Supuestos problemas de salud del juez mendocino Roberto Burad, sumados a su negativa de excusarse para facilitar su reemplazo, derivaron en una nueva suspensión del primer juicio oral y público por delitos de lesa humanidad de Cuyo y ponen en peligro la continuidad del proceso. El magistrado presentó el martes un certificado médico que le ordena realizarse estudios de rutina y guardar diez días de reposo. Se trata del máximo tiempo posible que un juicio oral puede interrumpirse sin perder validez. Los otros dos miembros del Tribunal Oral Federal de San Luis pusieron en duda su imposibilidad real de asistir a las audiencias y le solicitaron que decida si quiere excusarse y disfrutar de la feria de enero o bien prefiere que lo revisen peritos médicos de la Corte Suprema de Justicia. Si el magistrado no da una respuesta hoy, sus colegas se verán obligados a suspender las declaraciones testimoniales previstas para el lunes.

Desde la reapertura de las causas por delitos de lesa humanidad, jueces de todo el país fueron noticia por su lentitud para ordenar detenciones, para indagar a los detenidos y pronunciarse sobre la situación de los indagados. También fueron cuestionados por permitir el alojamiento de represores en prisiones VIP, por usar de guardiacárceles y che pibe a oficiales de las Fuerzas Armadas, por su incapacidad para evitar fugas y suicidios, por restringir la publicidad de las audiencias, y, por excarcelar a pesos pesados de la represión ilegal. Pero nunca, hasta estos días, un juez había trascendido por generar la suspensión de un juicio en pleno desarrollo.

El juicio por secuestros, tormentos y un homicidio en San Luis durante la última dictadura, con dos militares y tres ex policías como acusados, estuvo suspendido durante nueve días en noviembre gracias a un planteo de recusación formulado por Hernán Vidal, defensor del capitán retirado Carlos Esteban Plá y del ex comisario David Becerra. El abogado pidió el apartamiento de Burad por prejuzgamiento y parcialidad manifiesta luego de que el juez perdiera la paciencia ante uno de los tantos policías amnésicos que dicen no recordar lo que vieron hace tres décadas y declararon hace dos. La Cámara de Casación Penal se negó a tratar el planteó y encomendó la tarea al propio tribunal, que lo rechazó en dos oportunidades.

Cuando sólo le quedaba la posibilidad de recurrir en queja ante Casación, Vidal anunció que desistía de la recusación. Pese a que la maniobra había derivado en la suspensión del juicio durante nueve días, uno menos de los necesarios para hacer trizas el proceso, Burad pidió entonces la palabra para ponderar la labor del abogado, que defiende a otra docena de represores. La semana pasada, para recuperar el tiempo perdido, el tribunal decidió trabajar durante la feria judicial de enero. Las audiencias debían suspenderse el 23 de diciembre, por las festividades de la feligresía católica, y reanudarse el 7 de enero.

El martes, Burad presentó ante sus pares un certificado médico según el cual debe guardar diez días de reposo, hacerse un análisis de colesterol y un electrocardiograma. La reacción de los otros miembros del tribunal, Raúl Rodríguez y Roberto Naciff, fue inmediata. Los magistrados le recordaron a Burad que las audiencias no pueden suspenderse por más de diez días, destacaron que de las constancias presentadas “no surge que la enfermedad del señor magistrado le imposibilite su asistencia” y le pidieron que “de modo expreso manifieste si es su voluntad excusarse de seguir entendiendo en la causa, lo que permitiría en tiempo inmediato la integración del tribunal con el juez sustituto y continuar con el normal desarrollo de la causa”. “Caso contrario y a los fines de precisar el tiempo que insumiría el tratamiento de su afección –agregaron–, deberá solicitarse la intervención del perito médico del cuerpo forense de la Corte Suprema de Justicia” para que evalúe los padecimientos y el tiempo de recuperación.