Las empresas extranjeras que demandaron a la Argentina ante el Ciadi, la Cámara de Comercio Internacional de París y la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional exigen el pago de por lo menos 14.047 millones de dólares, más los intereses correspondientes a los años transcurridos desde la devaluación de 2002. El cálculo es intrincado porque cada contrato fija condiciones diferentes, pero según distintas fórmulas podrían oscilar entre 3000 y 11.000 millones de dólares más. Los casos en los que ya se produjeron condenas contra la Argentina ascienden a 1155 millones de dólares, más los intereses. Otros han sido suspendidos por acuerdo entre las partes que negocian nuevos contratos y algunos fallados a favor del país. Con escasas excepciones los abogados que patrocinan a esas empresas son directivos o miembros del Colegio de Abogados de la Calle Montevideo y del Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia, Fores, dos entidades que participaron en forma activa en el sostén de la dictadura militar de cuya implantación se cumplirán en pocos días 33 años y cuyos directivos han recibido financiamiento para investigaciones académicas de la Fundación Creer y Crecer, el equipo intelectual que desde principios de siglo preparó el desembarco político de Maurizio Macri y Francisco de Narváez. En el cuadro que acompaña esta nota se publica por primera vez completa la nómina de esos abogados y su pertenencia a aquellas organizaciones de lobby económico y difusión ideológica, desde las cuales se defiende hasta hoy la impunidad para los crímenes del terrorismo de Estado, la política económica del neoliberalismo y la represión de sus consecuencias sociales, salvo que se trate de las acciones directas emprendidas por las cámaras patronales agropecuarias. El cuadro también incluye a los abogados que actuaron como testigos y peritos en contra del Estado Nacional. En 1976 el Colegio de Abogados de la Calle Montevideo sostuvo que las Fuerzas Armadas salvaron a la República, cuando “había vacancia de poder y un vaciamiento de la Patria, tanto moral como político y económico”. El 6 de marzo de 1981, cuando el presidente de facto Jorge Videla dejó el gobierno, el Colegio destacó “la independencia con que han actuado los jueces”. Pero en mayo de 2005, cuando el Procurador del Tesoro de la Nación, Osvaldo Guglielmino, amagó identificar a quienes litigan contra el Estado en el Ciadi, el Colegio de Abogados de la Calle Montevideo dijo que eso afectaría “sus derechos de defensa y el libre ejercicio de la profesión” y “atentaría contra el régimen democrático” y la posibilidad de resistir “la prepotencia estatal”. ¿Nostalgia por la clandestinidad de la dictadura, tal vez?

Hecha la ley

Ciadi es la sigla del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, creado por el Banco Mundial en 1967. Su secretario general es el ex primer ministro del Perú Bobby Dañino (sic). La legislación que permitió derivar a ese organismo la jurisdicción y la competencia que correspondían a los tribunales argentinos fue una de las primeras decisiones adoptadas por la Junta Militar en 1976, que con ese fin modificó el artículo 1 del Código Procesal Civil y Comercial. Su redacción histórica impedía la actuación en los asuntos patrimoniales “de jueces extranjeros o de árbitros que actúen fuera de la República”. En abril de 1976 el gobierno militar suprimió tal limitación. Ese decreto de un solo artículo se conoce como “Ley Nº 21.305” y fue fundamentado en la necesidad de “promover la cooperación económica y el comercio”. Al mismo tiempo se anuló el impuesto a la herencia, días después de que muriera el padre del ministro de economía José Alfredo Martínez de Hoz. Su hijo homónimo es el director de la revista del Colegio de Abogados de la Calle Montevideo, donde firmó un artículo en defensa de ese sistema de arbitraje, que se consolidó con los tratados bilaterales de protección de inversiones (TPI) firmados durante el gobierno de Carlos Menem. Según Martínez de Hoz (h.) las obligaciones que surgen del Ciadi tienen carácter multilateral, sus laudos son autosuficientes y no pueden ser impugnados ante los tribunales locales. Por eso, agrega, no puede aplicárseles la doctrina de la Corte Suprema de Justicia en el caso Cartellone, de 2004, “argumentando que son contrarios a la Constitución Nacional o al ordenamiento jurídico interno del país receptor de la inversión”. Por el contrario, Martínez de Hoz (h.) sostiene que un laudo del Ciadi podrá ser invocado como defensa ante una acción dentro del país. Se basa en un nuevo decreto, que el dictador Roberto Viola firmó en 1981 y que ningún gobierno constitucional modificó, por el cual la prórroga de jurisdicción en favor de “jueces extranjeros o de árbitros que actúen fuera de la República” no se aplica “en los casos en que los tribunales argentinos tienen jurisdicción exclusiva o cuando la prórroga está prohibida por ley”. Bastaría con una ley de artículo único, que volviera a la redacción histórica del Código Procesal para poner en crisis esta industria del juicio contra el Estado ante árbitros parciales y no sujetos a control alguno, como denunció el ex juez de la Corte Suprema Héctor Masnatta en una presentación en la que consiguió que por disposición del juez argentino Ernesto Marinelli la Cámara de Comercio Internacional de París suspendiera el arbitraje por Yacyretá, en 2005.

