Con una pequeña lavada de cara, Mauricio Macri volvió a la carga y retomó su idea de rescindir los contratos laborales en la administración pública porteña de aquellos que estén en edad de jubilarse. El jefe de Gobierno porteño lanzó por decreto un subsidio de alrededor de 300 pesos –por única vez– para los trabajadores contratados que estén en condiciones de jubilarse y no tengan los aportes necesarios para acceder a ese beneficio. “Ahora de una manera más light, Macri vuelve a tirar a los viejos por la ventana”, aseguró el jefe del bloque de legisladores de Diálogo por Buenos Aires, Eduardo Epszteyn. El legislador Martín Hourest también cuestionó la política de recursos humanos llevada adelante por el PRO y agregó que “el criterio de previsión social tutelado en la Constitución nacional es un derecho y no una obligación”. El nuevo decreto de Macri será incorporado hoy a la presentación colectiva que hicieron unos cuarenta empleados municipales ante la Justicia porteña.

Macri trató de jubilar a los contratados en octubre pasado. Abortó el intento por el rechazo social que produjo, pero ahora insiste con dejar sin trabajo a las mujeres mayores de 60 años y los hombres que superen los 65. Son alrededor de mil empleados –la mitad, según cálculos macristas– que están bajo el régimen de Empleo Público, creado a partir de 2005. Como la gran mayoría de esos trabajadores no tienen los 10 años de aportes necesarios para jubilarse, Macri les ofrece –a través de un decreto– un subsidio equivalente a la primera cuota del plan de regularización que concede la Anses para la jubilación.

Según cálculos de legisladores de la oposición, ese monto sería de 300 pesos, con algunas variaciones de acuerdo con los aportes previsionales. El resto de los meses se le descontará esa cifra al trabajador de lo que perciba como haber. Suponiendo entonces que reciba 800 pesos, al segundo mes estaría cobrando 500, hasta alcanzar el mínimo de aportes. “Echa a los empleados pagándoles 300 pesos cuando debería pasarlos a planta permanente y después invitarlos a que se jubilen”, cuestionó la diputada porteña K Gabriela Cerruti.

En el decreto, Macri también les ofrece los servicios de “asistencia y asesoramiento previsional” que brinda la dirección de Recursos Humanos porteña, para “facilitar a los agentes la iniciación del trámite previsional”. Si bien en la parte resolutiva no figura explícitamente la baja del contrato, en los considerandos el texto señala que “en consonancia con la política tendiente a impulsar la realización de los trámites jubilatorios que permita una renovación de la dotación, resulta conveniente establecer un plan para resolver la situación” de los contratados en edad de jubilarse.

Epszteyn remarcó que este decreto encubre el retiro obligatorio de los municipales cuando falta menos de un mes para fin de año. Hourest explicó que para entender la iniciativa del jefe de Gobierno hay que contemplar toda la política de recursos humanos que está llevando la actual gestión: “Todavía no sabemos nada del censo que se realizó a principios de año. No se sabe cuántos empleados hay, no hay un reconocimiento de los cargos críticos, ni de las áreas que están sobrecargadas, pero sin embargo se aplica una política de reducción de recursos humanos basada en la edad de los trabajadores. Eso no resuelve esos problemas, no optimiza el funcionamiento del Estado, ni mejora el uso de los recursos humanos”, afirmó el legislador del bloque Igualdad Social.

Cuando se generó el primer conflicto, incluso el macrista Diego Santilli había deslizado la posibilidad de aplicar con los municipales el mismo sistema que tenían los empleados de la Legislatura: la creación de un fondo común con el que pagar el faltante de aportes de los trabajadores en condición de jubilarse. La idea, se ve, no prosperó.