La Corte Suprema de Justicia dejó firme ayer una serie de resoluciones de tribunales inferiores al rechazar planteos de defensores de represores procesados por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura. El máximo tribunal se pronunció en forma negativa, en su habitual plenario de cada martes, sobre recursos de abogados de ex militares y policías que cuestionaban sus procesamientos y, en algunos casos, el cumplimiento de su prisión preventiva. Entre los planteos rechazados por la Corte figura uno que había promovido el ex ministro del Interior Albano Harguindeguy.

La Cámara Nacional de Casación Penal, en tanto, anunció su decisión de “mantenerse en acuerdo extraordinario permanente” con el objetivo de “procurar la celeridad en las causas seguidas por violaciones a los derechos humanos ocurridas en la última dictadura militar y las restantes”, que no especificó. En su última reunión de acuerdos, Casación decidió requerir un informe a los tribunales orales federales sobre causas en trámite y personas detenidas, con el aparente objetivo de tomar luego decisiones para garantizar la celeridad de los procesos.

Dos semanas atrás, la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento para causas por delitos cometidos durante el terrorismo de Estado, de la Procuración General de la Nación, le solicitó a Casación la reasignación de las causas vinculadas con el Primer Cuerpo de Ejército radicadas en el abarrotado Tribunal Oral Federal 5. De una respuesta positiva de Casación depende la posibilidad de juzgar en un plazo razonable a los responsables de los centros clandestinos porteños.

Ayer la Corte rechazó un recurso contra la preventiva de Harguindeguy, en la causa por el secuestro extorsivo de los empresarios Federico y Miguel Gutheim, que dictó la Sala II de la Cámara Federal porteña. También desestimó recursos de los represores rosarinos Eduardo Costanzo, Ramón Rito Vergara y Mario Alfredo Marcote, procesados en la causa Feced.

El máximo tribunal declaró inadmisible, entre otros, un recurso extraordinario del ex médico de la ESMA Carlos “Tommy” Capdevila, contra una resolución de la Cámara Federal que le negó la excarcelación en el sumario en el que cumple prisión preventiva como partícipe necesario de la sustracción de quien se conoce como Carla Azic, joven apropiada por el prefecto Antonio Azic e hija biológica de Silvia Dameri, vista por última vez en la ESMA. El máximo tribunal también dejó firme la prórroga de la prisión preventiva del ex oficial de la Armada Pablo García Velasco en la causa que se le sigue por la desaparición del periodista Rodolfo Walsh.

El tribunal desestimó recursos de queja de los defensores de los ex jefes del centro clandestino Pozo de Arana, comisarios Miguel Kearney y Rubén Oscar Páez, sobre sus procesamientos con prisión preventiva. Los represores fueron excarcelados en diciembre por la Cámara de Casación. En febrero los fiscales Juan Romero Victorica y Raúl Pleé apelaron las liberaciones. Casación debe resolver si acepta los recursos y, en tal caso, gira ambos expedientes para que la Corte se pronuncie sobre la libertad de los policías.