La puerta de servicio

En 1984, mientras la Comisión del Congreso que investigaba la ruinosa estatización de la compañía Italo de electricidad allanó el estudio de Guillermo Walter Klein y Héctor Mairal, por la puerta y la escalera de servicio escaparon José Alfredo Martínez de Hoz (h.) y Mariano Grondona (h.) con dos valijas cargadas de documentación. Klein fue secretario de Planificación de Martínez de Hoz. El funcionario del ministerio de Economía Juan Carlos Casariego de Bel, quien sostenía que la Italo no valía más de ocho millones de dólares, desapareció el 15 de junio de 1977, cuando iba a encontrarse con él. El Estado terminó pagando por la empresa 400 millones de dólares. Dos centenares de carpetas sustraídas por Martínez de Hoz y Grondona fueron recuperadas luego en el domicilio de un familiar y permitieron reconstruir también la operatoria de fuga de capitales realizada a través de ese y de otros estudios jurídicos, por la que el dinero de argentinos depositado en bancos del exterior se contabilizaba como préstamos que, una vez estatizados, engrosaron la deuda externa que condicionó el desenvolvimiento de la economía al concluir la dictadura. El 27 de abril de 1976, Videla y Martínez de Hoz crearon nueve comisiones asesoras honorarias encargadas de proponer soluciones a los litigios con grandes empresas, la mayoría extranjeras. También entonces el Colegio de Abogados de la Calle Montevideo fue la cantera de reclutamiento para el aporte civil a estas comisiones. En tres de ellas fueron designados sus miembros Alberto Rodríguez Galán (Siemens), Alejandro Lastra (Shell) y Horacio García Belsunce (Compañía Azucarera Tucumana). Además, en cada comisión había un coronel, un capitán de navío y un comodoro con aptitud especial en negocios. Al presentarlas, Martínez de Hoz dijo que esos litigios no debían ser “fácil pasto para la demagogia hecha a expensas de los verdaderos y sanos intereses del país, que están por encima de los intereses sectoriales”. Hasta su designación como ministro de Economía, Martínez de Hoz presidió la Italo. Por esa razón se excusó de intervenir. Sin embargo, la comisión investigadora estableció que el ministro impartió directivas y orientó el trabajo del que por razones éticas no podía participar y que constituye un modelo histórico de prevalencia del interés sectorial sobre el nacional. Ahora su hijo homónimo y el de Mariano Grondona exigieron 1800 millones de dólares en nombre de la eléctrica chilena Enersis y 480 millones en representación de la petrolera alemana Wintershall. Este último caso fue rechazado porque no se agotaron primero los recursos internos. Rodolfo Barra representa ante el Ciadi a dos grupos de bonistas italianos que reclaman 21 millones de euros y medio millón de dólares. Entre tantos cargos públicos olvidó que su paso por la Corte Suprema de Justicia lo inhibe moralmente de litigar contra el Estado Nacional, como le recordaron a Gustavo Bossert cuando firmó un dictamen técnico, que Telefónica usó contra la Argentina en el Ciadi. Como experto o testigo figura el constitucionalista Alberto Angel Bartolomé Bianchi, quien en la década anterior fue procesado junto con Barra por un juicio en el que la provincia de Catamarca, a la que representaban, les reprochó haber actuado a favor de la contraparte. El mismo Bianchi, junto con Héctor Mairal, actúa en la demanda por 4500 millones de dólares iniciada por Giovanna Beccara y otros bonistas italianos. Mairal&O’Farrell es el estudio que representa a British Gas, que reclamó 238 millones de dólares más interés compuesto por la devaluación sin ajuste tarifario y a las eléctricas chilenas, en otro caso en el que Bianchi es testigo. El ex secretario de la Corte Guido Tawill es uno de los representantes del estudio Bomchil que lleva algunos de los casos de mayor envergadura patrimonial: el de Azurix contra la provincia de Buenos Aires (por 566 millones de dólares); el de Enron (639 millones de dólares), Camuzzi Internacional, controlante de las distribuidoras Gas del Sur y Gas Pampeana (337 millones de dólares); el de CMS Gas Transmisson, (243,6 millones de dólares). También figuran en forma destacada en la lista los ex socios Emilio Cárdenas y Juan Carlos Cassagne, quienes pidieron 600 millones de dólares para el Bank of Nova Scotia. Cassagne colaboró con Barra y con Roberto Dromi en el diseño de las privatizaciones de los ’90.

