El Colegio de Abogados de la Calle Montevideo, para el que las dictaduras de 1966 y 1976 fueron respetuosas de la ley y la independencia judicial, entiende que hoy el autoritarismo avasalla la división de poderes. Uno de sus socios, el actual integrante del jurado de enjuiciamiento de magistrados y embajador del presidente de facto Juan Carlos Onganía en Estados Unidos, Eduardo Roca, se jactó en una conferencia de haber recomendado el derrocamiento del ex presidente Arturo Illia ante una consulta que le formuló en 1965 el general Julio Alsogaray. Bajo el gobierno de Onganía la República fue “un auténtico estado de derecho”, dijo Roca, quien hoy es experto presentado por el Banco Santander en su demanda contra la Argentina ante la Cámara de Comercio Internacional. Otro socio, Eduardo Aguirre Obarrio, ministro de Defensa del presidente de facto Alejandro Lanusse en 1972, fue detenido por la masacre de Trelew (que el Colegio llama “presunto homicidio”), pero le concedieron el arresto domiciliario y luego quedó en libertad mientras prosigue la investigación. Aguirre Obarrio fue presentado como perito por TSA Spectrum en la causa en la que reclamó 509 millones de dólares en el Ciadi. Otro de los miembros del Colegio tuvo menos suerte que él: Jaime Smart, ex ministro de gobierno bonaerense durante la última dictadura y también miembro fundador de Fores, espera el juicio en el penal de Marcos Paz por el secuestro y las torturas padecidos por el periodista Jacobo Timerman. Sus hijos Héctor y Javier también acusaron al último ex presidente del Colegio de Abogados de la Calle Montevideo y abogado del diario La Nación, Roberto Durrieu, quien era entonces fiscal de Estado en la provincia de Buenos Aires, sobre cuya actuación prosiguen las investigaciones. Para el Colegio de Abogados de la Calle Montevideo, estas decisiones judiciales formarían parte de una “persecución política” basada “en la venganza y en la inequidad”. Las posiciones del organismo sobre el presente guardan coherencia con aquellas. En febrero de 2003, como presidente del Colegio, Durrieu exigió al gobierno mano dura con los cortes de rutas de “autodenominados grupos piqueteros” y le recordó que en una democracia representativa “toda reunión de personas que se atribuyan los derechos del pueblo y peticionen en nombre de éste comete delito de sedición”. En 2004, Durrieu fue uno de los asesores legales del ex ingeniero Juan Blumberg, quien organizó varias marchas en reclamo del aumento de penas y el ablandamiento de garantías procesales. En 2006 el Colegio calificó como “brutal acto de autoritarismo” los incidentes en la asamblea de la Universidad de Buenos Aires, de los que responsabilizó a la “pasividad del gobierno”; en 2007 invitó a un almuerzo de confraternidad al rabino Sergio Bergman, autor del Himno Nacional de la Seguridad y este año criticó como “una censurable medida de acción directa que afecta derechos constitucionales básicos” el reclamo frente a las plantas impresoras de Clarín y La Nación de camioneros que cuestionaban el encuadramiento sindical. Sin embargo, apoyó a las cámaras patronales agropecuarias, cuyos cortes de ruta amenazaron con el desabastecimiento a las ciudades. Con la firma de su presidente y su secretario, Enrique del Carril y Héctor Huici, sostuvo que “mayor reproche merece la actitud alentada o tolerada por el Gobierno de acudir a fuerzas de choque adictas para solucionar cortes de rutas”; encomió la “espontánea y legítima protesta popular”; llamó “medidas arbitrarias” a las retenciones que “lesionan el principio de legalidad” y expresan “la tendencia hegemónica del Poder Central” e instó a los productores a impugnarlas ante la Justicia y a los legisladores a votar en contra del gobierno por encima “de lealtades partidarias”. Exhortó a los jueces y fiscales a rechazar supuestas presiones oficiales y distinguir “las conductas delictivas de otras que son legítimas manifestaciones del derecho de reunión”. Consideró las movilizaciones convocadas por la Mesa de Enlace como un reclamo de que funcionen las instituciones, comunicó a los legisladores que ellos “representan a los pueblos y regiones que los han elegido más que al partido al que pertenecen” y atribuyó al Poder Ejecutivo “obstinación en mantener una postura insostenible defendiendo medidas ilegales y confiscatorias, recurriendo a personeros que llaman a la violencia”. Poco después, mientras Alfredo De Angeli acompañaba frente al Congreso a un grupo de ejecutivos de las AFJP que despotricaban contra “los montoneros del gobierno que quieren abolir la propiedad privada” (sic), Patricia Bullrich era recibida en el Colegio de Abogados de la Calle Montevideo como la hija pródiga que vuelve allí donde siempre debió estar. Junto con el fundador y ex presidente de Fores, Horacio Lynch, habló sobre la falta de independencia de la justicia en democracia. Recién el mes pasado el Colegio de Abogados de la Calle Montevideo se manifestó preocupado por el ataque a los hermanos Rossi y la ocupación de un banco, cuyo carácter sagrado no requiere explicación.