La Cámara Nacional de Casación Penal concedió excarcelaciones y ordenó la liberación de cuatro ex miembros del Departamento de Informaciones (D2) de la policía de Córdoba. Los policías quedaron formalmente en libertad en la causa “Vergez”, que investiga los secuestros, torturas y homicidios de 21 militantes políticos en la primera quincena de enero de 1976, pero seguirán con prisión preventiva por orden de la jueza federal Cristina Garzón de Lascano por la ejecución de presos que retiraban de la cárcel de San Martín en los meses posteriores al golpe de Estado, en la causa denominada Alsina o “Unidad Penal 1”.

Los beneficiados por Casación son “el Tucán” Carlos Alfredo Yanicelli, “el Turco” Yamil Jabour, Luis Alberto “Cara con Riendas” Lucero y Carlos Hugo Villaruel, recordados por sobrevivientes como miembros del grupo duro de torturadores del D2, antes y después del golpe de Estado. Fueron detenidos en marzo de 2007 y por decisión de Garzón de Lascano pasan sus días en la Guardia de Infantería de la misma fuerza en la que militaban cuando cometieron los delitos, un lugar de detención de privilegio similar al que alojó al prefecto Héctor Febres hasta su muerte con cianuro y al teniente coronel Julián Corres hasta su fuga.

Las agrupaciones locales de H.I.J.O.S., Familiares, Abuelas de Plaza de Mayo y la Asociación de Ex Presos Políticos consideraron, luego de conocer la noticia, que los criterios garantistas son “absolutamente válidos aplicados en general”, aunque destacaron la imposibilidad de que los represores en cuestión superen el test fijado por la propia jurisprudencia de Casación. Por el tipo de delitos que se les imputan y las altas penas en juego, es altamente probable que intenten evadir a la Justicia, señalaron. Las pruebas que lo certifican tienen nombre y apellido. Herminio “Boxer” Antón, compañero de tareas de Yanicelli & Cía, lleva ya dos años en la lista de prófugos. El coronel César Emilio Anadón, ex jefe del Destacamento de Inteligencia 141 que regentaba La Perla, se suicidó mientras gozaba de arresto domiciliario.

En tanto, no se acelere el paso de tortuga de los procesos judiciales para llegar a juicios en el corto plazo y la Cámara de Casación continúe excarcelando indiscriminadamente a imputados por delitos de lesa humanidad, tarde o temprano la mayor parte de los 500 represores procesados con prisión preventiva en el último lustro recuperarán su libertad. Córdoba tuvo durante 2008 el juicio oral y público más impactante del país, que culminó con la condena al general Luciano Menéndez y siete de sus subordinados. La próxima cita, prevista para mediados de 2009 pero aún no confirmada, sería para juzgar a los imputados en la causa UP1 y tendría en el banquillo al dictador Jorge Rafael Videla, al condenado Menéndez, a sus muchachos del Destacamento 141 y a la patota del D2. Siempre que Casación no los libere y decidan guardarse.