La criminalización de la protesta social llegó a los tribunales federales de Retiro. Pero no prosperó. El dirigente piquetero Juan Carlos Alderete fue denunciado por “incitación a la violencia”, pero los fiscales Federico Delgado y Eduardo Freiler desestimaron la acusación por inexistencia de delito. Durante un discurso en Plaza de Mayo, Alderete había instado a “cachetear y pegar trompadas a los funcionarios” que desoyen sus demandas. Los fiscales consideraron que “la manifestación de una idea política, como es la convicción en la legitimidad del reclamo y en la necesidad de mantenerlo, no puede ser entendida como un concreto llamado a la acción violenta”. El dictamen destaca la legitimidad de los “nuevos movimientos sociales” como los que encarnan los piqueteros, e incluso rescata el concepto de desobediencia civil. Aunque mostró satisfacción por la resolución del asunto, Alderete opinó ante Página/12 que no cree “en esta justicia que ignora nuestros intereses”. Además, el líder de los desocupados en la Corriente Clasista y Combativa está procesado por uno de los tantos cortes de ruta que protagonizó junto a otras agrupaciones piqueteras.
El artículo 212 del Código Penal describe que será reprimido con prisión de 3 a 6 años quien “públicamente incitare a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones, por la sola incitación”.
Alderete recuerda el momento en que pronunció las palabras pero no puede precisar la fecha. “Si es necesario vamos a seguir cortando rutas y vamos a aguantar... vayamos a cada intendente, a cada gobernador, y si es funcionaria les pedimos a las compañeras que la cacheteen, si es funcionario, nosotros los hombres peguémosles una trompada a esos hijos de puta”, es la frase que motivó la denuncia del fiscal federal José Barbaccia, realizada por su propia iniciativa. Fue tomada de un video denominado “Informe piqueteros”, editado por el programa “Después de Hora” cuando Daniel Hadad aún era su conductor, a pedido de este fiscal que cobró notoriedad por su participación en la causa sobre el ataque contra la AMIA.
Barbaccia había iniciado una investigación preliminar sobre “distintas agrupaciones que, con el fin presunto de imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, públicamente han efectuado manifestaciones incitando a la violencia”. Y concluyó que las palabras de Alderete estuvieron “claramente dirigidas a incitar la violencia en sus destinatarios. Según su denuncia, en el “particular contexto social que vive nuestro país”, la frase en cuestión “reúne el estímulo suficiente como para mover ánimos al ejercicio de la violencia grupal, máxime por dirigirse a un grupo de manifestantes atendiblemente exaltados de antemano por la situación que atraviesan y la avidez por instituir responsables de ello y propinar cualquier tipo de castigo”. Concretamente, Barbaccia responsabilizó a Alderete por la “excitación de las pasiones”.
Enterados del asunto, los abogados del dirigente piquetero se disponían a seguir la evolución de la denuncia, pero no esperaban una resolución tan pronta y favorable. En primer lugar, los fiscales Delgado y Freiler destacaron que “la plataforma fáctica” de la denuncia es el video editado por la producción del programa que conducía Daniel Hadad, en el que la frase no aparece como “una expresión aislada” sino como parte de “un discurso más extenso que es fragmentado por los periodistas”. A continuación destacaron que “el terreno sobre el cual tiene lugar la conducta se caracteriza por la presencia de libertades que hacen a la esencia del sistema democrático”. A partir de ello deducen que la conducta de Alderete debe ser analizada en el marco del “protagonismo de las garantías constitucionales que amparan la libertad de pensamiento y expresión”. Los fiscales también repararon en el contexto socioeconómico pero en sentido opuesto a su colega. Según ellos, el análisis legal del caso debe hacerse teniendo en cuenta que la protesta social es un “nuevo fenómeno” que crea “redes de contención social sin la presencia delEstado”. En tal sentido, destacaron que “los llamados piqueteros son tan sólo un segmento, nacieron y maduraron como alternativa cívica para trasladar a las autoridades, legítimas demandas de trabajo, alimentación, educación y salud, que han sido desoídas o ignoradas”, que no son “un catálogo de ilusiones” sino “pretensiones jurídicas sustanciales y emanación de la justicia social”.
Los fiscales consideraron que la actitud de los piqueteros comparten las características de lo que se conoce como “desobediencia civil”, tal como la describe Hannah Arendt. Una de esas características es la de la “inspiración en cambios legítimos y deseables”, que los aparta de la criminalidad común. “El desafío del desobediente se lanza en lugares públicos y en pos de beneficios de un grupo o mayoría, y por ello, radicalmente opuestos a la mezquindad”, escribieron Freiler y Delgado inspirados en la escritora alemana. Según ellos, Alderete personifica “un movimiento de masas que pugna por cambios estructurales en el sistema dentro del cual el reclamo de trabajo es sólo un paso hacia una más justa distribución de la riqueza”. Concluyeron que en un Estado democrático pleno “no hay lugar para la utilización del derecho penal como arma para salir del paso de situaciones de emergencia y aparición de nuevos problemas, en este caso, la marginación y el hambre”.
No es la primera vez que se utiliza la figura penal de la “incitación a la violencia” para perseguir judicialmente a dirigentes sociales. De hecho, fue uno de los cargos en el juicio contra Raúl Castells, pero ya había sido esgrimido en 1998 por la justicia de Tierra del Fuego cuando acusó al dirigente Oscar Martínez por ese delito, por haber dicho “vamos a sacar a los compañeros de las garras de esos asesinos”, tras el asesinato de Víctor Choque. Los “asesinos” no eran otros que los policías provinciales.
“No sólo es una judicialización de la protesta social, nos tratan como criminales acusándonos de todos los males a los piqueteros como si no les bastara con nuestro sufrimiento cotidiano, nos quieren ver presos”, reflexionó Alderete ante Página/12. El abogado Juan Carlos Capurro, de la Federación Internacional de Derechos Humanos, siguió este caso y otros tantos en los que dirigentes y manifestantes fueron procesados por cortes de ruta. “El fiscal no ha tomado en cuenta la amplia experiencia y jurisprudencia nacional e internacional vinculada a este tipo de expresiones”, afirmó Capurro en relación a la denuncia de Barbaccia. Y agregó que “es hora de que la terrible realidad de este país cachetee y golpee la sensibilidad absolutamente pétrea de quienes nada hacen, nada resuelven, nada escuchan y nada proponen como remedio”, utilizando la misma metáfora que motivó la denuncia contra Alderete, ya desestimada.