El consejo directivo de la Confederación General del Trabajo (CGT), encabezado por Hugo Moyano, irá mañana a la Casa Rosada a reiterarle su apoyo a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a contarle la visión que tienen de cómo afecta la crisis mundial a la Argentina. No serán sólo elogios y análisis sino que también le dejarán una serie de reclamos, algunos ya tradicionales, otros nuevos alumbrados por la desaceleración de la economía, y algunos de estricto interés sindical.

El pedido de audiencia a la Presidenta fue votado en la última reunión de la cúpula de la CGT, el miércoles pasado. Como ya ocurrió otras veces, se le concedió sin dilaciones.

Mañana a las 20 en el despacho presidencial el secretario general de la CGT le dirá a CFK que esa central aspira no sólo a que se puedan mantener los puestos de trabajo, sino también el poder adquisitivo de los salarios.

Para ese entonces el publicitado amago de despidos de Ford, denunciado por Smata, habrá entrado en la etapa de conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo. Igual, la situación de la industria automotriz estará fuera de la agenda que desplegarán los sindicalistas.

En cuanto a los pedidos concretos, Página/12 pudo saber que la CGT reclamará un aumento de las asignaciones familiares, que hoy están entre 135 y 291 pesos por hijo, según la zona, para los trabajadores de sueldos de hasta 2400 pesos, y del subsidio de desempleo, que es de 400 pesos.

Los sindicalistas también buscarán el respaldo de la Presidenta para un proyecto de ley elaborado por el asesor legal de la CGT y diputado nacional, Héctor Recalde, para que las empresas que tienen una rentabilidad anual superior al 20 por ciento aporten 2 o 3 puntos a un Fondo de Desempleo.

A medida que avance la reunión, la Presidenta también escuchará de boca de Moyano algo que piden a gritos todos los sindicalistas: que los afiliados a las obras sociales no puedan cambiarse a otra antes de los seis meses de haberse afiliado. Actualmente pueden cambiar de obra social a partir de los 30 días. Los sindicalistas lo plantean como una cuestión de mínima previsibilidad para el manejo del sistema.

Hay que ver si señalan ante la Presidenta lo que aseguran en privado, que la ministra de Salud, Graciela Ocaña, es quien no quiere volver al sistema de afiliados cautivos ni siquiera por seis meses. Eso podría dar pie a que deslicen la lista de críticas que los gremialistas de la CGT le hacen puertas adentro a la ministra. En todo caso, verán si disponen del espacio y del suficiente nivel de sutileza, porque de ninguna manera le puede caer bien a la Presidenta que haya críticas explícitas a Ocaña, a quien sostuvo y sostiene en su cargo, contra viento y marea.

Quizás se priven de esas críticas, pero no de pedir que la opinión sindical sea tenida en cuenta en las decisiones del Ministerio de Salud que los involucre. Lo mismo les gustaría pedir respecto a Trabajo, aunque la tarea del ministro Carlos Tomada frente a la crisis –reconocida por propios y ajenos– no les da mucho margen para esa embestida.

Los dirigentes de la CGT sienten que son uno de los sostenes del Gobierno, porque tanto bajo la presidencia de Néstor Kirchner como en los 16 meses que lleva de mandato Cristina defendieron el proyecto político y el modelo económico kirchnerista. Ese argumento les da pie no sólo para reclamar mayor participación en algunas decisiones del Poder Ejecutivo sino en la integración de las listas de candidatos para las elecciones del 28 de junio.

“Eso lo estamos hablando con Néstor, que es el presidente del partido, creo que nos va a escuchar, pero todavía no cerramos nada. Como siempre sucede, las listas se van a definir uno o dos días antes del cierre y nosotros tenemos muchas expectativas”, le dijo anoche a Página/12 uno de los más altos dirigentes de la CGT.