A comienzos de 1976 compartió con Videla, Viola & Cía. la gestación del golpe de Estado. Ya en dictadura fue director de Fabricaciones Militares y ministro de Obras y Servicios Públicos. Durante un tercio de siglo el muñón de la Justicia no lo rozó. Recién a fines de diciembre, a sus 85 años, el general de división Diego Ernesto Urricariet fue procesado con prisión preventiva, domiciliaria por la edad, por privaciones ilegales de la libertad en la Fábrica Militar de Tolueno Sintético, de Campana. El juez federal de San Martín, Alberto Suares Araujo, procesó también a otros siete militares, marinos y prefectos por secuestros y tormentos en el circuito represivo de Zárate-Campana, dictó cuatro faltas de mérito y después renunció.

La investigación forma parte de la megacausa Campo de Mayo, ex sede del mayor centro clandestino del Ejército, que cuenta con medio centenar de represores identificados que aún no fueron indagados ni detenidos. Ante la constante aparición de nuevas víctimas, los querellantes le reclaman a la Procuración General de la Nación, por el momento sin éxito, la creación de una unidad especial con dedicación exclusiva, similar a la de la ESMA o el Primer Cuerpo, abocada a indagar sobre los crímenes en la ex Zona IV.

La investigación sobre delitos de lesa humanidad en el norte bonaerense comenzó en 2004, cuando la entonces subsecretaria de Derechos Humanos de la provincia, Sara Derotier de Cobacho, denunció ante el juez federal Federico Faggionatto Márquez la posible existencia de restos óseos en el ex Tiro Federal de Campana. Las excavaciones no tuvieron resultado positivo pero sirvieron para que un grupo de sobrevivientes declarara por primera vez ante la Justicia. A fines de 2004, luego de varias inspecciones oculares, Faggionatto Márquez consideró probada la existencia del circuito represivo, pero no avanzó sobre los responsables.

A partir de una directiva de la Cámara Federal de San Martín para que en esa jurisdicción se investiguen todos los delitos de lesa humanidad ocurridos en la Zona IV, que abarcó once partidos, los casos de Campana pasaron en 2008 al juzgado de Suares Araujo. El magistrado avanzó sobre los jerarcas de Campo de Mayo y elevó cinco fragmentos de la megacausa al Tribunal Oral Federal No 1 de San Martín, que el 25 de marzo comenzará a juzgar a cuatro militares y un policía por secuestrar, torturar y asesinar a Floreal Avellaneda, de 14 años.

Quién es quién

En la primera semana de diciembre, por primera vez desde la reapertura de la causa, Suares Araujo indagó a catorce célebres desconocidos por secuestros y tormentos en Zárate-Campana. A cuatro los procesó con prisión preventiva, domiciliaria por ser post-70:

- Urricariet fue director de Fabricaciones Militares. De él dependía la Fábrica de Tolueno, que según el juez “funcionaba como jefatura de área o un equivalente dentro de la Zona IV para asuntos relacionados con la subversión”. Según el inspector Rodolfo Fernández, ayudante del ministro Albano Harguindeguy durante 1976, Urricariet participó en reuniones con Videla, Viola, Suárez Mason & Cía., en las que se gestó el golpe de Estado. En 1981 fue ministro de Obras y Servicios Públicos del dictador Viola.

- El coronel e ingeniero químico Carlos Antonio Castagna (73), que dirigía la Fábrica de Tolueno, fue procesado por siete secuestros y tormentos agravados.

- El entonces capitán de fragata Sergio Buitrago (78) fue jefe del Arsenal Naval de Zárate, donde funcionó un centro clandestino que, entre otros sobrevivientes, reconoció Juan Puthod, titular de la Casa de la Memoria de Zárate secuestrado durante 28 horas el año pasado. El juez procesó a Buitrago como partícipe necesario en secuestros y tormentos pero no por las violaciones a mujeres en cautiverio que constan en la causa, pues consideró que ningún marino pudo haber impartido semejante orden.

