Una fábrica tomada por los obreros tiene el mandato de seguir produciendo, pero cuando se trata de un puente tomado no queda muy claro cuál será el paso siguiente. Seguirá siendo un puente tomado hasta la eternidad, una especie de monumento a lo inútil. Para los vecinos de Gualeguaychú, el cierre por tiempo indefinido del puente se convirtió, como puente cerrado, en un callejón sin salida.

El aislamiento es el primer síntoma de un conflicto mal llevado. La medida de máxima, prematura, les impidió regular sus tiempos, medir respaldos, opciones y posibilidades de extender la causa que defendían más allá del pueblo afectado. Una idea del aislamiento lo da el hecho de que tras la andanada de cuestionamientos que realizaron distintos funcionarios del Gobierno, prácticamente no se alzaron voces en su defensa. No hubo ningún dirigente de la oposición que tratara de capitalizar esa confrontación, como si se tratara ya de una causa sin destino.

El aislamiento no quiere decir que no tengan razón los vecinos. Tampoco el hecho de que sea un movimiento horizontal de los vecinos quiere decir que tengan razón. El conflicto en sí mismo tiene una lógica que se asienta en una realidad que se hace sentir en las consecuencias.

Algunos integrantes de la asamblea de Gualeguaychú dicen que el Gobierno miente y que esconde mediciones que darían certeza sobre la contaminación que estaría produciendo Botnia. Pero estos vecinos tampoco pueden ofrecer ninguna prueba de lo que supuestamente estaría ocurriendo en el río Uruguay. Con la misma vara, también se los podría acusar de mentirosos.

El argumento más fuerte de los asambleístas es que la contaminación se estaría produciendo por acumulación. Es decir, sus consecuencias no serían palpables ahora, sino más adelante. Es una hipótesis más razonable, pero que sigue siendo discutible, no es absoluta. El corte del puente por tiempo indefinido –o sea definitivo–, se tomó con la fuerte presunción de que el desastre que produciría la papelera sería inmediato y de proporciones importantes.

Aunque de todos modos puede decirse que la decisión de esa medida de máxima fue prematura, en ese momento se apoyaba en la certeza de un desastre. Cuando la planta entró en producción, la situación cambió: el desastre no se produjo. El ciudadano común, que podía simpatizar con la causa de Gualeguaychú, toma nota y duda, pone distancia de la medida extrema. En parte tiene razón. Aceptando la hipótesis de los asambleístas, que se mantenga la misma medida de máxima ante dos situaciones tan distintas –un desastre inminente y otro potencial, que ahora no se ve y que es necesario explicar– suena incongruente y excesivo. El corte del puente por tiempo indefinido comienza así a convertirse en enemigo de la causa que lo impulsa.

La movilización de Gualeguaychú no fue la primera en defensa del medio ambiente, pero nadie discutirá que tuvo el mérito de haber instalado la problemática ecológica en la política y la agenda pública. Y gran parte de la responsabilidad por el conflicto la tuvo el gobierno uruguayo, que decidió la instalación de Botnia entre gallos y medianoches, en los últimos días de la gestión de Jorge Batlle, sin abrir el mínimo proceso de consultas y consenso con el lado argentino, lo que despertó más dudas e inquietudes y trabó más el diálogo posterior.

En las semanas pasadas se verificó en la zona de Gualeguaychú la muerte de centenares de pájaros por el uso de agroquímicos en los campos de soja. Y en algunos lugares de Entre Ríos ya se ha denunciado que estos productos están afectando a las personas. Si hay que medir daño ecológico, en este momento es más peligroso el causado por la soja transgénica que el que estaría causando Botnia. Lo paradójico –y que resta seriedad a la protesta– es que la asamblea de Gualeguaychú no se ha pronunciado sobre lo que está sucediendo en sus campos ni ha planteado ninguna medida para evitarlo. Por el contrario, algunos de los productores rurales sojeros han participado en el corte del puente en defensa de un medio ambiente que ellos mismos están agrediendo.