El Gobierno definió una agenda de anuncios de acá hasta fin de año. Todas las semanas Cristina Fernández de Kirchner comunicará medidas económicas para sostener el nivel de actividad y resguardar el empleo. Entre los actos de la Presidenta y el debate de algunas de esas iniciativas en el Congreso, el cierre de 2008 tendrá un ritmo frenético. El objetivo es operar sobre las expectativas, para que empresas y consumidores sigan pensando en un escenario de crecimiento y no en uno de retracción y crisis. Mañana se presentará una de las cartas más fuertes del plan: el programa de obras públicas por 71.000 millones de pesos que ya fue descripto como “el más ambicioso del que se tenga memoria”. Tendrá tres pilares, pero el que promete generar más puestos de trabajo es el de viviendas, con edificaciones en todas las provincias. Se les dará participación a gobernaciones y municipios para que incorporen a los proyectos a la mayor cantidad de pymes posibles. La proyección oficial es duplicar la cantidad de empleos en la construcción, para pasar de los 362 mil actuales a 770 mil. Es la pata de corte más netamente keynesiano de todo el paquete de medidas que viene lanzando el Ejecutivo.

Para los días siguientes, el Ministerio de la Producción prepara la difusión de incentivos para más rubros industriales y del sector rural. En un clima de ebullición, altas fuentes oficiales aseguraron a Página/12 que, pese a las desmentidas de rigor, se analizan otras medidas de alto impacto: un aumento de jubilaciones de entre 5 y 7,5 por ciento, el restablecimiento de la doble indemnización para las pymes y la triple para las grandes empresas y una suerte de aguinaldo extra en las grandes firmas.

El proyecto para subir las jubilaciones entre 5 y 7,5 por ciento ya está escrito. Lo tiene la Presidenta desde que se aprobó la ley de movilidad previsional. Contiene proyecciones fiscales según el porcentaje de ajuste con que se quiera avanzar. El dinero para financiar el incremento está en poder de la Anses, producto del excedente presupuestario que acumuló el organismo a lo largo del año y de la inyección de recursos provenientes de las AFJP. Además, desde el 1º de diciembre los ex afiliados a la jubilación privada aportan al Estado, lo que significan otros 1000 millones de pesos mensuales.

“Por ahora no hay nada de eso”, dijo ayer el ministro del Interior, Florencio Randazzo, cuando le consultaron por el mentado aumento de jubilaciones o una opción intermedia: una asignación especial para fin de año por única vez. “El Congreso votó la ley de movilidad que establece una suba en marzo y otra en septiembre y ése es el esquema que se va a respetar”, afirmó. Después del anuncio de la eliminación de la “tablita de Machinea” sobre las deducciones al Impuesto a las Ganancias, otras medidas que signifiquen pesos contantes y sonantes en el bolsillo de sectores menos favorecidos parece que caerán por su propio peso. En el caso de las jubilaciones, los cálculos ya están hechos. En la opción más restringida, el haber mínimo tendría un incremento de 35 pesos. “Están mirando la caja”, justificó una alta fuente oficial ante este diario, en referencia a la Presidenta y al ex presidente. Sin embargo, el mismo funcionario arriesgó que finalmente habrá una suba de jubilaciones y que será de 7,5 por ciento.

Economistas del Gobierno también redactan un proyecto para reimplantar la doble indemnización. En este caso, su posible implementación todavía se encuentra en etapa de debate. La propuesta que está circulando establece la alternativa de fijar una triple indemnización para los trabajadores de grandes empresas, la doble para las pymes y un piso de un año de indemnización para aquellos que hayan trabajado pocos meses. En el Ministerio de Economía y aledaños argumentan que la medida encadena tres efectos que la hacen plausible: evitaría algunos despidos “precautorios” de empresas asustadas por el impacto de la retracción económica o que reciben instrucciones de ajuste de sus casas matrices sin considerar la realidad argentina; obligaría a revisar con cuidado la ecuación del despido y, en el peor de los casos, les permitiría a los trabajadores expulsados contar con más recursos para sostenerse en un contexto económico difícil.

El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, dejó abierta la posibilidad de esa medida que reclama la CGT –como la derogación de la “tablita de Machinea”– en un reportaje con este diario la semana pasada. Fue un cambio de discurso que a encumbrados dirigentes gremiales no les pasó por alto, después de la negativa cerrada del Gobierno en un principio. Fuentes oficiales dijeron que existe algún grado de análisis de otro pedido de la CGT: una asignación especial de 500 pesos junto con el aguinaldo, aunque restringido a grandes empresas con mayor espalda financiera. “Sería una forma de que compañías que ganaron mucho dinero colaboren para apuntalar el nivel de actividad sin que todo el esfuerzo recaiga sobre el Estado”, indicaron a este diario.

El Gobierno buscará demostrar que está dispuesto a mover el amperímetro en cuanto al nivel de actividad económica y al empleo con el plan de obras públicas que difundirá Cristina Fernández mañana al mediodía en la quinta de Olivos. Uno de los ejes del plan son los grandes proyectos de infraestructura en materia energética y ambiental. Dentro de ese capítulo figuran la construcción de dos centrales térmicas –proyectos encarados por Enarsa– y otras dos que realizará directamente la Secretaría de Energía. También habrá una represa hidroeléctrica y la ampliación del gasoducto del sur, que llega desde Tierra del Fuego al conurbano bonaerense. En la lista se incluye la construcción de un nuevo carril en la avenida General Paz.

El segundo eslabón del plan está estructurado en base a la edificación de viviendas en todas las provincias. En este segmento se agregan las obras de escuelas, hospitales y caminos rurales, muchas anunciadas cuando se debatían las retenciones móviles y que ahora serán reflotadas. En tercer término, habrá obras “localizadas”, de ejecución no mayor a un año, competencia de los municipios. Muchos de esos proyectos figuran en el Presupuesto 2009 y habrá otros nuevos. Además de los recursos previstos, las obras se financiarán con fondos previsionales, con fideicomisos administrados por el Banco Nación y con asistencia del BID y del Banco Mundial, que llegaría en 2009 a 1500 millones de dólares.

La clave del éxito de esta jugada keynesiana para sostener a un rubro fundamental como la construcción es la eficacia en la gestión, aspecto que hasta el momento en las medidas anunciadas presenta baches inocultables. El jefe de Gabinete, Sergio Massa, dijo ayer que con el plan de obras se apuesta a duplicar los puestos de trabajo en el sector. También indicó que mañana se licitarán los primeros paquetes de créditos para comprar autos 0 kilómetro y para el consumo. “Vamos a seguir con la misma dinámica de generar herramientas que mantengan el nivel de actividad para cuidar el empleo de los argentinos”, prometió, repasando los apuntes de Keynes.