“Es lógico que se debe acatar, pero se comete un error.” El secretario general de la CGT, Hugo Moyano, cuestionó el fallo de la Corte Suprema que permite ser delegados a los trabajadores que no están afiliados a sindicatos con personería gremial. El pronunciamiento de Moyano no surgió de la reunión del consejo directivo de la CGT, que el camionero encabezó ayer en la sede de Azopardo, sino en un foro organizado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. “Una central más o menos, un sindicato más o menos, no cambia la situación de los trabajadores. Lo que cambia la situación de los trabajadores es la política económica de los gobiernos. Tenemos que exigir a los gobiernos, en serio, que de una vez por todas se ponga en marcha la distribución equitativa de la riqueza”, subrayó Moyano. La frase sonó a advertencia y reflejó el tono, por momentos crudo, de la reunión del consejo directivo. En el debate se expresaron dudas sobre el rol de la Casa Rosada en el asunto y se coincidió en exigir “una solución política”. En lo inmediato, la cúpula cegetista acordó iniciar una campaña de movilización en reclamo de frenos a las suspensiones y los despidos. “Vamos a salir fuerte”, advirtió a PáginaI12 uno de los asistentes para describir lo que se viene.

La reunión del consejo directivo de la CGT despertó mucha expectativa. Tras la difusión del fallo de la Corte que había declarado la inconstitucionalidad del artículo 41 de la Ley de Asociaciones Profesionales, los hombres de la CGT decidieron tomarse dos días para analizar el tema en profundidad. Cuando llegó la hora de la convocatoria, ayer a las 15 en el salón Felipe Vallese, los gremialistas escucharon una corrección de Moyano. El camionero salió a explicar unas declaraciones suyas que habían levantado polémica. Hace dos días, había negado la existencia de despidos y suspensiones. “Esa fue la información que me pasó la mesa chica”, se disculpó Moyano. Siguió un cruce de aclaraciones a cargo del mecantil Armando Cavalieri y el metalúrgico Juan Belén.

Al final, los caciques sindicales coincidieron en que sí se están produciendo despidos. Se mencionó el caso particular de La Bancaria, que denunció la existencia de unos 1500 “despidos encubiertos”. El diagnóstico desencadenó una de las conclusiones de la reunión: el inmediato lanzamiento de una campaña en la calle para exigir políticas activas ante la crisis y para reclamar por la redistribución de la riqueza. El vocero de la CGT, Héctor Daer, incluso no descartó que el Estado vuelva a aplicar la doble indemnización. “Queremos políticas más activas, cualquiera que sean”, comunicó Daer. Los anuncios de la CGT expresaron un giro en la relación con la Casa Rosada. “Hay bastante calentura con el Gobierno”, resumió ante PáginaI12 uno de los asistentes al cónclave cegetista.

Al momento de analizar el fallo de la Corte, la voz autorizada fue el diputado y abogado de la CGT, Héctor Recalde. Antes de abrir el debate, Recalde hizo un informe sobre las consecuencias jurídicas. “Esto es una Caja de Pandora”, sintetizó. Según Recalde, el fallo del máximo tribunal hace imprescindible una reglamentación que determine quiénes pueden convocar a elecciones de delegados, quiénes pueden votar, qué derechos y obligaciones tendrán los delegados que no estén afiliados a sindicatos con personería gremial. “Esto es como el fallo Badaro, en el que la Corte le pasó la pelota al poder político, tanto Ejecutivo como Legislativo, para que establezcan una movilidad”, comparó otro de los abogados de la CGT.

En su informe, Recalde destacó que los ministros de la Corte habían citado jurisprudencia de la dictadura de Onganía. “Es lamentable”, cuestionó. Con todo, el abogado subrayó los puntos que consideró positivos para la CGT: el texto no mencionaba la palabra “unicato”, ni advertía sobre “la falta de libertad sindical”. “Sólo declaró inconstitucional un artículo que indica que un delegado debe estar afiliado a un sindicato con personería gremial”, destacó luego en conferencia de prensa.

Los gremialistas escucharon el informe de Recalde y luego pasaron al debate. Entonces se escucharon críticas y dudas sobre el papel que habría jugado el Gobierno en el caso. “Qué raro que nadie del Gobierno sabía nada”, comentó Carlos Sueyro, del gremio de Aduanas. Otro dato que se destacó con suspicacia fue el hecho de que a pesar de que el fallo fue unánime no haya trascendido a la prensa ni se haya filtrado. “El expediente tenía tres años en la Corte y lo desempolvan de golpe. Es muy raro el hermetismo con el que se manejaron”, fue otro de los comentarios. En el aire se respiraba cierta desconfianza para con la Casa Rosada. De allí al anuncio de una campaña en la calle hubo solo un paso.