La Justicia no le da respiro a Manuel Sacerdote. El presidente del BankBoston y 17 gerentes de esa entidad bancaria fueron procesados sin prisión preventiva por la presunta comisión del delito de “defraudación por retención indebida” de los ahorros en dólares de una clienta. La causa fue iniciada en enero por Mónica de Benedetti, quien cinco meses antes del establecimiento del corralito notificó al banco su decisión de pasar un depósito de 102 mil dólares a una caja de seguridad. La entidad le extendió un documento y cuando intentó gestionar su reintegro dilató el pago hasta que en diciembre ya no pudo retirar su dinero. Sacerdote, vicepresidente de la asociación que nuclea a la banca extranjera e insistente abanderado de la reducción del gasto público, es uno de los cuatro banqueros que acudió ante los embajadores británico y norteamericano para quejarse por proyectos de ley que perjudican sus intereses (ver aparte). En su defensa adujo que la responsabilidad de cada operatoria puntual es de “los gerentes” de las sucursales.
En los tórridos días de enero, cuando la relación entre los argentinos y los bancos era de extrema conflictividad, los banqueros clamaban porque se restableciera en el país la “seguridad jurídica” perdida. Consideraban persecutorias las decisiones de jueces como Mariano Bergés o María Servini de Cubría que los acusaron de subversión económica. A pedido del FMI esa norma fue derogada pero aún quedan muchas causas abiertas, por delitos como “desobediencia”, contra los hombres de finanzas que habrían violado la ley en relación con los ahorros de sus clientes. Es el caso de la causa que instruyó la jueza María Cristina Bértola, que en su resolución de ayer no dictó la prisión preventiva de los imputados pero trabó un embargo por 500 mil pesos sobre los bienes de Sacerdote y por 200 mil pesos sobre los de los ejecutivos. También fueron procesados y embargados seis directivos de la sección de banca minorista del BankBoston, filial del FleetBoston estadounidense, Alberto Nobile, Martín Lang, José Cervino, Sergio Feldman, Fernando Moreti y Horacio Muñiz.
De Benedetti tenía un depósito de 102 mil dólares y en julio de 2001 solicitó a la entidad pasarlo a una caja de seguridad, pero en vez del dinero recibió un documento –una especie de giro bancario sin plazo– con la seguridad de que podría retirar los fondos cuando quisiera, según declaró la mujer en el expediente judicial.
La ahorrista aseguró que en agosto empezó los trámites de reintegro del dinero y ante cada intento recibió contestaciones, según ella, dilatorias del banco, hasta que con la implantación el 3 de diciembre del corralito le dijeron que ya no podía disponer de los dólares. La jueza Bértola realizó distintos procedimientos y comprobó que al menos otros doce clientes de la misma entidad habían tenido una experiencia similar.
Los funcionarios del Banco Central que declararon en la causa sostuvieron que los documentos que el BankBoston entregó a la ahorrista en lugar de sus billetes “eran desconocidos” y que la entidad estatal no tenía antecedentes de algo así, según fuentes judiciales consultadas por la agencia Télam. “Esto es grave porque evidencia que los banqueros sabían lo que iba a pasar”, comentó una fuente del caso.
Cuando prestó declaración indagatoria, Sacerdote afirmó que desconoce las operaciones puntuales de la entidad porque él está a cargo de las grandes decisiones empresariales y que ese tipo de negociaciones “son responsabilidad de los gerentes”. El BankBoston emitió un comunicado en el que expresó su “sorpresa” por la decisión de la jueza y señaló que la medida “será inmediatamente apelada por nuestros abogados”. El banco explicó que la decisión judicial “se basa en el supuesto perjuicio que el banco le habría ocasionado a doce ahorristas que durante el año 2001 recibieron órdenes de pago por un total de alrededor de 700 mil dólares”. Y agregaron que “durante los últimos meses el banco presentó documentos y testimonios que prueban sobradamente que el único motivo por el cualalguien pudo no haber cobrado su dinero, en efectivo y en dólares, es no haber presentado su orden al cobro antes del 30 de noviembre de 2001”.