En un doble juego de acceder al pedido de las cámaras agropecuarias de repartir con las provincias el dinero de los derechos aduaneros y de involucrar a gobernadores e intendentes en la discusión con los ruralistas sobre la distribución del ingreso, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció la coparticipación del 30 por ciento de los ingresos que se producen por la exportación de soja y sus derivados. Esto equivale a más de 6500 millones de pesos anuales, un 11 por ciento del total de los fondos coparticipables.

Como en rigor no se trata de coparticipación, porque para ello habría que modificar la ley en la materia que rige desde 1988, el decreto que firmó anoche la Presidenta antes de partir hacia Brasil para reunirse con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ese dinero se transferirá desde el Fondo Federal Solidario, que crea el mismo decreto.

La coparticipación federal de parte de los derechos aduaneros –que como destacó la Presidenta en su discurso es la primera vez que ocurre en la historia argentina– fue anunciada en un día donde las cámaras agropecuarias fracasaron en su intento de que el Congreso trate la derogación de las retenciones y en el marco de cortes de ruta por parte de los ruralistas en Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.

Una de las condiciones que impone el decreto de necesidad y urgencia –el tercero que firma CFK en su mandato– es que ese dinero sea destinado a infraestructura social, como la construcción de escuelas, abastecimiento de agua corriente e instalación de cloacas.

La medida recibió fuertes críticas de los directivos ruralistas, que si bien habían pedido que se coparticipen las retenciones, luego fueron virando su reclamo a que lisa y llanamente se deroguen las retenciones a la soja y que se les transfiera directamente a ellos los 18 mil millones de pesos anuales de derechos aduaneros por esas exportaciones.

“Esto va a significar a precios actuales 1776 millones de dólares, es decir, 6520 millones de pesos, más del 11 por ciento de lo que hoy se distribuye en masa coparticipable a las provincias”, aseguró la Presidenta en su discurso, que desde la mañana había generado muchas expectativas e infinidad de especulaciones sobre su contenido. En otro de los párrafos señaló: “Siempre he defendido los derechos de las provincias y el federalismo. Creo en la redistribución del ingreso social y geográfico”.

Apenas terminado el acto en la residencia de Olivos, donde la Presidenta anunció la medida (frente a todos sus ministros, todos los gobernadores oficialistas y multitud de intendentes), el chiste más común que hacían lo gobernadores es que ahora le van a pedir a Cristina que aumente las retenciones.

La impronta federalista de la medida el punto que más resaltaban los ministros del gobierno nacional. “La coparticipación de los derechos aduaneros fue motivos de luchas intestinas. Mucha gente del interior murió peleando por ese reclamo. Y cuando hubo la posibilidad de modificar la ley de coparticipación, en 1988, los derechos aduaneros quedaron excluidos”, le comentó a Página/12 uno de los funcionarios más cercanos a la Presidenta y que más trabajó en el proyecto. El funcionario recordaba que la exclusividad del gobierno nacional sobre los derechos aduaneros fue defendido a sangre y fuego por el entonces presidente Bartolomé Mitre, contra los dirigentes federales del interior del país, entre ellos el caudillo riojano Vicente “Chacho” Peñaloza, asesinado en 1863 por una partida mitrista.

La idea de coparticipar las retenciones a la soja tuvo su germen el año pasado en uno de los momentos más tensos del conflicto de las cámaras agropecuarias, cuando éste era uno de sus principales reclamos, sostenido por todos los directivos de aquella Mesa de Enlace, pero especialmente por los de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi y Alfredo De Angeli. Sin embargo, fue archivado en el fragor de la contienda hasta que hace unas semanas volvió a ser reflotado en las oficinas de la Casa Rosada en el mayor de los sigilos.

La Presidenta buscó enmarcar el anuncio como una medida más en el marco de la crisis internacional.“Los momentos que vive el mundo, inéditos, nos obligan a todos a tener templanza, reflexión y unidad nacional, porque tenemos responsabilidades, que también son de la oposición”, aseguró. Señaló también que hasta ahora las medidas que tomó para mantener los niveles de actividad económica fueron dirigidas a apuntalar al sector privado y que había “llegado la hora de apuntalar con medidas dirigidas a provincias y municipios”.

“Entre todos tenemos la responsabilidad de asegurar que los coletazos de la crisis lleguen en la menor medida posible a la Argentina. Con esfuerzo y compromiso podemos hacer frente a esta espinosa situación internacional que no hemos provocado”, afirmó.

El anuncio había sido precedido por un intento de las entidades agropecuarias de que la Cámara de Diputados tratara la eliminación o disminución de las retenciones, pero el oficialismo no dio quórum, lo que derivó en protestas en algunas rutas del interior, la más extensa en la ruta 14 en Gualeguaychú, organizada por De Angeli (ver páginas 4 y 5).

En el Gobierno creen que las cámaras agropecuarias van a intensificar su oposición hasta las elecciones. “Tienen un pensamiento muy lineal. Creen que el mejor momento para la máxima presión es antes de las elecciones, porque piensan que los políticos, por miedo o por demagogia, les van a dar lo que quieren. Y eso con nosotros no va”, le dijo anoche un importante funcionario a Página/12. Con todo, creen que las acciones más radicalizadas pueden ser llevadas a cabo por De Angeli, pero calculan que la Mesa de Enlace no apoyará esas medidas porque “saben que ahora eso es piantavotos para ellos”.