El gobierno porteño está empecinado en realizar una serie de obras que no sólo despiertan una fuerte resistencia de los vecinos, sino que son claramente ilegales. Los ministerios de Desarrollo Urbano y de Ambiente y Espacio Público parecen ignorar que hay leyes que prohíben que el Ejecutivo peatonalice calles o levante adoquines, cambie las farolas y altere las calzadas en el Casco Histórico. La oposición de los vecinos sorprendió completamente a los funcionarios, que ven surgir asambleas en los barrios más tranquilos y ya tienen una colección de cuatro amparos judiciales para frenar las obras. Este carnaval de ilícitos con el espacio público protegido se completa con la demolición por la misma ciudad de un edificio catalogado al máximo grado posible (ver página 2).

Una vez electo, Mauricio Macri enfrentó con cierta comodidad una larga transición de casi seis meses. De todas las crisis y problemas que se esperaban al comenzar su gestión, terminó resultando que el tema por el que el macrismo se está enfrentando directamente con los vecinos es, inesperadamente, el del patrimonio edificado. Esta es una crisis literalmente inventada por el gobierno en sus once meses de mandato y su primera expresión fue el plan Prioridad Peatón, del ministro de Desarrollo Urbano Daniel Chain.

Prioridad Peatón es una iniciativa copiada de capitales europeas con una buena intención, la de limitar el tránsito buscando “darle la razón” al que camina sobre el que maneja. Pero donde en otras geografías se hicieron estudios, en Buenos Aires se decretó un enorme polígono –de Plaza San Martín a Parque Lezama, del Bajo a la Nueve de Julio– con posibilidades de llevarlo a cualquier otro punto de la ciudad. La obra-símbolo del plan era la peatonalización de la calle Defensa desde Plaza de Mayo hasta Brasil, de modo de crear un “living urbano”.

El primer tropezón fue enterarse a mediados de año, con la preadjudicación de las obras ya realizada, de que el gobierno porteño no puede peatonalizar calles por decisión propia: hace falta una ley votada por la Legislatura. Mientras se cuentan votos para ver si eso es posible, el Ejecutivo decidió cambiar la carátula del plan y las obras pasaron a ser de “semipeatonalización”, ya que se permitiría la circulación de automóviles, con límites. Los vecinos de San Telmo se opusieron tan abiertamente al plan que Chain tuvo que convocar el 30 de octubre a una audiencia pública en el centro comunal de Defensa. Ahí se encontró con que setenta vecinos se habían anotado para hablar y que los setenta le pidieron que se olvidara del asunto.

La cosa se complicó porque, al mismo tiempo, se estaban levantando adoquinados por toda la ciudad y los vecinos de San Telmo vieron estas obras llegando a sus calles. Los vecinos de San Telmo Preserva obtuvieron una medida cautelar de la Justicia porteña que paraliza la obra de la calle Defensa. Y el 5 de noviembre obtuvieron otra, junto a la diputada porteña Teresa de Anchorena –que preside la Comisión de Patrimonio en la Legislatura– que manda al freezer toda obra pública que implique levantar siquiera un adoquín en el Casco Histórico, el APH de San Telmo y sus “zonas de influencia”.

Como si tuvieran que aprovechar la capacidad ociosa, el gobierno mandó entonces a levantar los adoquines de la calle Ituzaingó, en Barracas. Pero los vecinos de Proteger Barracas también fueron a la Justicia, que en cuestión de horas –tal vez se trate de un record– bajó una medida cautelar que las prohíbe.

Por los barrios

Estas medidas cautelares fueron claras porque existe una ley específica, la 65, que simplemente prohíbe levantar los adoquinados en las Areas de Protección Histórica y en el Casco Histórico. Barracas tiene un APH en trámite, con lo que se le extiende el principio de aplicar la ley para que la Legislatura pueda decidir sin que la piqueta decida por ella. Este principio, paradójicamente, fue sancionado el año pasado por la Cámara porteña para frenar a desarrolladores privados, y ahora es un freno para el mismo gobierno porteño. “Lo que pasa es que el gobierno de la ciudad es el nuevo enemigo del patrimonio –explica Facundo de Almeida, jefe de asesores de la diputada Anchorena–. Están quebrando las propias leyes de protección y manejo que tienen que aplicarles a los privados. Los vecinos terminan siendo lo único que puede frenar este avance contra la ley.”