Cuestión de eficacia

Fores es una institución de lobby creada en octubre de 1976, según sus propias declaraciones para enfrentar “la campaña antiargentina”, en sintonía con “el espíritu que guía al Proceso de Reorganización Nacional”. Sus estatutos contemplan que en caso de disolución sus bienes pasarán al Colegio de Abogados de la Calle Montevideo. Uno de sus fundadores fue Jaime Lamont Smart, quien como ministro bonaerense de gobierno patrocinó las Conferencias sobre la Reforma Judicial que organizó Fores en 1977 y 1978, presididas por los generales Albano Harguindeguy, Manuel Ibérico Saint Jean y Oscar Alfredo Saint Jean y auspiciadas por Acindar y la embajada de los Estados Unidos. “Se ha ganado una guerra y se está alcanzando la paz, a la que contribuimos”, sostuvo el presidente de Fores en las de 1978, luego de fustigar como “factor político espurio al poder sindical, al exagerado crecimiento de las funciones del Estado”. Explicó así la participación de Fores en la formulación del plan político de la Junta Militar: “Los hombres de derecho debemos hacer un imprescindible aporte a los hombres de armas”. En 1979 Fores informó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que en la Argentina la justicia era “independiente como nunca antes”. En marzo de 2007, en cambio, sostuvo que el Poder Ejecutivo amenazaba y presionaba a los jueces y ponía en peligro la independencia judicial. El 16 de septiembre de 1979, el presidente del Colegio de Abogados de la Calle Montevideo, Manuel V. Ordóñez, dijo que la situación de los derechos humanos era mucho peor en los Estados Unidos que en la Argentina, porque “no hay cientos sino miles de presos políticos”. Según contó en el juicio a las juntas en 1985, agradeció al gobierno militar “que hubiera vencido a la subversión”. Su compañero de directiva Ernesto O’Farrell sostuvo que “el país sufrió una agresión terrorista de magnitud desconocida y que las Fuerzas Armadas procedieron en forma eficaz”. Ese tiempo pasado fue mejor: el 3 de marzo de este año el Colegio de Abogados de la Calle Montevideo afirmó que la investigación del Consejo de la Magistratura sobre ocho jueces de la Cámara de Casación por demorar causas sobre la represión agraviaba la independencia del Poder Judicial.

A la derecha de la dictadura

En 1983 el presidente de Fores Horacio M. Lynch, publicó en la revista del Colegio de Abogados un elogio de la justicia sudafricana del apartheid y de “la férrea posición anticomunista de su gobierno, jaqueado por vecinos entregados a la órbita soviética”. A la derecha de la propia dictadura, en 1983 Fores cuestionó el Documento Final firmado por la última Junta Militar, porque no analizó “las razones de la renuncia a las vías legales para reprimir”. Con toda coherencia reclamó la estabilidad de los jueces designados por las Fuerzas Armadas y llegó a sostener que “jamás los jueces actuaron con tanta libertad como durante el Proceso de Reorganización Nacional”. En 1985, Fores publicó un libro reivindicativo de la represión ilegal titulado Definitivamente nunca más, la otra cara de la Conadep, en el que afirmó que “los maestros que envenenan la mente” son los responsables cuando un grupo armado “arranca a un muchacho de su casa y lo acribilla a balazos”. Quienes hoy escriben “en las paredes consignas terroristas, morirán abatidos por las fuerzas de seguridad. ¿Estos solos serán los asesinos?”. El informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas le pareció ideológico, incompleto y deficitario, porque no explica el fenómeno de la violencia subversiva y presenta a las víctimas como “personas inocentes”. Desde que Néstor Kirchner llegó a la presidencia, Fores se opuso a todas sus iniciativas en materia de economía, justicia y seguridad, e impugnó los pliegos con las designaciones de Esteban Righi (la Ley de Amnistía de 1973 y la disolución del Camarón Federal en lo Penal “destruyeron las vías legales de combate al terrorismo, contribuyendo a la posterior represión ilegal”), Raúl Zaffaroni (“centra su preocupación en los derechos de los imputados”) y Carmen Argibay (“realizó imprudentes declaraciones periodísticas sobre el aborto”).

La nueva generación

El ex director académico de Fores e investigador senior de la Asociación Civil Unidos por la Justicia, Germán Garavano, es el Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, propuesto por el bloque macrista. Unidos por la Justicia fue fundada en 2003 por el empresario De Narváez, como parte de su desembarco político. Además la Fundación Creer y Crecer, que De Narváez creó a principios de siglo y que compartió durante los primeros años con Macri, financió una investigación de Fores, dirigida por Garavano, sobre las Condiciones Legales para el Desarrollo Económico y Social y las regulaciones estatales que obstaculizarían el crecimiento, y otra dirigida por el actual presidente del Colegio de Abogados de la Calle Montevideo, Enrique V. Del Carril, y por su antecesor, Horacio M. Lynch, sobre reforma del Poder Judicial. Garavano ni siquiera se privó de participar en un seminario sobre “Areas urbanas fuera de control: la experiencia de Río de Janeiro” junto a Julio Alberto Cirino, el ex agente del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército que durante la dictadura fue enlace con la embajada de los Estados Unidos, reconvertido luego en conferencista sobre seguridad y terrorismo, hasta su detención en noviembre pasado para responder por los crímenes de lesa humanidad que para el Colegio de Abogados de la Calle Montevideo constituyen “un concepto impreciso”.