El abogado Rodolfo Yanzón y la sobreviviente de la ESMA Graciela Daleo presentaron ayer un informe oral ante el Consejo de la Magistratura sobre los jueces subrogantes Guillermo Jorge Yacobucci y Luis María García, miembros de la Cámara de Casación que en diciembre dispusieron la excarcelación de un grupo de represores encabezado por Jorge Acosta y Alfredo Astiz. Acompañados por un grupo de sobrevivientes del mayor centro clandestino de la Armada, fueron recibidos por el presidente del Consejo, Luis María Bunge Campos, la presidenta de la Comisión de Acusación, Diana Conti, y la consejera Marcela Losardo. Yanzón ratificó ayer la denuncia penal por prevaricato y abuso de autoridad de ambos magistrados ante el juez federal Claudio Bonadío, que correrá vista al fiscal Guillermo Marijuán para que impulse la acción penal.

La denuncia de Yanzón y Mónica González Vivero y de las sobrevivientes Daleo y Delia Barrera se acumuló a una anterior contra los mismos jueces que formuló el titular de la Secretaría de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde. El escrito enfatiza que la orden de liberar a represores procesados por crímenes de lesa humanidad, cuyas prisiones preventivas no excedieron los tres años que el Código Procesal Penal fija como tope máximo antes de la sustanciación del juicio, implica la comisión del delito de prevaricato.

Los abogados de la Fundación Liga Argentina por los Derechos Humanos también cuestionaron los argumentos con los que Yacobucci y García ordenaron esta semana la liberación de Miguel Clemens y Daniel Cuomo, ambos ex ESMA que pasaron menos de tres años detenidos. “Ellos dicen que no existe peligro de fuga ni de entorpecimiento de la investigación, pero en la práctica la resolución implica desproteger a testigos y derribar parte de la prueba testimonial, ya que muchos sobrevivientes nos han manifestado su temor y han advertido que no quieren declarar con los represores libres”, explicó Yanzón. Un recurso del fiscal Raúl Plée en el caso de los marinos beneficiados en diciembre y la fianza fijada por el juez Sergio Torres en los casos de Clemens y Cuomo impidieron hasta ahora concretar las liberaciones.

“Queremos que lleguen al juicio oral en la cárcel”, enfatizó Daleo a su turno frente a los consejeros Bunge Campos, Conti y Losardo. Agregó que la Cámara de Casación “obstruyó juicios que llegaron con veinticinco años de demora” y que ese proceder “es una afrenta a los deseos de justicia”. Lamentó “el silencio y ocultamiento de archivos” por parte de los militares y consideró que “están dispuestos a todo, incluso a fraguar un estado de incapacidad, como en el caso de Massera”. Yanzón reiteró que los fallos a favor de símbolos del terrorismo de Estado como Acosta y Astiz forman parte de “una política de impunidad” en beneficio de los “artífices del genocidio en la Argentina”.

Los abogados y sobrevivientes recusaron a Yacobucci en todas las causas por delitos de lesa humanidad por su pasado como pluma de la revista Cabildo en 1977 y 1978, cuando el pasquín reivindicaba (igual que hoy) los métodos del Estado terrorista. Los consejeros volverán a recibir a los abogados tras el plenario de la próxima semana.