Cinco oficiales retirados de la Armada y dos de Prefectura fueron detenidos por orden de la Justicia de Bahía Blanca por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura en la base naval de Puerto Belgrano. Entre los imputados se encuentran los responsables del informe de inteligencia que sindicó como “personal a ser raleado de un medio de difusión fundamental” a los dos obreros gráficos del diario La Nueva Provincia que habían organizado sindicalmente a los trabajadores de la empresa y que tres meses después fueron secuestrados, torturados y asesinados. Tanto el fiscal federal Hugo Cañón como la abogada Mirta Mántaras, de la APDH bahiense, solicitaron que los homicidios de Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola fueran investigados por el juez federal ad hoc Eduardo Tentoni, a cargo de la causa de la Armada, y no por el juez Alcindo Alvarez Canale, quien se excusó por su parentesco con un marino.

La causa se reabrió a fines de 2005, pero durante más de un año se sucedieron excusaciones y recusaciones. En febrero de 2007 se declaró competente Tentoni, que dos años después ordenó las primeras detenciones. En los últimos días se concretaron las del vicealmirante Eduardo Fracassi, los capitanes de navío Guillermo Martín Obiglio, Guillermo Félix Botto y Oscar Alfredo Castro , el capitán de corbeta Luis Alberto Pablo Pons y los prefectos Francisco Martínez Loydi y Félix Ovidio Cornelli.

Fracassi fue comandante de Infantería de Marina, en cuya base Baterías fueron vistos por última vez varios desaparecidos. En 1976 declaró que la patria está “empeñada en la más artera y traicionera de las guerras: la subversiva”, en defensa de “la civilización occidental y cristiana”. A un suboficial que lo consultó sobre su hijo desaparecido le aclaró: “Si está en algo no lo vas a ver más”. Fracassi se aloja en la delegación de la Policía Federal de la que se fugó Julián Corres.

Obiglio fue jefe del departamento inteligencia del Comando de Operaciones Navales en 1975 y 1976. Su subordinado Botto conducía la división contrainteligencia. Ambos están en Villa Floresta, igual que los prefectos. Botto participó del montaje en el que fue fusilada Susana Martinelli, vista en cautiverio en las bases de Mar del Plata y Puerto Belgrano. Castro comandó la Fuerza de Tareas 2, con jurisdicción en Coronel Rosales, la zona portuaria de Ingeniero White, Cuatreros y Galván, e incursiones esporádicas en Bahía Blanca. Pons encabezó la Brigada de Infantería 1 y fue reconocido en un secuestro y una sesión de torturas.

Cornelli fue jefe de la delegación bahiense de Prefectura. Martínez Loydi conducía el departamento Informaciones. En un informe secreto sobre “guerrilla sindical” en La Nueva Provincia ubica a Heinrich y Loyola a la cabeza un listado de “personal a ser raleado de un medio de difusión fundamental” para la masacre que se avecinaba. Ante la consulta de Página/12, Martínez Loydi dijo no recordar el informe, tradujo raleado como “movido o sacado” y se permitió dudar: “No creo que Prefectura se haya metido en la parte gremial”. En diciembre de 1976, cuando dejó la ciudad, Cornelli se despidió en persona de la directora del diario Diana Julio de Massot y reafirmó su decisión de “aniquilar a la huestes de la delincuencia ideológica”.