Dos nuevas investigaciones sobre la desaparición de 14 obreros de la filial argentina de Mercedes Benz durante la dictadura comenzaron ayer.
Una de ellas empezó a desarrollarse en Alemania, donde el consorcio automotor Daimler-Chrysler acaba de crear, ante la presión de los llamados “accionistas críticos”, una comisión investigadora independiente para reconstruir los hechos y el papel de la empresa en los secuestros. Otra pesquisa se inició en Buenos Aires con una denuncia que hizo ante la Justicia federal un grupo de familiares de los operarios desaparecidos. La querella involucra al canciller Carlos Ruckauf, al secretario general de Smata José Rodríguez, a los ex directivos de la automotriz y los responsables militares, y los acusa de asociación ilícita y homicidio.
Los empleados de Mercedes Benz desaparecidos entre 1976 y 1977 pertenecían o apoyaban a la comisión interna de aquella época, conocida como grupo de los nueve, que estaba enfrentada a la conducción de Rodríguez en el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (Smata). Los secuestros quedaron asociados a un conflicto laboral que atravesó la compañía en octubre de 1975, que incluyó 115 despidos. En aquel entonces Ruckauf era ministro de Trabajo. Dos días antes de la huelga de los trabajadores de la compañía automotriz firmó el decreto conocido como “de aniquilamiento de la subversión”.
La denuncia penal presentada ayer por familiares de las víctimas -patrocinados por el abogado Ricardo Monner Sans–, que cuentan con apoyo de un grupo de ex empleados de Mercedes Benz, quedó radicada en el juzgado federal 3, que subroga Rodolfo Canicoba Corral. Está basada, como adelantó el domingo Página/12, en la investigación que realizó la periodista alemana Gabriela Weber, quien entre los últimos elementos a los que logró acceder obtuvo un informe de la propia empresa, según el cual en 1975 Ruckauf pidió, como titular de la cartera laboral, “eliminar los elementos subversivos de las fábricas”. De acuerdo con la documentación “los despidos eran pedido urgente” tanto de Ruckauf como de Rodríguez.
La creación de la comisión que puso a trabajar desde Stuttgart la firma alemana para esclarecer las desapariciones fue anunciada oficialmente ayer. Está presidida por el catedrático alemán Christian Tomuschat, un experto en derecho internacional que investigó violaciones a los derechos humanos en Guatemala y Los Balcanes. “Tenemos que establecer la verdad, no presentar acusación ni juzgar, sino establecer la verdad”, dijo ayer. “Puede ser que la empresa haya contribuido a la desaparición de miembros del consejo de empresa de la filial de Mercedes Benz en la localidad de González Catán, en Buenos Aires”, señaló.
El equipo de investigadores tendrá un año de plazo para plasmar su trabajo y trabajará tanto en Alemania como en Argentina interrogando a testigos y ex empleados y analizando los archivos de la empresa. El acceso a esa documentación es, según Tomuschat, “una de las condiciones fundamentales para la investigación” al igual “que se autorice los empleados y ex empleados a pronunciarse libremente sobre los hechos”. “Sería muy grave que la comisión comprobara que han sido destruidas pruebas”, agregó.
Entre los objetivos centrales para la investigación, la empresa instruyó que se analice si directivos de Mercedes Benz Argentina entregaron entre 1976 y 1978 a las autoridades militares los domicilios de los 14 obreros secuestrados. Pero también indicó que se deben estudiar posibles responsabilidades de la casa matriz en Alemania.
El abogado Wolfgang Kalek, titular de la Asociación de Abogadas y Abogados Republicanos de Alemania, cuestionó la demora de Daimler-Chrysler en constituir el equipo para la pesquisa. Kalek fue quien hizo en 1999 la denuncia en los tribunales de Nüremberg para que desde allí se hiciera un juicio por las desapariciones. El letrado responsabilizó por entonces al directivo de Mercedes Benz, Juan Tasselkraut, de haber “entregado” a los trabajadores a las fuerzas de seguridad. “Durante estos tres años -sostuvo ayer– negaron el caso. Recién reaccionaron al elevarse voces de sus propias filas, como la comisión interna y los accionistas críticos.” De todos modos, Kalek subrayó que el valor de la comisión dependerá de lo que pueda llegar a lograr. También envió una carta a Monner Sans en la que anuncia “el apoyo de nuestra organización al trabajo y a la querella”. “Tenemos la esperanza que al menos en este caso la lucha contra la impunidad desde los dos lados del Atlántico sea exitosa.”
La denuncia que analizará en principio el juez Canicoba Corral plantea como eje que desde 1975 en Argentina “se recurrió a la violación de derechos humanos como forma de mejorar la rentabilidad de grupos económicos”. Sugiere que se investigue la relación entre la Mercedes Benz, la burocracia sindical de entonces, las autoridades civiles –anteriores al golpe del ‘76– y los militares después. También pide que se ratifique la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final, ya declarada por la Sala II de la Cámara Federal. Es la primera vez que se intentarán establecer responsabilidades penales por las desapariciones de la Mercedes Benz, un caso que hasta ahora sólo había sido tratado en profundidad en el Juicio por la Verdad que sustancia la Cámara Federal de La Plata para esclarecer qué pasó con los desaparecidos.