Trató de mantenerse entero y esbozó una sonrisa nerviosa, pero sus manos esposadas en la espalda lo ponían muy incómodo ante las miradas del pasillo de Comodoro Py. Carlos Rohm, vicepresidente del Banco General de Negocios (BGN), fue conducido ante la jueza federal María Servini de Cubría para ser interrogado como imputado en una vieja causa por lavado de dinero y en una reciente sobre subversión económica y fuga de capitales en plena vigencia del corralito por unos 50 millones de dólares. Sin embargo, se negó a responder preguntas y sólo abrió la boca para decir “soy inocente”. Mientras tanto, su hermano José “Puchi” Rohm dejó de estar “vigilado” en Suiza y apareció en los Estados Unidos porque la Justicia helvética habría considerado insuficientes los documentos enviados por la magistrada. Al cierre de esta edición, la defensa pidió su excarcelación y el juzgado meditaba si accedía a la liberación del banquero.
A las 13.45 fue trasladado a los tribunales federales de Retiro desde la División Delitos Complejos de la Policía Federal, donde estuvo dos días detenido e incomunicado. Aun en tiempos en que su banco servía al poder menemista, Carlos Rohm trató de mantener bajo perfil. Ayer, con un blazer azul, camisa sin corbata y un bolsito verde con papeles, ingresó escoltado por policías de civil que lo exhibieron ante flashes y cámaras de televisión, lo hicieron caminar hasta la puerta de la alcaidía y tuvo que aguardar a que les abrieran. A las 16.15 entró al despacho de la jueza en el tercer piso, asistido por el abogado Alfredo Iribarren, mientras los empleados traían medio centenar de cajas con la documentación secuestrada durante los allanamientos del miércoles. Son papeles encontrados en las empresas Gritta (despachante), Promoven, Alucar, Pumpcold Ingeniería, Coolers y Serau. Su hijo y sobrinos estuvieron varias horas en la puerta del juzgado y matizaron el tedio polemizando con algunos cronistas.
Servini indagó primero a uno de los detenidos, el contador Alberto Camali, acusado de haber borrado pruebas durante el allanamiento en su estudio del microcentro, y luego ordenó que fuera liberado. Representado por el abogado Rafael Cúneo Libarona, Camali le explicó a la jueza que nunca intentó destruir información sino que en realidad colaboró en todo momento con los policías. Y dijo que lo único que hizo fue registrar en un cuaderno borrador, llamado “Archivo”, una descripción de la documentación que se estaban llevando los policías. El otro detenido acusado del mismo delito, cuyo nombre no trascendió aunque sería apoderado de una empresa vinculada al BGN, fue interrogado en ambos expedientes al igual que Rohm. En la causa habría otro imputado que también está prófugo.
La jueza investiga el lavado de dinero a través de BCCI, una entidad que se le atribuyó al magnate saudita Ghait Pharaon, pero también lleva adelante una causa para determinar si existió “subversión económica agravada” por parte de banqueros que habrían logrado violar el corralito financiero impuesto en diciembre por el gobierno de Fernando de la Rúa. Por su parte, el juez federal Norberto Oyarbide investiga una denuncia por malversación formulada por tres damnificados por el corralito. Fuentes de su juzgado indicaron que Servini le pidió que se inhiba de seguir interviniendo con una nota enviada el 17 de enero a las 18.25. Oyarbide dice desconocer el objeto procesal de la otra investigación pero antes de decidir apartarse o no deben opinar el fiscal Carlos Stornelli y los denunciantes. Una versión recogida por este diario indica que en uno de los allanamientos producidos por el juez “pisó” algo que estaba buscando Servini y por eso la magistrada decidió apresurar los tiempos.
En su juzgado ayer persistió el malestar con los fiscales del caso, Luis Comparatore y Patricio Evers, porque consideran que hicieron un insuficiente requerimiento al impulsar la denuncia de las diputadas del ARI Graciela Ocaña y Marcela Rodríguez. Los fiscales le pidieron a la jueza que tenga presente el problema de competencia planteado con su par Oyarbide. Comparatore y Evers negaron no tener voluntad de investigar pero aclararon que consideran “endeble” la denuncia y entienden que “por el momento no hay personas físicas involucradas”, es decir, no hay imputados. Sin embargo, la jueza no sólo imputó sino que ordenó la detención de los hermanos Rohm. Ayer, al momento de indagar a Carlos Rohm apareció la fiscal adjunta Alejandra Perraud, designada por la Procuración General a pedido de Servini. Y fue ella quien formuló la acusación que faltaba. Los abogados defensores se aprestaban anoche a pedir la excarcelación de Rohm y el otro detenido, pero anticiparon que la imputación en la causa del BCCI es “absurda” porque “ni siquiera Pharaon está procesado”, y seguramente cuestionarán más adelante la intervención de Perraud.
La denunciante diputada Ocaña consideró verosímil la hipótesis de una connivencia entre bancos y algunos ex funcionarios para permitir la fuga de dinero una vez instituido el corralito financiero que impide el retiro de fondos. Y agregó que algunas entidades habrían violado la prohibición cobrando “suculentas comisiones”.