El juicio de la valija en Miami terminó con una pésima noticia para los gobiernos de Cristina Kirchner y Hugo Chávez. El jurado, que hasta el miércoles último estaba dividido, resolvió finalmente darle crédito a la teoría del FBI y la fiscalía federal de La Florida, según la cual el empresario Franklin Durán actuó como un agente ilegal de Venezuela en una conspiración destinada a presionar a su ex socio Guido Alejandro Antonini Wilson para que ocultara el origen y destino de los 800 mil dólares que le incautaron en Buenos Aires. Según la acusación, existía un pacto de encubrimiento entre ambos países. El dinero había salido de la petrolera venezolana Pdvsa y “era una contribución a la campaña de un entonces candidato presidencial argentino”, señala un comunicado que difundió el Departamento de Justicia. Terminado el juicio, con Antonini como testigo estelar, quedará a prueba la predisposición de Estados Unidos para extraditarlo a la Argentina, donde está acusado de lavado y contrabando.

El fallo de ayer fue sorpresivo. El viernes mismo, el jurado dedicó siete horas a deliberar y no hubo acuerdo ni para acusar ni para absolver a Durán. Lo mismo había ocurrido durante seis jornadas anteriores, algo inusual. La jueza Joan Lenard insistió e insistió, al punto de argumentar que la inexistencia de un fallo, que debía ser unánime, implicaría un grave costo para el Estado. Cuando todos los observadores daban por seguro que el juicio sería fallido, el jurado de pronto anunció su total acuerdo.

La principal prueba en la que se basó el expediente fue la grabación y filmación subrepticia que hizo Antonini Wilson en colaboración con el FBI de una serie de encuentros que tuvo con Durán, con otro de sus ex socios, Carlos Kauffman, con el abogado Moisés Maiónica y el uruguayo Rodolfo Wanseele Paciello. Los contactos se sucedieron una vez que Antonini –ciudadano venezolano y norteamericano– volvió a su casa en Key Biscayne tras el episodio en el aeropuerto. “El propósito de esas reuniones era conseguir la colaboración de Antonini en el encubrimiento del origen, destino y el papel del gobierno de Venezuela en el intento de envío de una contribución cash de 800 mil dólares para la campaña de un entonces candidato presidencial argentino”, dice el comunicado del Departamento de Justicia estadounidense que anuncia la condena para Durán. No hacía falta que mencionara con nombre a Cristina Kirchner, ya señalada en el proceso.

Desde un comienzo fue evidente que el valijero se puso los micrófonos ocultos para quedar a salvo de la extradición a la Argentina y otros eventuales problemas legales en Venezuela. Ayer, tras el veredicto, anunció: “Voy a enfrentar a la Justicia argentina”, aunque esto no implica que se atreva a venir al país, donde podría quedar detenido, sino que –aclaró– seguirá el consejo de sus abogados (ver aparte). Sus cuatro amigos fueron arrestados el 11 de diciembre, pero el único que sostuvo su inocencia hasta el final fue Durán. El resto se declaró culpable a cambio de colaborar con la investigación y aspirar a una pena reducida. Un quinto personaje, José Antonio Canchica Gómez, está prófugo.

Por los dos cargos que le imputan –actuar como agente no registrado en el Ministerio de Justicia y conspirar–, Durán podría recibir hasta quince años de cárcel. El monto de la pena lo fijará la jueza que encabezó las audiencias orales comenzaron hace dos meses. También dará ella los fundamentos de la sentencia, que se conocerá el 12 de enero. La magistrada nunca disimuló su inclinación por avalar la acusación que llevaron adelante el fiscal Tom Mulvihill y su colega John Shipley, ni siquiera delante de los jurados. Los tres arrepentidos no tienen fecha de sentencia. La tuvieron, pero fue postergada varias veces, lo que ayudó a mantenerlos bajo presión y maximizar su “aporte” contra Durán.

El texto que puso a circular el gobierno de George Bush dice que “de acuerdo con la evidencia, varios altos funcionarios del gobierno venezolano, incluyendo funcionarios de la oficina del vicepresidente, miembros de la Disip (Dirección de Inteligencia) y altos funcionarios del Ministerio de Justicia” de ese país, “dirigieron las actividades del acusado en el Sur de la Florida”. Agrega que fueron los imputados quienes le dijeron a Antonini para qué eran los 800 mil dólares.

Con el espíritu belicista que caracteriza a la Casa Blanca, y aunque el dinero no entró ni salió de Estados Unidos, el fiscal jefe de Miami, Alexander Acosta, señaló que los fiscales –apéndices del Gobierno en la Justicia– de “salvaguardar las fronteras y la integridad nacional de la intromisión de agentes extranjeros no registrados”. Johnatan I. Solomon, del FBI, insistó en encuadrar el caso entre los que atañen “a la seguridad del país y nuestros ciudadanos”. El veredicto, agregó Pastrick Rowan, de la Fiscalía General para la Seguridad Nacional, es una “fuerte advertencia”. La figura del agente ilegal ha sido aplicada con especial devoción en Miami contra cubanos.

Ed Shohat, abogado de Durán, reiteró que todo el juicio fue un armado del FBI con motivaciones políticas donde –insinuó– Antonini actuó como un agente provocador. Dijo que su cliente es inocente y que apelará. El tribunal superior está en Atlanta, pero el tema podría terminar en la Corte Suprema. El defensor planteó en su alegato que Antonini quería quedarse con los negocios millonarios que compartía con Durán, con quien tenía una amistad de 20 años. Y que Durán trataba de salvar su pellejo de las consecuencias del escándalo, además ayudar su amigo.

La causa tuvo varios ejemplos de los manejos que estila el FBI: desde haber confeccionado una carta enviada a Chávez donde Antonini le pedía dos millones de dólares como garantía de su silencio, hasta haberle ofrecido a la ex policía aeroportuaria María Luján Telpuk, quien descubrió los 800 mil dólares, asilo político y trabajo para que cambiara su declaración. La chica siempre sostuvo que en el control aduanero el Gordo dijo que la valija era suya.