Llevó tiempo, pero el Central terminó reconociendo que tiene contratado a Carlos Bercún, la pieza que está quedando en el centro de las sospechas de este nuevo caso de presuntas coimas en el Senado. El titular del BCRA, Aldo Pignanelli, también entregó copias de los informes que el lobbysta brindaba a la entidad y que justificaban la relación contractual. Por trabajos casi idénticos a éstos, el consultor tenía fuertes ingresos de Economía, ABA, y el Citibank. Pignanelli también se comprometió a concurrir el próximo jueves a la Comisión de Asuntos Constitucionales en la que se instruye una “cuestión de privilegio”. Es una herramienta que pretende determinar qué participación pudieron tener integrantes del cuerpo en la resonante denuncia.
La conducción del PJ tendrá que decidir si sigue tolerando la reticencia del pampeano Carlos Verna en concurrir a la comisión parlamentaria a explicar la razón y el contenido de su relación con Bercún. Si no decide pronto qué hace, nada le garantiza al justicialismo que el tema no termine debatido en el recinto. A la hora de las decisiones tendrá que considerar si, como repiten en el Central, parte del personal de Bercún contratado por el BCRA y que en verdad trabajaría en la consultora de Hipólito Yrigoyen 1530 no concurrirían a la entidad bancaria porque desde el año pasado Verna habría pedido que se lo adscribiera a su despacho.
En las agendas del banquero del HSBC Emilio Cárdenas quedaron registradas muchas de las reuniones que Bercún le organizaba a los miembros de ABA con legisladores y funcionarios de gobierno. Como al descuido, en los papeles secuestrados por la Justicia se encuentra el nombre de Héctor Rincón. Lejos de ser un inofensivo ascensorista de Roque Fernández que Bercún llevó a la consultora constituida legalmente el 24 de enero del 2000, Rincón ocupaba un lugar muy cercano al ex ministro y finge hoy de secretario privadísimo de Bercún. En los pasillos del Central lo reconocen como uno de los empleados de la consultora que estaría contratado por la entidad. Por cierto, también admiten que no se lo ve por el BCRA. Dicen que en el 2001 Verna habría pedido la adscripción a su despacho en el Senado. Sin embargo señalan que lejos de prestarle servicios a Verna el empleado cumpliría su destino laboral en las oficinas del grupo Werthein que Bercún utiliza como sede de su consultora. De ser así, más que frente a una picardía los senadores estarían frente a otro comportamiento que bordea el Código Penal. No por casualidad, el ex presidente Fernando de la Rúa sobrelleva una causa judicial por una movida similar en la que el jardinero que atendía sus bonsai en Villa Rosa figuraba en la plantilla de los empleados municipales.
“De ninguna manera voy a negar mi amistad con Ricardo Branda” fue una de las frases que durante esta semana le escucharon repetir a Verna. Además de su lealtad para con el ex senador formoseño quedará por ver hasta qué punto el pampeano admitirá sus vínculos con el lobbysta. Conocedor de que en las malas serían varios los que negarían su amistad, cuando su nombre comenzó a ocupar espacio en los medios, personalmente Bercún se encargó de telefonear a varios senadores. “Estoy cargando el Excalibur judicial”, fue una de las ocurrencias que le comentó telefónicamente al senador rionegrino Miguel Angel Picheto. Palabras más, palabras menos, la conversación se repitió con varios legisladores. Los que conocen al lobbysta afirman que sus métodos de convencimiento están lejos de la diplomacia y más cercanos a la disuasión directa. Quedará por ver cuántas cartas de peso tiene para lograr el respaldo de sus amigos en el Senado.
Mientras el justicialismo apuesta a que el paso del tiempo vaya restándole peso al tema, el jujeño Gerardo Morales reclamó que la Auditoría General de la Nación audite los estados financieros y contables de la consultoría C.B. & asociados S.A. “Concretamente nos interesa saberde dónde recibe recursos y a quiénes paga o en qué cosas gasta la consultora”, aseguró Morales. El jujeño además estudia si la reticencia de Verna no viola el reglamento del cuerpo y preceptos constitucionales, por lo que no descarta llevar el tema al recinto. Aunque formalmente el cuerpo puede reconvenir al senador pampeano, la sola presentación del caso puede ser el disparador que obligue a Verna a entregar una respuesta pública. Cosa que la conducción de la bancada quiere evitar a toda costa.
No son pocos los parlamentarios que piensan que si el tema se discute en el plenario también habría que analizar la conformación de una comisión con facultades investigativas. A un mes del fin de las sesiones ordinarias, a los senadores no les sobra tiempo para llegar a una conclusión que despeje las dudas. Lo paradójico del caso es que finalmente los banqueros parecen haber conseguido que la denominada Ley Barrionuevo duerma entre los laberintos de las comisiones de la Cámara de Diputados.
Detrás de la aparición de Bercún en los primeros planos está quedando al descubierto un circuito paralelo al institucional en el que parecen tomarse las decisiones más trascendentes y en el que varios se acercan al Código Penal. En las respuestas a la comisión legislativa que preside la santacruceña Cristina Fernández de Kir-
chner, el Citibank deja en claro por qué fue sentado en el banquillo del Senado de los Estados Unidos. Curiosamente, para una entidad bancaria, responde que no tiene ningún contrato escrito con Bercún y tampoco tiene cómo comprobar su trabajo ya que los informes eran “en forma verbal, personal o telefónicamente” en la Gerencia de Relaciones Institucionales.