Un fallo de la Justicia porteña demolió con argumentos jurídicos y hasta sociales la estrategia de un fiscal que intentó por todos los medios que se condenara a dos militantes por cortes de calles. La doctora María Laura Martínez Vega del Juzgado Contravencional y de Faltas N° 9 consideró en la causa que se les siguió a Rubén Saboulard y Ana Melnik de la Asamblea de San Telmo, que el Ministerio Público de la ciudad imputó a ambos “sin ninguna prueba” y encuadró la actuación del fiscal Norberto Brotto en lo que llamó “violencia institucional”. Tales aseveraciones forman parte de los fundamentos orales de la sentencia de absolución que la magistrada completó con definiciones muy duras contra la parte acusadora: “No hubo una instrucción coherente, no hubo una instrucción adecuada y es la primera vez en tantos años de tribunales que veo un caso así, en el que están todos tan de acuerdo en lo que pasó”.

El proceso contra Saboulard y Melnik, presidente y secretaria del denominado Partido Asambleas Populares que compitió en las últimas elecciones ganadas por Mauricio Macri en la ciudad (y en las que aquél, curiosamente, también fue candidato a intendente), prosperó después de que Brotto elevara a juicio el caso de tres cortes de calles realizados los días 5, 6 y 29 de mayo de 2008 en el microcentro porteño. El fiscal había solicitado la pena de quince días de trabajo de utilidad pública para Saboulard y diez para su compañera en “calidad de autores intelectuales de la conducta prevista y reprimida por el artículo 78 del Código Contravencional”.

Martínez Vega no coincidió en absoluto con Brotto y en sus explicaciones generales sobre la sentencia dijo que “el derecho de protesta es un derecho constitucional al que todos adherimos y en algún momento de nuestra vida hemos hecho uso. ¿Quién no salió a la calle a hacer valer sus derechos? Yo por lo menos lo he hecho. Está reglamentado”. Y en el mismo tramo de su intervención en el tribunal agregó: “El Ministerio Público de la ciudad tiene mucho trabajo, pero en este caso y por motivos que desconozco, ha renunciado a su tarea institucional de identificar a quienes han sido los autores de estos hechos”.

La jueza anticipó verbalmente los fundamentos de su fallo durante una exposición de once minutos y a cuya desgrabación tuvo acceso Página/12. “Lo que se forzó acá, claramente –comentó–, fue una imputación penal y desconozco los motivos. Y solamente me puede llevar a una absolución, a sugerir en la medida de lo posible (éstas son las atribuciones que uno tiene para estar de este lado del escritorio) al Ministerio Público Fiscal y a los organismos del Poder Judicial de la ciudad que, son muy novatos en esto, a no dejarnos llevar por el clamor popular en ninguno de los dos aspectos. La ley es la ley y debe cumplirse. El Ministerio Público y la policía no deben sucumbir ante el clamor de la lucha contra los llamados piqueteros. Y las personas que cortan calles, en la medida de lo posible, deben conformar su conducta a la ley porque se les pide muy poco. Se les pide simplemente un aviso a los fines de que la gente que circula por ahí no tenga mayores inconvenientes.”

Martínez Vega es la misma jueza que en 2004 cuestionó en un fallo al sistema de fotomultas del gobierno porteño porque las cámaras de seguridad no estaban homologadas y le dio la razón a un particular que había denunciado al sistema. En febrero de 2007 clausuró una porción considerable de las instalaciones de River después de la llamada batalla de los quinchos entre barrabravas del club: dejó a salvo, sí, la colonia de vacaciones, el instituto terciario, las escuelas, la pensión del fútbol amateur, la administración y el sector de seguridad. Así justificó su fallo la jueza, entre otros argumentos: “De la inspección ocular del día de la fecha surgió claramente la facilidad con la que cuentan quienes son habitués del club, no sólo de ingresar al estadio sin los controles adecuados sino de hacerlo munidos de cuchillos u otros elementos peligrosos, y es que basta observar un partido de fútbol por televisión para que emerja indiscutidamente la ausencia de controles efectivos en los ingresos a los estadios”.

Por su parte, Brotto había escrito en los fundamentos de su acusación: “Me es dable tener por probada la gestación y materialidad de los hechos imputados por parte de los incursos, dada la calidad objetivada de la cual se hallan revestidos, los deberes originarios de su posición institucional en el partido (por Asambleas Populares), su competencia en la organización, el gobierno sobre la voluntad de los miembros del aparato organizado de poder y el dominio de un plan racional previsible dirigido a la producción de un resultado”. Martínez Vega desbarató esta argumentación: “No hubo, no se atisbó la posibilidad de un orden, de una metodología bajada como una orden hacia ciudadanos. Es decir, la nada, la nada misma, la orfandad probatoria misma a los efectos de la acusación”.

La Asamblea de San Telmo había anticipado mediante un comunicado que no iba a aceptar una probation ni multas (el artículo 78 del Código Contravencional las fija desde los 200 a mil pesos) “porque si estos empleados de la Justicia macrista quieren llevar su persecución contra los que luchan y contra las Asambleas del Pueblo hasta el bochorno, deberán dictarnos condena de cumplimiento efectivo con días de arresto y aceptar que son la herramienta de una persecución política vergonzosa”. Saboulard ratificaría ese concepto tres días antes del juicio oral: “Nosotros vamos a pelear todas, aunque vayamos en cana”.

Para ratificar por qué corta calles la Asamblea de San Telmo, el piquetero que marchó muchas veces con Raúl Castells y también con los asambleístas de Gualeguaychú contra las pasteras, describió cómo se vive en su barrio, señalando en una entrevista con este diario: “Ve esos bolsos, son de una mujer que tiene cuatro pibes y vive en la calle. Come en la iglesia de la avenida Independencia y Tacuarí, duerme debajo de la entrada y viene a bañarse acá, al comedor, con los chicos. Ellos se cambian, se visten y van al colegio. Llevan meses así. Es una ciudadana de quinta, de octava. ¿A quién va a poder votar? Si no tiene ni documentos”.