Guido Alejandro Antonini Wilson dijo ayer en la CNN que va a viajar a la Argentina para defenderse, aunque –según manifestó– eso dependerá de lo que le aconsejen sus abogados. La lógica indica que, si se toma el avión, será detenido al llegar al aeropuerto de Ezeiza, dado que en su momento se le rechazó la eximición de prisión. Para la Justicia argentina, Antonini Wilson es un imputado por el delito de lavado de dinero porque los fiscales María Luz Rivas Diez y Mariano Borinsky, así como el juez Daniel Petrone, tienen por probado que era el dueño de la valija en la que venían los 800 mil dólares. Por su parte, el ex titular del Occovi Claudio Uberti fue acusado de ser cómplice de Antonini, aunque por ahora goza de una falta de mérito en el expediente.

Parece poco probable que el valijero venezolano viaje a la Argentina. Es que en el expediente que se instruye en el fuero Penal Económico hay numerosas pruebas de que era el dueño de la valija.

Por lo pronto existe un acta firmada por él en el que reconoce la valija como propia. También está el testimonio de la ex agente de la PSA María Luján Telpuk, el del aduanero Jorge Lamastra y el del piloto Daniel Puciarelli. Todos coinciden en que Antonini espontáneamente dijo que la valija era de él, que mintió tres veces sobre su contenido y que, además, el resto de los pasajeros ya no esperaba su equipaje.

El juez Daniel Petrone tiene la intención de viajar a Florida a ver las pruebas del juicio oral, entre ellas las grabaciones que hizo el valijero en combinación con el FBI. También les tomaría declaraciones a algunos testigos de importancia pero no a Antonini, por ser un imputado. Si el valijero viaja a la Argentina podría repetir la versión que dio en el juicio y ayer en CNN: que la valija no es suya, que se la dio Uberti. Es que, como imputado, Antonini no tiene obligación en la Argentina de decir la verdad. Es más, hasta puede negarse a declarar. De todas maneras, por la forma condicional en la que habló ayer de su decisión de responder ante la Justicia argentina, parece poco probable que concrete el viaje, por lo que Estados Unidos tendrá que responder finalmente al pedido de captura y extradición que se envió hace más de un año.

Todo el expediente local del caso de los 800 mil dólares está ahora pendiente de un fallo de la Sala B de la Cámara en lo Penal Económico. Ese tribunal debe decidir –lo haría a mediados de mes– dos cuestiones:

- Si el ingreso de los 800 mil dólares se encuadra en el delito de contrabando agravado, que tiene penas más severas, o si es correcta la calificación que adoptó Petrone, de lavado de dinero.

- Si se confirma o revoca la falta de mérito que se le dictó al principal funcionario involucrado, Claudio Uberti.

Quienes conocen el estilo de la Cámara apuestan que va inclinarse por el delito de contrabando agravado, que tal vez confirme la falta de mérito de Uberti y es muy posible que le ordene al juez que realice una serie de medidas de prueba.

En los últimos días, el juez Petrone dictó una resolución respecto de los pedidos de colaboración de la Justicia de Venezuela, donde también se juzga a Antonini. El magistrado argentino, de hecho, condicionó cualquier colaboración a que Venezuela, a su vez, colabore con la causa que se instruye aquí. Y en ese terreno hay un punto clave, el pedido de extradición de Daniel y Diego Uzcátegui, padre e hijo, a quienes se atribuye la iniciativa de que Antonini sea invitado a subir al avión en el que vino la valija. Daniel era el vicepresidente de la petrolera venezolana, Pdvsa, y por ello tenía estrecha relación con Uberti, el encargado de concretar todos los acuerdos energéticos con el gobierno de Hugo Chávez. Los Uzcátegui niegan cualquier relación con la valija e incluso manifiestan que no fueron ellos los que sugirieron que Antonini subiera al avión de Enarsa, sino la secretaria de Uberti, Victoria Bereziuk. En definitiva, la mayoría de los sospechados en la causa insisten en que tanto la valija como el dinero eran de Antonini.