El fiscal federal Eduardo Taiano pidió ampliar los alcances de la investigación judicial sobre la Triple A, a casi 700 casos de secuestros, asesinatos, desapariciones, amenazas y atentados cometidos por esa organización terrorista entre 1973 y 1976, en pleno gobierno constitucional. Si el juez Norberto Oyarbide acepta el planteo, el viejo expediente que abarcaba sólo 12 crímenes pasaría a convertirse en una megacausa y podría tener un nuevo impulso después de varios meses de parálisis. El extenso documento de la fiscalía propone una lista de 80 medidas de prueba que, además de requerir datos puntuales e infinidad de declaraciones testimoniales, sugiere convocar a la Universidad de Buenos Aires para realizar una pormenorizada reconstrucción histórica de los hechos y hacer una “convocatoria a la población” a través de los medios para que aporte información.

Hace tres años circulaban fuertes rumores de que algunos hombres de la Triple A llevaban, reciclados, una vida de lo más apacible aquí y en algún otro lugar del mundo. A fines de 2005 el fiscal Taiano pidió la reapertura del expediente, originado en 1975, sobre los crímenes de la banda paraestatal que operó durante el gobierno de Isabel Perón con el argumento de que involucraba delitos de lesa humanidad, que no prescriben. Oyarbide tardó un año en darle la razón. Lo hizo cuando una investigación del diario El Mundo de España descubrió que el ex subcomisario Rodolfo Almirón, uno de los jefes operativos de la organización, vivía en un pueblito de Valencia.

El juez encontró, entre el papelerío, que había un pedido de captura contra Almirón pendiente desde 1984. En poco tiempo ocurrió lo impensable: Almirón fue detenido en España y luego extraditado (ver aparte); el efecto se trasladó a sus antiguos compañeros de andanzas vinculados a la custodia de José López Rega y de Isabelita. Su ex suegro, el comisario Juan Ramón Morales fue visto tomando aire en su balcón en Palermo y fue apresado. Otro policía, Miguel Angel Rovira acabó entregándose. Estaban acusados de una decena de asesinatos, que habían dado lugar a la primera causa judicial, entre ellos el del diputado Rodolfo Ortega Peña y el del ex subjefe de la policía bonaerense, Julio Troxler. Su Señoría imputó a la propia viuda de Juan Domingo Perón, aunque España no quiso extraditarla. Y permanece prófugo Felipe Romeo, ex director de El Caudillo, órgano de difusión de la Triple A.

El envión que recuperó el tema, hizo que múltiples organismos de derechos humanos, gremios, partidos políticos y personas sueltas se presentaran ante la Justicia con datos sobre crímenes de la AAA (Alianza Anticomunista Argentina), atentados a locales partidarios y pedidos de esclarecimiento puntuales. Pero la investigación propiamente dicha tuvo pocos movimientos, pese a que la Cámara Federal confirmó en marzo último que los asesinatos, privaciones de la libertad y otras aberraciones de la organización que lideraba López Rega son delitos de lesa humanidad, cometidos desde el aparato del Estado, que no prescriben y es obligación para el país reconstruirlos e identificar a los responsables de acuerdo al derecho internacional.

Taiano elevó su nuevo dictamen a Oyarbide el 30 de diciembre. Allí recoge la mayoría de los casos planteados a lo largo de los últimos dos años y que, junto con denuncias que ya habían sido presentadas a partir de mediados de los setenta, suman 628 crímenes más 40 historias de amenazas de muerte. Según el fiscal, por ahora el juzgado debería mantener un criterio amplio e incluirlos a todos. Son crímenes ocurridos en Capital Federal, provincia de Buenos Aires (conurbano bonaerense, Mar del Plata, Bahía Blanca, La Plata), Santiago del Estero, Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, Santa Fe, Salta, San Luis, Tucumán y Jujuy. A través de libros, otros expedientes judiciales, diarios de la época y testimonios, en la fiscalía reunieron datos sobre lo ocurrido a unas 300 víctimas.

Cientos de historias

La lista actualizada, a la que accedió Página/12, que Taiano intenta incorporar, abarca algunos hechos conocidos, como el asesinato del cura Carlos Mugica, ocurrido en la puerta de la capilla de San Francisco Solano, cuando acababa de dar misa el 11 de mayo de 1974, y en el que algunos testimonios señalan la posible participación de Almirón. Aparecen, a su vez, los dos atentados sufridos por el dirigente radical Hipólito Solari Yrigoyen, el primero de los cuales destrozó sus pies con una bomba colocada en su automóvil. Aquel ataque, el 21 de noviembre de 1973, fue asumido por la Triple A y es considerado en la causa penal como punto de inicio de sus acciones. También se detallan los homicidios del ex vicegobernador de Córdoba Atilio López y su amigo y subsecretario de hacienda Juan José Varas. Hay referencias a decenas de muertes de dirigentes y militantes sindicales, universitarios y de partidos de izquierda.

