La más alevosa de las obras ilegales del gobierno porteño es la demolición a medias del cine El Plata para construir un CGP. El cine fue comprado en 2005 por el mismo Gobierno para hacer un centro cultural por pedido de los vecinos. La obra nunca se hizo pero el edificio fue catalogado como patrimonio edificado en el grado más alto, que impide alterarlo. Pero la Corporación Buenos Aires Sur ya destruyó su techo e hizo desaparecer su escenario, pese a una orden judicial, denuncias en la comisaría de los vecinos, pedidos de informes de la Legislatura y un duro fallo de la Defensoría del Pueblo porteño. La única reacción del oficialismo fue movilizar al bloque oficialista para cambiar la catalogación, bajar el nivel de protección y tratar de hacer que la obra se legalice retroactivamente.

El cine El Plata seguía, cachuzón pero intacto, en la avenida Alberdi al 5700, en pleno Mataderos. Fue construido en 1945 por Jesús María Fernández en el gran estilo racionalista de los cines del Centro y doblaba, al estilo de la época, como sala de música y de grandes bailes. En 1987, El Plata no resistió la competencia de los videos y Mataderos se quedó sin cine. El edificio fue vendido a una cadena de electrodomésticos que prometió –y cumplió– no demolerlo.

Después de la crisis, el depósito pasó a ser demasiado grande, con lo que volvió a estar en venta. Los vecinos se vieron venir un bingo o una iglesia, con lo que se movilizaron y en 2004 juntaron miles de firmas para pedirle a la ciudad que lo comprara para un centro cultural, lugar perfectamente ausente en su barrio. El primero en oírlos fue Norberto La Porta y pronto el gobierno de Aníbal Ibarra se sumó a la idea. El 4 de noviembre de 2004 la Legislatura aprobó la compra. La escritura declaraba que “el inmueble adquirido será destinado a la edificación de un centro cultural” y e indicaba que quedaba en manos de la Corporación Sur.

Por razones de Cromañón, Ibarra sale de esta historia, que queda en la nada durante la gestión de Jorge Telerman. El siguiente paso ocurre este año, cuando el misionero Humberto Schiavoni, presidente de la Corporación, llama a licitación para las obras de un CGP en el cine. Schiavoni es justicialista, viejo teniente de Ramón Puerta en su pago, su ex jefe de Gabinete en la efímera presidencia del misionero y director del Ente Binacional Yacyretá durante la menos efímera de Eduardo Duhalde.

Pero el 3 de abril de 2008, la Legislatura porteña aprobó la catalogación con grado estructural del cine, lo que impide, en teoría, hasta cambiarle el color del frente sin permiso, ni hablar de demoler su interior para un CGP. Súbitamente en la ilegalidad, Schiavoni no paralizó o discutió las obras. Lo que hizo fue movilizar al PRO para que le cambiaran la ley. A fines de abril, el diputado Cristian Ritondo presentó un proyecto para bajarle el grado de protección al cine, de modo que se tuviera que conservar sólo la fachada y, a lo sumo, el gran hall de entrada. A quien le preguntara, como le preguntó el suplemento de Arquitectura de PáginaI12, Schiavoni le dijo que él no sabía quién había demolido a medias al cine, pero que “empleados viejos de la repartición creen que fue la gestión anterior”. A medida que surgieron más detalles, el funcionario se hizo inaccesible.

Otro paso que tomó Schiavoni este invierno fue intentar que le autorizaran la obra. La Corporación hizo una presentación con power point y todo, ante la Dirección General de Areas de Protección Histórica, que le recomendó calurosamente que no hicieran la obra y se dirigieran al CAAP, el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales, que autoriza o no intervenciones en edificios catalogados. Allá fue la Corporación con su power point, pero el CAAP fue tajante: la obra es ilegal y tienen que esperar que Ritondo haga votar su proyecto o abandonarla. Mientras, tienen que paralizarla.

Los vecinos, a todo esto, estaban movilizados y dedicados a vigilar el lugar y denunciar las obras. Para agosto, entregaron fotos y denuncias a la presidenta de la Comisión de Patrimonio de la Legislatura, Teresa de Anchorena. También presentaban su caso ante la Defensoría del Pueblo de la ciudad, que en la última semana de octubre reclamó al Ejecutivo y a la Corporación que frenara la obra. Una copia del escrito fue también a la jueza porteña Gabriela Seijas, que atiende el pedido de amparo presentado el 23 de septiembre conjuntamente por Ibarra y Anchorena.

Nada de esto –vecinos, Justicia, órganos técnicos del Ejecutivo, Defensoría– impresionó en lo más mínimo a Schiavoni, que siguió la obra como si nada. En la última semana de octubre, los vecinos de Mataderos hicieron la denuncia en la comisaría local, la 42, que abrió el sumario 4696, se hizo presente en el cine, comprobó que había una obra en curso y hasta identificó a algunos de los albañiles. Y en la primera semana de noviembre, los vecinos mostraron un video en el que claramente se ve entrar gente de casco al cine, albañiles muy ocupados en una obra.