”No está muerto, está en coma tres”, dijo el funcionario. El enfermo es el PAMI. El encargado de curarlo, su interventor, José Corchuelo Blasco, quien ayer ofreció una conferencia de prensa en la que difundió los números del instituto y admitió que está funcionando “apenas en un 25 por ciento”. “El PAMI está pulverizado con una deuda de 1800 millones de pesos. Pero creo que manteniendo algunos códigos de conducta y utilizando al máximo los recursos propios, éste puede ser realmente un instituto revitalizado”, sostuvo en un intento de transmitir algo de optimismo a pesar de que los técnicos no encuentran todavía la forma de resolver el déficit. Lo que sí decidieron es iniciar a partir de hoy una ronda de consulta con los prestadores para tratar de convencerlos de que no suspendan los servicios aunque estén cobrando “mal y tarde” y negociar con los funcionarios de economía para que les giren fondos.
Durante la gestión del ex presidente Fernando de la Rúa, varios funcionarios –entre ellos Cecilia Felgueras, Federico Polak y Raúl Pistorio– se pusieron frente al PAMI con promesas de sanearlo del saqueo consuetudinario. Demás está decir que no lo lograron. Ahora es el turno de José Corchuelo Blasco, quien ayer planteó un panorama desolador.”Como el PAMI paga con atraso y de a poco, los prestadores hacen como que prestan el servicio. Pero ellos facturan como si estuvieran trabajando normalmente. Entonces, a partir de hoy y por una semana vamos a tratar de reunirnos con ellos para convencerlos de que trabajen normalmente”, dijo a Página/12 un colaborador del interventor. Por ahora, en el obra social de los jubilados están abocados a “apagar incendios”. Ejemplo: ayer estuvieron desde las seis de la mañana tratando de conseguir tres marcapasos para tres jubilados y, como son importados –y por ende se venden en dólares– ni siquiera consiguieron que les dijeran cuánto valen.
“Estamos comprometidos en estos tiempos de dura catástrofe a aplicar todos los mecanismos, la inventiva y las variables para que el PAMI sea realmente sustentable”, dijo Corchuelo Blasco. El interventor anticipó que intentará convencer a las autoridades del Ministerio de Economía y a los legisladores nacionales para que la obra social reciba una partida de 200 millones de pesos del presupuesto nacional. “Nosotros desearíamos que el PAMI estuviera fuera del presupuesto porque tiene formas de financiamiento propias, pero con este país nuevo, estamos solicitando que el PAMI en este año sea incorporado nuevamente al presupuesto”, se justificó Corchuelo.
El ministro de Salud, Ginés González García, también se refirió ayer al organismo al afirmar que “el PAMI es la prioridad del gobierno y ni bien se obtengan recursos se van a derivar a esta obra social y a la compra de remedios”. Una curiosidad: la Gendarmería produce algunos medicamentos para consumo interno. Y el titular de la fuerza, Hugo Miranda, le ofreció en una reunión a Corchuelo Blasco que los gendarmes multipliquen y diversifiquen la producción para que puedan repartir remedios en casos de emergencia. Quedaron en seguir analizando la propuesta.
Además de la conferencia de prensa, Corchuelo Blasco participó ayer de la mesa de diálogo social que se realiza en la sede de Caritas y allí también habló de la situación del organismo que conduce. “El PAMI no puede tener más del 8 por ciento de gasto administrativo en relación a su presupuesto, una cifra que para los administradores de salud mundiales y locales es apta para poder manejar con eficiencia los recursos orientados a la atención”, dijo. Consultado sobre la posibilidad de reestructuración del organismo, afirmó que apelará a la “responsabilidad de los gremios de los trabajadores” e informó que anuló más de 170 contratos. Además, se comprometió a realizar una administración “austera”, a “trabajar con un reducido número de colaboradores” y a “no firmar ningún pase a la planta permanente” de la obra social.
Respecto de la normalización del pago a los prestadores, Corchuelo intentó aplacar la bronca por el atraso. “El PAMI está obligado a pagar de 75 a 90 días, es decir, que la deuda del PAMI no es de seis meses, sino de agosto, setiembre y octubre”, sostuvo. Sobre las dificultades que algunosde los 3.500.000 afiliados tienen para obtener descuentos en las farmacias para sus remedios, señaló que ése es un tema que “excede al PAMI”. “La verdad es que hay 50 millones de pesos para comprar medicamentos para todo el país y estamos trabajando con el comité de emergencia a nivel de inventivas, definiciones y de urgencias para que a nadie le falte medicamentos indispensables para vivir”, agregó. Finalmente, aseguró que están monitoreando día a día “lo que está entrando y los mecanismos de pago que vienen; estoy esperanzado en que muy prontamente haya flujo de fondos corrientes –sean Lecop o pesos– para poder reestablecer con dignidad la tranquilidad de las prestaciones en todo el país”.