La Justicia reconoció en forma tácita que el Estado argentino fue el “principal encubridor” del atentado contra la AMIA. Lo hizo en el marco de una causa en la que ratificó la indemnización económica que se le concedió a Laura Ginsberg y sus hijos por la muerte de su marido, José Enrique Ginsberg, en el ataque a la mutual judía. El pronunciamiento corrió por cuenta de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, que recordó que en cierta forma el propio Estado admitió su responsabilidad en ese sentido al aceptar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que la voladura de la AMIA no se previno y después no se investigó como correspondía.

En la presentación judicial que en su momento hizo para reclamar un resarcimiento económico por la muerte de su esposo en el atentado del 18 de julio de 1994, Ginsberg calificó al Estado argentino como “principal encubridor de uno de los mayores crímenes de la historia argentina”. Los representantes legales del Estado pidieron que esa calificación fuera “tachada” de su planteo, pero finalmente la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo rechazó su petición y admitió en todos sus términos el escrito de la líder de la Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (Apemia).

“Con respecto al planteo del Estado nacional de que se manden tachar las alegaciones de la actora efectuadas en el escrito de expresión de agravios, que ubican a su parte como ‘principal encubridor de uno de los mayores crímenes de la historia argentina’, si bien los dichos vertidos en la apelación pueden resultar excesivamente severos, lo cierto es que la motivación del decreto 812/2005, en cierta medida, puede dar lugar ello”, sostiene el fallo refrendado por los camaristas Marta Herrera y Carlos Manuel Grecco.

En favor de su decisión, ambos jueces recordaron que “el Estado nacional, mediante el dictado del decreto 812/2005, reconoció su responsabilidad por incumplimiento de la función de prevención, por no haber adoptado medidas idóneas y eficaces para intentar evitar el atentado”.

El decreto al que aludieron los miembros de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo fue firmado en su momento por el ex presidente Néstor Kirchner y vino a ratificar el acta en la cual el Estado argentino admitió ante la CIDH que en el caso del ataque a la AMIA “hubo falta de prevención y una posterior privación de justicia”.

Aquel reconocimiento del Estado argentino tuvo lugar en una audiencia celebrada el 4 de marzo de 2005 en la sede de la CIDH en Washington. Los representantes del Gobierno asumieron en ese ámbito que “existió incumplimiento de la función de prevención, existió encubrimiento de los hechos, grave y deliberado incumplimiento de la función de investigación y denegatoria de justicia”.

Los familiares de las víctimas agrupados en Memoria Activa, por su parte, pidieron en ese marco que el Estado argentino fuera sancionado por no haber cumplido con su deber de prevenir la voladura de la mutual judía y por haberse realizado después una investigación fraudulenta. “No sólo soportamos la muerte, soportamos también la impunidad”, afirmaron en esa oportunidad los integrantes de Memoria Activa.

Además de reconocer tácitamente que el Estado argentino fue el “principal encubridor” del atentado a la AMIA, los miembros de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo también le dieron la razón a Ginsberg en lo que refiere a la indemnización que reclamaba por la muerte de su esposo. En el momento del ataque, el marido de Ginsberg se desempeñaba como director del Sector Sepelios y Cementerios de la mutual judía; tenía 43 años y dos hijos: uno de 12 años y otro de 18 meses.

La figura de Laura Ginsberg cobró relevancia en el acto del tercer aniversario del atentado. Allí ofreció un discurso bajo la frase “Yo acuso”, en el que denunció las supuestas complicidades del gobierno de Carlos Menem, la DAIA y la Justicia ante la falta de avances en la investigación.

Los camaristas Herrera y Grecco respaldaron el pedido de resarcimiento que reclamó Ginsberg, de quien señalaron que procura mantener el nivel de vida que desarrollaba la familia previo al ataque terrorista en el que murió su esposo. Entre los gastos que reclamó mantener la líder de Apemia, figura la cobertura de medicina prepaga, asociación a un club, la cuota de establecimientos de educación privada para sus hijos y vacaciones en la costa atlántica.

Al hacer lugar a la solicitud de Ginsberg, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo rechazó un planteo de los representantes del Estado para que la pensión que percibe por la muerte de su marido sea considerada parte del resarcimiento económico por el ataque.