La empresa transportista TGN, administrada por los grupos multinacionales Techint y Total, fue denunciada ante la Justicia por presuntas irregularidades de gravedad en relación con la declaración de cesación de pagos anunciada a la Bolsa de Comercio dos semanas atrás. La denuncia fue formulada por el Enargas, ente regulador del sector, a partir de los indicios que habría hallado el interventor oficial de la compañía, Roberto Pons, ya en el inicio de su gestión. De acuerdo con información de allegados a la causa, en el libro de Actas del Directorio no figuraba, al 29 de diciembre último –día que dio comienzo a su labor la intervención–, decisión alguna de ese cuerpo de conducción declarando la cesación de pagos, que había sido informada a la Bolsa una semana antes. Tampoco, según la misma fuente, existe informe del auditor externo en el Balance cerrado el último 30 de septiembre, que indicara que la situación financiera de la empresa tuviera un nivel de gravedad tal que pudiera hacer pensar en un inminente default. La propia firma TGN habría contado, al 29 de diciembre, con los fondos suficientes como para hacer frente a los pagos por los cuales la transportadora se declaró en default, según la información que habría recogido la intervención y el Enargas presentó ante el juzgado. Ello, más allá de la sobrada capacidad económica y financiera de los socios que componen el consorcio. Todos estos elementos llevarían a suponer que la decisión de TGN de ir a la cesación de pagos habría tenido carácter eminentemente político y vinculado con la negociación de tarifas por la que viene pulseando con el Gobierno, según la lectura que hacen otras fuentes cercanas a las autoridades oficiales. Pero cometiendo una serie de irregularidades contables y administrativas que ponen en peligro la continuidad de la concesión.

Roberto Pons, un especialista en negociaciones económicas internacionales que ocupó cargos técnicos en la Unión Industrial Argentina, en el Foro Consultivo Económico y Social del Mercosur y asesora a la Fundación Export.Ar, dependiente de la Cancillería, fue designado el 29 de diciembre como interventor sobre la administración de la empresa por un período de 120 días. Su misión es lograr despejar el panorama en torno de la supuesta necesidad de TGN de haber llegado al cese de pagos, y si estos manejos empresarios permiten seguir confiando la prestación del servicio de transporte de gas al actual concesionario. Pero apenas transcurridas 48 horas de su llegada a la firma, Pons habría presentado sus primeros resultados. La gravedad de los hechos informados por el interventor habrían llevado a Enargas a presentar la denuncia correspondiente ante el Juzgado Federal número 6, a cargo de Rodolfo Canicoba Corral.

Los hechos descubiertos por Roberto Pons entre los días 29 y 30 de diciembre pasados, en el mismo inicio de su gestión, son los siguientes, de acuerdo con fuentes con acceso a la denuncia:

- El 29 de diciembre, el interventor designado cerró la última foja del libro de Actas del Directorio sin que existiera hasta allí decisión alguna de ese cuerpo declarando la cesación de pagos, que había sido informada seis días antes a la Bolsa de Comercio.

- La ausencia de “una decisión societaria válida y comprobable que declare y acredite que TGN se encuentra en estado de Cesación de Pagos”, tal cual se describe en la denuncia, intentó ser subsanada con posterioridad por el apoderado de la empresa, Marcelo Brichetto. Luego de conocida la resolución de Pons de cerrar el libro de Actas del Directorio, Brichetto habría ingresado “un escrito en formato de acta, con fecha predatada y con su sola firma, con un texto similar al que se remitió a la Bolsa de Comercio declarando el default”, también suscripto por Brichetto en soledad.

- Resulta llamativo que, si la empresa se vio en la necesidad de declarar el cese de pagos al 23 de diciembre, no exista junto al balance del 30 de septiembre un informe de auditoría externa que indique que la situación financiera podría derivar en un inminente incumplimiento de pagos. La denuncia elevada a la Justicia Federal da cuenta de esa curiosa ausencia, más curiosa aún teniendo en cuenta que el informe de auditoría externa se realiza tras la confección final del balance. Es decir, no antes de 45 días –mediados de noviembre–.

- Otro dato que habría aportado la denuncia, que de comprobarse abriría juicio sobre la buena fe de la concesionaria al declarar el default, es que al 29 de diciembre de 2008 TGN habría contado con fondos genuinos suficientes como para hacer frente a los pagos que eludió mediante la nota enviada a la Bolsa.

La empresa TGN justificó la decisión de “postergar el pago a su vencimiento de las cuotas de capital e intereses correspondientes a sus obligaciones negociables (...), con el propósito de mantener la prestación segura y confiable del servicio público del transporte de gas natural”. Precisamente, el Gobierno sospecha lo contrario: la decisión de incumplir los pagos a quienes financian su operación no es en defensa del servicio público sino, precisamente, lo que lo pone en peligro.

El Gobierno volvió a sorprender. Un interventor, en los hechos una suerte de auditor oficial, que contaba con un plazo de 120 días pero que en apenas dos días puso sobre la mesa elementos suficientemente pesados como para activar una causa judicial. Aceleró así el conflicto, pero también acortó los plazos para una definición. La pulseada no cuenta con compás de espera. El Gobierno no lo admite, porque “afuera” hay más de una empresa esperando ver la evolución para tomar sus propias decisiones. Hacia ellos están destinadas algunas señales.

Lo que está en juego no es sólo la continuidad, o no, de Techint y Total en la administración y operación de TGN. Se está jugando el futuro de las concesiones en el sector gasífero, particularmente. Un capítulo más en la larga batalla del kirchnerismo con las privatizaciones heredadas de la nefasta década del 90.

Hay una serie de cuestiones jurídicas que ahora deberá resolver la Justicia, como la legalidad de la decisión de declararse en default, y la buena fe del deudor al hacerlo. Pero hay otras cuestiones de carácter político y económico a la vez, como la relación entre concesionario y Gobierno y la legitimidad de que el primero utilice como arma de presión la inestabilidad que provoca que una (¿una? ¿O sólo la primera?) concesionaria importante se declare en cesación de pagos motivado en la supuesta insuficiencia de la tarifa. De allí podrá (o deberá) surgir la resolución que tenga el conflicto que, por ahora, no hace otra cosa que crecer.