Después de los violentos incidentes de la semana pasada, que dejaron un muerto y numerosos heridos, la seccional Rosario del gremio Atilra fue intervenida por la conducción nacional. Además, la dirigencia dispuso la caducidad de los mandatos de los dirigentes locales, a quienes responsabilizó por el enfrentamiento. El abogado de los rosarinos retrucó: “Ellos vinieron a tomar el sindicato la semana pasada y ahora se nombran a sí mismos interventores”.

La conducción de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera (Atilra) fundamentó la intervención en que “los hechos del 3 de diciembre” son considerados “graves y sin antecedentes en la historia institucional del gremio”. El abogado de Atilra nacional, Juan Carlos Ponce, aseguró que el consejo directivo “está estatutariamente habilitado para llevar a cabo la intervención”, y agregó que la medida respondía a un “pedido expreso de trabajadores de seccionales y delegaciones de todo el país”.

El titular de la seccional local, Víctor Vega, afirmó que era “ilógico pretender una intervención a manos de quienes estuvieron directamente involucrados en los hechos que usan como excusa”. También se refirió a Raúl Cazón –detenido como sospechoso de haber realizado los disparos que mataron a Hernán del Valle Cornejo–: “No lo conocemos y no sabemos cómo vino”. El abogado de Atilra Rosario, Jorge Elizondo, destacó que van a “dar la batalla legal. Rosario siempre acató las decisiones superiores, sólo resistimos esta última medida que nos parece arbitraria y carente de fundamentos”.

La intervención obtuvo argumentos por el hallazgo de armas de fuego en la sede local y porque los heridos de bala estuvieron entre los manifestantes vinculados con la conducción. Mientras que Atilra nacional está enrolada en la CGT, los rosarinos están vinculados con una multisectorial alineada con la CTA.