Aunque Julio Nazareno diga que con el archivo del juicio a la Corte Suprema “el país se sacó un peso de encima”, el Colegio Público de Abogados de Capital Federal y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) piensan todo lo contrario. Y eso es lo que hoy denunciarán ante la OEA en una audiencia especial que se realizará en Washington. Acusarán al alto tribunal de “privación sistemática de justicia” por la “falta de independencia e imparcialidad” de algunos de sus miembros y pedirán la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Lo que sostenemos es que más allá de que se haya rechazado la acusación contra los ministros de la Corte en Diputados, el problema de credibilidad del tribunal sigue existiendo y sus decisiones judiciales aparecen sujetas a negociaciones políticas. Esto atenta contra el derecho de acceder a un juez independiente e imparcial”, dijo Víctor Abramovich, director del CELS a Página/12. El titular de la entidad que nuclea a los abogados porteños, Hugo Germano, añadió: “Esperamos que la CIDH conmine al Estado argentino a que haga cesar este estado de denegación de justicia”.
La audiencia de hoy será en el edificio de la OEA y la presentación estará a cargo de Abramovich y Juan Carlos de la Vega, del Colegio de Abogados de Córdoba, que adhiere al planteo. El cuestionamiento a la Corte Suprema será el tema central de un paquete referido a la situación general de derechos humanos en la Argentina y de la administración de justicia en particular. En el marco de esas audiencias también participará Luis Moreno Ocampo en representación de Poder Ciudadano con un informe sobre el Consejo de la Magistratura.
El repertorio que llevarán estas tres organizaciones de peso en el ámbito judicial responsabiliza a la Corte por la crisis institucional del país. Esto pone en entredicho algunas de las afirmaciones que hicieron Nazareno, presidente de la Corte, y su segundo, Eduardo Moliné O’Connor, el miércoles último en una insólita conferencia de prensa: allí dijeron que creen estar fortalecidos, que no tienen ningún cargo de conciencia y cuestionaron a los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Estos son algunos de los puntos centrales de la denuncia:
- Parte de los argumentos se remontan a comienzos de los ‘90, cuando la Corte adquirió su composición actual, con las directivas de Carlos Menem. “La designación de magistrados de ostensible carácter partidista y sin los antecedentes, la trayectoria pública y el prestigio necesarios para ocupar el cargo constituyó una fuente de deslegitimación de la Corte Suprema. La ‘mayoría automática’ del ex presidente Menem afectó sensiblemente la independencia del Poder Judicial, pues otorgó el aval jurídico necesario para todas sus transformaciones políticas y económicas promovidas por el gobierno de Menem”, dice el texto.
- El documento cita fallos que retratarían la “falta de independencia”, como el que convalidó la privatización de Aerolíneas Argentinas y el que liberó a Carlos Menem y Emir Yoma en la causa sobre la venta ilegal de armas. También cuestiona, en ese sentido, con nombre y apellido a los ministros Nazareno, Moliné O’Connor, Adolfo Vázquez, Guillermo López y Antonio Boggiano.
- Un ítem clave explica el tenor de las “negociaciones para evitar el juicio político”. “Hacia el final del gobierno de (Fernando) de la Rúa, la Corte dispuso la constitucionalidad del corralito bancario. A través de una sentencia absolutamente contraria, la misma Corte cambió su posición y declaró inconstitucional aquella medida”, señalan el CELS y las entidades de abogados. Para entonces estaba en marcha el juicio político, recuerdan los denunciantes, y el presidente Eduardo Duhalde interpretó que el fallo anticorralito se debió a que “el Gobierno no cedió al chantaje” –en sus palabras– de los supremos para que no los enjuiciaran. “Ante el riesgo de la Corte dictase nuevos fallos que afecten su plan económico, el presidente Duhalde inició una etapa de acercamiento a los jueces del máximo tribunal con el objeto de alcanzar algún acuerdo institucional”.Así, recuerdan, se llegó a la paralización del trámite del dictamen acusatorio para luego lograr su archivo.
- El texto dice que otra situación que genera privación de justicia es que la Corte no se haya pronunciado aún sobre un conjunto de normas dictadas por el Poder Ejecutivo para evitar el drenaje de fondos del corralito bancario –como el decreto que suspendió la ejecución de medidas cautelares– y que fueron impugnadas por diversos tribunales. “La Corte tiene la obligación indelegable de poner en ejercicio sus poderes institucionales para remover obstáculos legales que vulneran el derecho a la justicia de los miembros de la sociedad” y garantizar “la supremacía de la Constitución”, subraya la denuncia.
El informe de Germano y Abramovich concluye que “por los conflictos institucionales entre los poderes republicanos que derivaron en un temor objetivo y razonable de falta de independencia e imparcialidad de los jueces de la Corte Suprema, y por la inacción de ésta frente a los actos de los otros poderes del Estado que violentaban los derechos de las personas, ha vulnerado sistemáticamente el derecho a la justicia de los miembros de la sociedad”.
Los juristas pedirán a la CIDH que tome “las medidas que crea necesarias” y que haga una visita –la última vez que vinieron fue en 1979– para poder evaluar de manera directa una situación que, evalúan, “da cuenta del profundo deterioro de las instituciones democráticas en la Argentina”.