A más de treinta años de los crímenes, 22 de las leyes de impunidad, cinco de la reapertura formal de la causa y 16 meses desde que la Cámara de Casación se dignó a destrabarla, el primer juicio oral y público a los represores de la ESMA, símbolo universal del terrorismo de Estado en la Argentina, tiene desde ayer fecha confirmada: martes 6 de octubre de 2009.

La decisión del Tribunal Oral Federal Nº 5, responsable de conducir el proceso y garantizar que ningún imputado quede fuera de juego por causas no naturales en el próximo semestre, sepulta la posibilidad de que Astiz, Acosta & Cía. salgan en libertad por la incapacidad del Poder Judicial para garantizar juicios en plazos razonables. La falta de confirmación de la fecha de inicio fue el argumento central que utilizaron Guillermo Yacobucci y Luis García, de la Cámara de Casación, cuando ordenaron el cese de las prisiones preventivas de una veintena de represores.

La unificación de tres tramos de la megacausa que instruyó el juez federal Sergio Torres, con Eduardo Taiano como fiscal, implica que el juicio tendrá 18 imputados: doce oficiales retirados de la Armada encabezados por el jefe del grupo de tareas 3.3.2, Jorge Acosta. Lo acompañarán el ex capitán Alfredo Astiz (dado de baja tras ufanarse de sus virtudes para matar políticos y periodistas), un prefecto, un oficial de Ejército, dos policías y un penitenciario. Si bien se trata del juicio con más imputados desde la reapertura de las causas, constituyen una porción ínfima de los represores conocidos de la ESMA. Según registros del CELS, la megacausa tiene 146 identificados: 24 murieron, 60 están procesados, ocho prófugos, cinco fueron declarados incapaces, uno se benefició con falta de mérito y otros 48 aún no fueron citados a declarar.

Trece imputados están en el penal de Marcos Paz. El prefecto Antonio Azic está internado en la clínica San Jorge desde que intentó suicidarse. Gozan de arresto domiciliario el vicealmirante Oscar Montes (85 años), el contraalmirante Manuel García Tallada (84), el teniente coronel Julio César Coronel (72) y el comisario Ernesto Weber (77). Este último, asesino de Rodolfo Walsh, cuenta orgulloso que nadie le conoce el rostro y admite que tiene terror de pisar una cárcel. “Antes me mato”, advierte en privado. Con el antecedente Febres aún fresco en la memoria colectiva, no estaría de más tomar medidas para asegurarse de que llegue a octubre sano y salvo.

Además del secuestro de Walsh, el juicio incluirá un centenar de casos de privaciones ilegales de la libertad, tormentos y homicidios, incluidos los de las monjas francesas y las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, secuestradas en la iglesia de la Santa Cruz, torturadas en la ESMA y arrojadas al mar en los famosos “vuelos de la muerte”.

“Me ha renacido la esperanza en la Justicia”, reflexionó Marta Vázquez, presidenta de Madres Línea Fundadora. “El camino es largo pero de a poco vemos resultados. La ESMA es el símbolo del terror, me cuesta aceptar que mi hija haya estado ahí. Espero que los responsables sean juzgados y condenados en cárceles comunes. También que alguno admita lo que han hecho para que haya justicia verdadera. El pueblo no olvida”, recordó.

Lilia Ferreyra, la mujer de Rodolfo Walsh, afirmó que “a 32 años de su secuestro podemos comprobar que, como a los 30.000 desaparecidos, no pudieron borrarlo de la memoria colectiva”. “Ahora es deber de la Justicia condenar a los responsables del crimen de lesa humanidad. Y espero que en el proceso surja la verdad sobre qué pasó con Rodolfo y dónde están los escritos inéditos que robaron los asesinos”, se esperanzó.

“Es extraño”, arrancó Víctor Basterra, el sobreviviente que arriesgó la vida para sacar las fotos que permitieron identificar a las patotas de la ESMA. “Durante meses vamos a ver rostros conocidos y a tener la posibilidad de acercarnos un poco a lo que es la justicia por la que tanto hemos peleado”, recordó. “Es una satisfacción. No soy de brindar, pero me jode cuando estos ñatos mueren impunes. Ahora van a tener la posibilidad de ser juzgados, creo que van a serlo”, confió, aunque “no me olvido de que los jueces forman parte de una cofradía muy particular: esperemos que estén a la altura de las circunstancias”.

“Es muy importante, sobre todo cuando Casación resuelve liberar imputados”, celebró el abogado Rodolfo Yanzón, que encabezará las querellas junto a Carolina Varsky, del CELS. “Va a permitir a la Corte mantener las preventivas que Casación dejó sin efecto. El próximo paso debería ser que la Corte reasigne los otros procesos acumulados en el TOF-5 para que no queden a la espera del que comienza en octubre”, agregó.