Este avance se detecta en otros barrios también. En Caballito, Floresta, Villa del Parque y Belgrano los vecinos están sacando fotos y alertando a sus ONG sobre pavimentaciones que nadie quiere. “Son obras innecesarias, que tienen oposición explícita de los vecinos y a las que nadie les encuentra la menor utilidad”, dice la diputada Anchorena, que explica que el consenso en Buenos Aires parece ser que las relativamente pocas calles adoquinadas que quedan cumplen una función de contención en los barrios.

Como definió a PáginaI12 una vecina de Villa del Parque, que vive sobre el empedrado de Terrada y todavía recuerda cuando la calle era de tierra: “Con los adoquines los autos van despacio, mejor que con un semáforo o un lomo de burro. Hay menos accidentes que acá a la vuelta, donde hay asfalto. Y se inunda menos. A mí me tiene preocupada que se les ocurra sacarlos”.

Otros que se preocupan viven muy cerca, en la zona de Floresta que llaman el Barrio Segurola. Con muchos pasajes, el Segurola es básicamente una urbanización de los años treinta de manzanas pequeñas, muy arbolada y tranquila. En la última semana de octubre, los vecinos recibieron unos volantes que anunciaban que habían sido incluidos en el Prioridad Peatón y que sus pasaje iban a ser “semipeatonalizados” con calzadas niveladas con las veredas, bolardos, farolitos nuevos y hasta bancos. El 2 de noviembre, los vecinos convocaron a una reunión en la plaza El Banderín para discutir qué hacer. Se presentaron trescientos y decidieron enviarle un ultimátum al ministro Chain para que se presentara y diera explicaciones.

Mientras esperaban respuesta, los vecinos del Segurola fueron a la Legislatura a pedir ayuda en preservar su barrio, y se enteraron de que la obra también era ilegal: los pasajes tienen un articulado en el Código Urbano que prohíbe justamente nivelar veredas y calzadas. Lo que terminaron deduciendo es que como no se iban a poder hacer las obras en Defensa, se las estaban mandando para Floresta. El 12 de noviembre, un grupo de funcionarios se presentó en la escuela Rosales, de la calle Mercedes, en nombre de Chain y presentó un power point vendiendo los beneficios de la obra. Los vecinos escucharon educadamente y cuando les tocó hablar se opusieron tan rotundamente al plan, que la funcionaria a cargo del encuentro terminó exigiendo que levantaran la mano, “a ver si era unánime”. Cuando todas las manos se alzaron, la funcionaria Fátima Micheo no supo qué decir.

Espacio Público

En San Telmo empezaban a calmarse con los amparos, pensando que iban a poder frenar lo que llaman la “palermización” del barrio, cuando entró en acción el ministerio que tiene alzada sobre las calles. Súbitamente, Ambiente y Espacio Público pareció recordar el barrio y comenzó a realizar obras abiertamente ilegales.

El ministro del área fue una elección curiosa del macrismo. Juan Pablo Piccardo es ingeniero industrial y su carrera se destaca por haber sido gerente de área en la consultora Arthur Andersen y CEO de la cervecera Isenbeck. Un perfecto recién llegado al ambiente y al espacio público, Piccardo permitió que sus subordinados comenzaran a colocar en la segunda semana de noviembre unas flamantes columnas de iluminación en las calles de San Telmo. Como esas calles son colonialmente estrechas, las columnas terminan recostadas contra los muros de las casas. Y como San Telmo todavía tiene una notable cantidad de casas de una planta, los vecinos terminan con sus terrazas arrasadas por luces de gas de alta potencia. Más allá de la estética, la legislación prohíbe colocar luminarias en el Casco Histórico y el APH que rompan la estética patrimonial del lugar. Por eso abundan las farolas de hierro de fundición amuradas a las casas, y por eso se retiraron tantas columnas de alumbrado público de las calles.

En Estados Unidos al 700 tuvo otra idea también innecesaria e ilegal. Esa cuadra de la vieja calle, trazada originalmente más por los caballos que por los ingenieros del virreinato, es ligeramente más ancha que las demás. Esto parece molestar el sentido de simetría del ministro Piccardo, y ya está en marcha el ensanche de la vereda del lado sur para que la calzada quede igual de estrecha que el resto. Pero los anchos también están protegidos por la legislación del Casco Histórico, que el gobierno debería hacer cumplir.

“Nunca vi a los vecinos tan enojados –señaló a PáginaI12 Patricia Barral, vecina y activista de San Telmo Preserva–. En Desarrollo Urbano habían prometido no hacer más de estas obras inconsultas y resulta que Espacio Público las hace. ¿No se hablan entre ministerios? Esta semana vamos a presentar otro pedido de amparo para que frenen esto y vamos a pedir una extensión de la protección de los adoquinados a toda la ciudad.” “Esto no puede seguir así.”