El documento avanza sobre la coordinación represiva que existía años antes del golpe de 1976 con países como Uruguay y Chile. Por eso destaca el testimonio que dio en agosto de 2007 el uruguayo Antonio Viana Acosta, un dirigente tupamaro que relató que fue detenido en Buenos Aires en febrero de 1974 por un comando conjunto de militares, policías uruguayos y argentinos. Fue llevado a Coordinación Federal y pasó por las cárceles de Devoto y Caseros. En sus interrogatorios –donde se lo sometió a torturas– participaron, dijo, la Policía Federal y miembros de OCOA (Organismo de Coordinación de Operaciones Antisubversivas) Uruguay. Terminó trasladado al país vecino, donde pasó casi ocho años más detenido. Su relato evidencia el sustento estatal que tuvo la Triple A. En sentido similar es mencionado por Taiano el asesinato en Buenos Aires del general chileno Carlos Prats y su esposa.

Las amenazas de muerte de la Alianza Anticomunista citadas en el dictamen estuvieron dirigidas a personalidades del ámbito de la cultura. Taiano sugiere que sean citados como testigos. Menciona a Luis Brandoni, Nacha Guevara, Mercedes Sosa, Norman Briski, Horacio Guarany, Alfredo Alcón, Roberto Cossa, Federico Luppi, Inda Ledesma, Víctor Laplace, Luisina Brando, Tomás Eloy Martínez, Marilina Ross, entre otros.

El texto de Taiano recuerda que a partir de 1973 “se consolidó un brutal y sistemático aparato represivo que con el accionar de la Triple A buscó aplastar los conflictos sociales” y “desactivar las redes de solidaridad”. En él confluían, describe, “actores provenientes de la dirigencia gremial, agrupaciones de derecha y de grupos pertenecientes a distintas fuerzas de seguridad”. “Esta organización, digitada desde el Ministerio de Bienestar Social –a cargo de López Rega– fue uno de los mecanismos represivos empleados para disciplinar a la sociedad. A esos fines, no se dudó en arremeter contra todas aquellas expresiones democráticas que manifestaran su disconformidad procedentes de cualquier sector”, entre los que cita “representantes villeros, de la cultura, las artes, periodistas, peronistas, comunistas, radicales”. La organización terrorista, repasa, difundía “sus amenazas, lo cual instalaba el terror y provocaba el aislamiento de sus víctimas”. Su “marca registrada”, agrega, consistía en “exhibir los cuerpos torturados, destrozados” luego de matar. Por ahora, en una resolución aparte, Taiano recomendó devolver a Mar del Plata las actuaciones sobre los crímenes adjudicados a la Concentración Nacionalista Universitaria (CNU). Si bien integraba la Triple A –señaló– no surge por lo pronto que tuviera un lazo de dependencia directa ni siguiera sus órdenes. También dejó afuera los hechos comprendidos en la llamada Masacre de Ezeiza, la matanza desatada el 20 de junio de 1973 en la marcha para recibir a Juan Domingo Perón, donde comenzó a visualizarse la alianza entre la derecha peronista y la no peronista que consolidaría y extendería su poder a partir de entonces.

Horizonte complejo

López Rega murió en la cárcel en 1989, donde estaba preso por los crímenes de la Triple A, pero no llegó a recibir condena. La calificación de aquellos homicidios como delitos de lesa humanidad abrió una oportunidad histórica para desentrañarlos y juzgarlos. El dictamen de Taiano apuntaría en ese sentido, con toda la complejidad que a la vez implica el desarrollo de una megacausa sobre hechos tan antiguos. Como medidas de prueba novedosas –las primeras importantes en el expediente– propuso recopilar todos los expedientes judiciales dispersos sobre estos crímenes, los registros de ingreso a la Superintendencia de la Federal (ex Coordinación) y a las cárceles de Devoto y Caseros, los de entrada al país de cerca de una decena de militares uruguayos, pidió los legajos de la policía de los imputados, la nómina de todos los empleados de Bienestar Social.

También planteó la necesidad de un estudio histórico detallado que sea encargado a la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Precisar qué agrupaciones de derecha y miembros de fuerzas de seguridad conformaron la Triple A podría llevar a ampliar la lista de imputados. Por ejemplo, uno de los testigos de la causa, Carlos Petroni, viene apuntando con insistencia al líder de la CGT Hugo Moyano. Si el juez Oyarbide avala el dictamen, también habría una convocatoria abierta para que aporte información todo aquel que la tenga.