Urso, Acerboni sostuvo que “Stinfale me dijo que había que hacerle una oferta, que era cuestión de oferta y demanda”.
La familiar relató que Stinfale le hizo el pedido de 15 mil dólares en dos oportunidades. La primera, en una confitería y que después insistió por teléfono. Acerboni aseguró que existe otro testigo de esos pedidos.
Este diario mantuvo diálogos con otros familiares que, pidiendo mantenerse en el anonimato, también señalaron que recibieron pedidos de coimas. Incluso en dos casos la oferta de conseguir la excarcelación a cambio de dinero provino de dos ex jueces federales y un ex secretario judicial. Abogados de los detenidos contaron además que algunos de los ofertantes llegaron extrañamente al penal de Devoto y les hicieron la propuesta a los detenidos.
La causa por las coimas en la Justicia Federal arranca con denuncias concretas y sobre la base de nombres y apellidos. En el juzgado dicen que todo es una maniobra de Stinfale y de otros abogados penalistas que intervinieron en el caso y que el dinero fue pedido por los letrados engañando a sus clientes. Por el otro lado, llama la atención que los pedidos hayan sido hechos no por un abogado sino por varios y que se le hicieran por distintas vías a distintos familiares de detenidos. Por ahora, el juez Bonadío –a pedido del fiscal Marijuán– decretó el secreto del sumario, lo que anticipa nuevas medidas de prueba. También el Consejode la Magistratura resolvió realizar una investigación paralela sobre el caso.