Un juez, el camarista Luis María Bunge Campos, fue elegido para presidir el Consejo de la Magistratura durante el próximo año y tendrá como vicepresidente al senador radical Ernesto Sanz. La dupla fue nombrada con el apoyo de todo el kirchnerismo del organismo que, frente a un año electoral, prefirió ceder territorio a un hombre del Poder Judicial con el que tiene buen diálogo y a otro opositor, antes que despertar suspicacias. Bunge Campos es medio hermano del canciller Jorge Taiana, tiene pasado radical, militó junto a Simón Lázara y cultiva un vínculo fluido con el oficialismo. En diálogo con Página/12 anunció que su meta es aumentar la “capacitación” para los jueces y empleados. Aspira a poner plazos para iniciar (o desechar) juicios políticos y le parece complicado acortar la duración de los concursos para la toga.

–Usted le debe varios votos al kirchnerismo, que no fue proclive a congeniar con los jueces como corporación –le señaló este diario.

–Cinco votos, pero eso no quiere decir nada. Somos un órgano colegiado de la Constitución. No hay favores políticos debidos a nadie. Pienso mantener la misma relación franca –dijo Bunge.

La elección de presidente desató en las últimas semanas una fuerte pulseada dentro de las propias filas kirchneristas del Consejo. El diputado Carlos Kunkel postulaba al abogado Santiago Montaña, pero no conseguía suficientes votos. Diana Conti, en otra vereda, deslizaba su propia candidatura o, eventualmente, la de un juez. Desde la Casa Rosada, a su vez, llegaban instrucciones de repetir el esquema de las dos últimas presidencias posreforma de 2006: ceder el sillón principal a algún representante de los estamentos no políticos del cuerpo. El titular saliente es el académico Mariano Candiotti, su antecesor fue el abogado Pablo Mosca. Tienen un rasgo en común con Bunge Campos: un pasado radical. En la crucial secretaría general queda Hernán Ordiales, hombre de Kunkel.

A Bunge Campos, de 51 años, ayer finalmente lo votaron los cuatro legisladores K del Consejo (Conti, Kunkel, Marcelo Fuentes y Nicolás Fernández), la delegada del Poder Ejecutivo Marcela Losardo, los dos legisladores radicales (Sanz y Oscar Aguad), Candiotti, Montaña y él mismo. Al otro juez candidato, Miguel Gálvez, lo apoyaron su colega Luis Cabral y Mosca. Gálvez y Cabral pertenecen al oficialismo de la Asociación de Magistrados, que se lleva a las patadas con el Gobierno, al que ha denunciado. Bunge Campos está enrolado en la oposición (lista celeste), en una corriente más progresista. Fue fiscal, es profesor de derecho penal de la UBA y desde 2004 es –por concurso– camarista criminal porteño.

–¿En qué se va a diferenciar su gestión de las previas?

–Estamos teniendo gestiones muy cortas, de un año y sin reelección, lo que no da para diferenciarse mucho. Tampoco quiero plantearlo en términos de diferenciarme, somos un órgano colegiado y el presidente es una circunstancia. Sí voy a poner énfasis en el rol de la escuela judicial para provocar cambios culturales. Aumentar la capacitación y que no sea un elemento para lograr una cartulina que dé puntaje sino un fin en sí. Que jueces nacionales y provinciales, secretarios, abogados, compartan un ámbito de estudio es una modificación cultural.

–¿Los jueces no están bien capacitados?

–No diría eso, pero hay planteos de necesidad de capacitación, sobre todo lugares que están lejos de los centros universitarios.

–El Consejo tiene otros problemas serios de arrastre, como la lentitud y falta de transparencia en los concursos para juez. ¿Habrá cambios?

–La clave de la transparencia está dada por la previsibilidad de la evaluación de antecedentes y la independencia del jurado. Yo creo (contra un proyecto de la diputada Conti) que los concursos tienen que seguir siendo anónimos. Los buenos siempre quedan bien posicionados. En cuanto a los tiempos, un concurso de tribunal oral con noventa postulantes nunca va a ser rápido. Otro con tres aspirantes, sí. Igual hay que modificar cosas. Los exámenes deberían ser sobre casos reales, no imaginarios.

–Los juicios políticos no avanzan demasiado...

–Tenemos un problema de reglamento. Hay un plazo de seis meses para que el consejero que instruye una investigación presente un dictamen, pero ni la comisión de Acusación ni el plenario tienen plazo para tratarlo. Así se van postergando sine die. No es bueno ni para el juez ni para la sociedad.

–¿Está bien que al cuerpo que opina sobre los jueces lo presida un juez, no le resta ecuanimidad?

–El Consejo no es un ámbito de representaciones corporativas, en la mesa somos todos consejeros. Es más, nosotros los jueces sabemos mejor que nadie cómo juzgar a un juez, porque hacemos ese trabajo todos los días.