El ex comisario de la Policía Federal Jorge “Fino” Palacios negó ayer ser responsable del entorpecimiento en la investigación de la llamada “pista siria” del atentado a la AMIA, y apuntó los dardos hacia su ex camarada Carlos Castañeda, quien llevó adelante la primera tanda de pesquisas y cumple condena en Marcos Paz por destruir casetes de escuchas ilegales. Ex jefe de la Dirección de la Unidad de Investigaciones Antiterroristas (DUIA), que comandó la investigación policial en la causa AMIA, Palacios fue citado por el juez federal Ariel Lijo a pedido del fiscal Alberto Nisman por su presunta “colaboración necesaria en el ocultamiento de la información que podría incriminar a Alberto Jacinto Kanoore Edul y a su entorno”.

Palacios prefirió no declarar y efectuar su descargo por escrito, por lo que sólo estuvo algunos minutos en un despacho vecino al del magistrado, asistido por su abogado Carlos Espinoza. En un texto de doce fojas, a las que se remitió cuando fue interrogado, expresó ser ajeno a las imputaciones por presunta pérdida de elementos de prueba y obstaculización de la pesquisa y apuntó a su ex colega Castañeda, quien como director del área Protección del Orden Constitucional llevó adelante la primera parte de la pesquisa. Castañeda también debía declarar ayer, pero faltó a la cita por razones de fuerza mayor: está en el penal de Marcos Paz cumpliendo condena por la destrucción de 33 casetes con escuchas del teléfono del entonces detenido ex reducidor de autos Carlos Telleldín. El juzgado reprogramó su citación para el 30 de diciembre.

Lijo tiene previsto reprogramar algunas de las indagatorias, ya que por distintas razones no se presentaron a declarar varios de los imputados: el ex presidente Carlos Menem y el ex jefe de la SIDE Hugo Anzorreguy argumentaron problemas de salud (el segundo está internado en un sanatorio porteño), el hermano Munir Menem planteó la prescripción de la acción penal y los abogados del ex número dos de la SIDE Juan Carlos Anchézar pidieron tiempo para estudiar el sumario.

La nueva tanda de indagatorias fue ordenada a pedido del fiscal Nisman, quien acusó a los ex funcionarios de haber destruido pruebas y omitido investigar la denominada “pista siria” o “Kanoore Edul”. Antonio Kanoore Edul, un comerciante argentino de origen sirio, es el titular de un depósito en el barrio de San Cristóbal donde, a criterio del fiscal, se habrían guardado materiales usados para el atentado del 18 de julio de 1994 a la mutual judía de la calle Pasteur al 600, que produjo 85 muertos y cientos de heridos. De acuerdo con el dictamen fiscal, el bloqueo de la pista se habría producido tras una llamada telefónica que, por pedido de Menem, su hermano hizo al ex juez federal Juan José Galeano, entonces instructor del sumario por el atentado, quien también fue indagado por el hecho.