El Senado abre hoy el debate del proyecto que busca terminar con el sistema de jubilaciones privadas. El plenario de las comisiones legislativas de Previsión y Presupuesto recibirá al ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y al titular de la Anses, Amado Boudou, en la primera jornada de un trámite parlamentario que el oficialismo quiere sellar con la votación en el recinto el próximo 20 de noviembre. Tras el arrasador resultado en la Cámara de Diputados a favor de la iniciativa del Gobierno, por 162 votos a 75, los senadores kirchneristas confían en reunir el “consenso” y las manos necesarias para transformar en ley el final de las AFJP. El núcleo duro opositor –UCR, CC, PRO y el peronismo anti K–- volverá a insistir en el rechazo al proyecto, aunque ante la posibilidad de una derrota ya piensa en un recurrir a la Justicia.

Los senadores adoptarán el mismo criterio de debate que siguió la Cámara baja, con algunas diferencias. Tomada y Boudou iniciarán la ronda de consultas hoy, a partir de las 15. A los funcionarios los seguirán mañana el presidente de la Cámara que aglutina a la mayoría de las administradoras privadas, el empresario Sebastián Palla, y el representante de los abogados previsionalistas, Guillermo Jáuregui.

El miércoles será la jornada más extensa: comenzará temprano con el ombusdman porteño de la Tercera Edad, Eugenio Semino, y el oficialismo tratará de clausurar el debate con la firma del dictamen de mayoría. El kirchnerismo ya había solicitado, durante la sesión en la que se aprobó el Presupuesto 2009, la preferencia para el tratamiento del fin de las jubilaciones privadas el jueves 20. Por ahora, el bloque K no evaluó si será necesario convocar al debate a las centrales obreras (CGT y CTA) y las organizaciones de jubilados, que mostraron un claro respaldo al regreso a manos del Estado de todo el sistema previsional.

A propuesta del presidente del presidente de la comisión de Previsión, el radical jujeño Gerardo Morales, este miércoles también desfilarán ante los senadores el defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, y los economistas Aldo Ferrer y Javier González Fraga. A diferencia de lo que pasó en Diputados, Morales busca opiniones disonantes con el proyecto oficial, más allá de las que expresaron las sociedades que dirigen a las principales AFJP.

Los números de la oposición no son optimistas. Consideran que será “muy difícil” revertir en el Senado el respaldo que el proyecto reunió en la Cámara baja. Esta vez, los votos del radicalismo, la Coalición Cívica, el macrismo y el PJ disidente no alcanzan para rechazar la iniciativa. Y aún más complejo será repetir el mismo escenario que el frente opositor logró al enfrentar las retenciones móviles, donde arrastró a varios oficialistas díscolos.

Por eso, desde la UCR comienzan a revisar un plan b: recurrir a la Justicia para frenar el proyecto que el Congreso convertiría en ley. Una alternativa que barajó el sector más duro, cuando el radicalismo todavía no había definido su postura ante la iniciativa gubernamental. A esa determinación adheriría el resto de la oposición.

El kirchnerismo, en cambio, pondrá todo su esfuerzo en encolumnar al bloque detrás de la propuesta oficial. No descarta que dentro de sus filas surjan objeciones al proyecto, aunque confía en que la mayoría de sus senadores lo acompañarán en general, además de sumar algunos aliados. Lo suficiente para aprobar la ley.