El fiscal Enrique Lázzari “está golpeado en la cara, internado en el hospital. Un fiscal que se constituye a los diez minutos en el lugar tendría que haber sido bien recibido. Desgraciadamente estas cosas se desmadran y suceden. Es una pena, porque es la misma Justicia que en el caso Castelucci dio un fallo ejemplar”. Las declaraciones fueron realizadas por el ministro de Justicia bonaerense Ricardo Casal, pero sintetizaron el espíritu de una serie de repudios a la agresión, tanto institucionales como individuales, que durante el día de ayer se sucedieron en el ámbito judicial. La Comisión de Fiscales de Lomas de Zamora indicó que Lázzari evoluciona favorablemente y “necesita tranquilidad e intimidad con su familia”, al tiempo que, en conferencia de prensa, condenó el hecho y se solidarizó con la familia del hombre asesinado. La Procuración General de la Corte provincial fue aún más lejos: el ataque de los vecinos a Lázzari, declaró, no sólo es un “agravio inédito y preocupante al Ministerio Público y a la Justicia en general”, sino que además “terminó dificultando” el inicio de la investigación del crimen.

En una entrevista radial, Casal reclamó mayor velocidad en una modificación legal: “El gobernador (Daniel) Scioli lo ha dicho hace tiempo, y la Corte lo dispuso en un fallo del 3 de diciembre: hay que acelerar la creación de una nueva ley de protección integral que incluya a los menores de 16 años que cometan delitos”.

En tanto, la representante de la Comisión de Fiscales Verónica Caffarelli pareció hablar directamente a quienes habían agredido a su colega: “Nosotros debemos aplicar la legislación vigente en la función que la ley nos asigna, que es investigar delitos que ya fueron cometidos. Pero las funciones de prevención del delito escapan a las labores del Poder Judicial”.

En un comunicado, la Procuración, organismo que agrupa a todos los fiscales y defensores oficiales de la provincia de Buenos Aires, consideró que el asesinato de Capristo fue un “lamentable episodio” y expresó su “solidaridad y compromiso institucional” con los familiares. La declaración continuó señalando que la agresión constituye “un agravio inédito y preocupante al Ministerio Público y a la Justicia en general, que es una de las instituciones esenciales de toda República democrática”, habida cuenta de que “el estado de derecho no admite el linchamiento ni la justicia por mano propia, ni puede tampoco tolerar pasivamente que los reclamos justos de los ciudadanos se canalicen por vías violentas, pues ellas no sólo no aportan soluciones, sino que además participan de la misma lógica que se pretende repudiar”.

“La difícil tarea de administrar la conflictividad penal en territorios plagados de marginación y desi-gualdad como el conurbano bonaerense, exige un gran esfuerzo que es el que efectivamente hacen la mayoría de jueces y fiscales, no siendo los responsables principales de la inseguridad reinante”, agregó el texto del organismo presidido por María del Carmen Falbo. De allí que “la brutal agresión al fiscal, que no pretendía más que ejercer su función dirigiendo la investigación en pos del esclarecimiento del hecho y castigo a los responsables, aparece como una reacción que debe objetarse desde todo punto de vista”.

La “desazón” ante delitos como el asesinato de Capristo “no puede justificar que a la violencia del delito se le agregue otra reacción violenta”.