- El prefecto correntino Servando Ortega (74), jefe de Prefectura en Zárate, era responsable del puerto, donde funcionó otro centro de detención.

Los ex número dos del Arsenal y de la Fábrica de Tolueno fueron procesados como partícipes secundarios y por ende excarcelados. Suares Araujo no duda que conocían los hechos pero explica que no tenían personal a cargo:

- El entonces capitán de corbeta Jorge Bernardo (71), segundo de Buitrago, fue el único que aportó un dato: después del 24 de marzo, en un galpón del Arsenal, se apostaron infantes de Marina que no rendían cuentas a nadie.

- El teniente coronel e ingeniero químico Pedro Carmelo Scarlata (67), ex jefe de producción de la Fábrica de Tolueno, fue procesado como partícipe secundario en siete secuestros y tormentos.

Suares Araujo amplió el procesamiento del general Santiago Riveros (83), ex jefe del Comando de Institutos Militares, por 15 allanamientos ilegales, 32 secuestros, 48 tormentos y tres robos agravados, y también el del ex comisario Juan Fernando Meneghini (72), superior de Luis Patti en la 1ª de Escobar. Ambos gozan de arresto domiciliario.

Antes de recibir la citación, murió el vicealmirante Carlos Oscar Albino, responsable del barco patrullero “ARA Murature”, donde funcionó otro centro de torturas. Aún no rindió cuentas ante la Justicia su segundo, capitán de navío Marcos Gerardo Parera, quien según su abogado, el ex juez de la dictadura Norberto Giletta, estaría internado en el Hospital Naval por problemas cardíacos.

Con falta de mérito se beneficiaron el ex jefe del área militar 115, coronel Alberto Ramón Schollaert (reconoció que ocupó ese cargo “en la lucha contra la subversión” pero no en el circuito Zárate-Campana) el prefecto mayor Leonel Dagoberto Brashich y los ex comisarios Samuel Diamante y Santiago Olivera, quienes coincidieron en que el responsable de la comisaría de Campana era Franklin Leonetti. El juez resolvió postergar la indagatoria del ex subcomisario Domingo Fortunato hasta que declare Leonetti, si es que vive.

Luego de firmar los procesamientos, el 23 de diciembre, Suares Araujo presentó su renuncia, que debe aceptar o rechazar la presidenta Cristina Fernández. Lo subroga Juan Manuel Yalj, que esta semana denegó un pedido de excarcelación del coronel Luis Sadí Pepa (83) y declaró inconstitucional la ley que obliga a tribunales inferiores a acatar plenarios de Casación como el del caso “Díaz Bessone”, que recomienda excarcelar a los represores si no se demuestra que en libertad van a fugarse u obstaculizar las causas.

La instrucción realizada en el circuito Zárate-Campana abarca una porción ínfima de los secuestros, tormentos y asesinatos cometidos en zona norte. Las indagatorias de diciembre incluyeron los casos de apenas tres desaparecidos (Carlos Souto, Luis y Guillermo Damico) cuando sólo en Escobar hay más de sesenta. “Medio centenar de imputados aún no fueron indagados. Van desde Albano Harguindeguy, por haber ordenado traslados a Campo de Mayo, hasta capitanes y tenientes que dirigían escuelas militares o comisarios de la policía”, explica el abogado Pablo Llonto.

Ante la constante aparición de nuevas víctimas, tanto la Comisión Campo de Mayo como la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia solicitaron a la Procuración la creación de una unidad especial con un equipo de trabajo abocado a los casos de la ex Zona IV. El procurador Esteban Righi no accedió aún al pedido pero nombró como fiscales coadyuvantes de Marcelo García Berro, para actuar ante el Tribunal Oral Federal No 1 de San Martín, a Juan Patricio Murray, fiscal federal de San Nicolás, y a Javier De Luca, fiscal general ante los Tribunales Orales Federales porteños.