“El tiempo es demasiado corto, la Corte no va a apurar sus cosas por nada y va a cumplir con su función”, señaló el juez de la Corte Suprema Carlos Fayt ayer por la mañana ante los periodistas que lo abordaron en la puerta de su casa. Las palabras del ministro, que indicaban que las llamadas candidaturas testimoniales no serían tratadas por el máximo tribunal antes de las próximas elecciones legislativas, no respondían a una posición aislada. “No es una cuestión de voluntarismo, sino que no hay posibilidad de resolver el tema antes del 28 de junio”, explicó otro integrante de la Corte Suprema.

La trama judicial acerca de las candidaturas del ex presidente Néstor Kirchner, el gobernador Daniel Scioli y el jefe de Gabinete, Sergio Massa, parece haber llegado a su fin. Al menos en lo que respecta a su presencia en las boletas el próximo 28 de junio. A lo sumo, la Corte Suprema podría expedirse a partir de julio sobre la cuestión “testimonial” (Scioli y Massa) para fijar un criterio que sirva para futuras elecciones.

Los miembros del tribunal se preocuparon ayer por aclarar que, en este caso, no rigen los plazos urgentes con los que se maneja el fuero electoral para oficializar las listas y por transmitir el siguiente escenario:

- Los querellantes –es decir, el Acuerdo Cívico y Social– tienen diez días para presentar un recurso extraordinario (pedir que el tema vaya a la Corte) ante la Cámara Nacional Electoral, que el lunes habilitó a Kirchner (a quien se le objetaba no cumplir con dos años de residencia en territorio bonaerense) y a Scioli y Sergio Massa (cuestionados por la suposición de que no van a asumir el cargo) para ser candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires.

- La otra parte –el kirchnerismo– tiene otros diez días para contestar el planteo. Recién después, la Cámara decidiría si enviar el caso a la Corte o no, ya que no se trata de una apelación ordinaria y debe haber razones fundadas para que el máximo tribunal intervenga.

- Si la Cámara concediera el recurso, la Corte comenzaría a estudiar el caso. Si no lo hiciera, los querellantes tendrían la opción de ir en queja al tribunal. Y antes del fallo de los supremos, habría que escuchar la opinión del procurador general de la Nación.

En uno de los despachos del cuarto piso del Palacio de Tribunales recordaban un incidente de 1996. Al expedirse sobre la oficialización de los candidatos de la UCeDé, la mayoría automática menemista conformada por Julio Nazareno, Eduardo Moliné O’Connor, Antonio Boggiano, Guillermo López y Adolfo Vázquez acortó el plazo de respuesta a 24 horas. Pero ninguno de esos ministros está ahora en la Corte. En cambio, Fayt dijo en ese momento en su voto minoritario que la reducción y acortamiento del plazo comprometía el derecho de defensa y por lo tanto era inadmisible. Ese es el criterio que ahora comparten los integrantes del tribunal. “No se puede hacer legislación de emergencia. Debe haber reglas claras para todas las situaciones. La Corte se va a manejar jurídicamente y se va a mantener al margen de las cuestiones electorales. No vamos a politizar nada. Les guste o no les guste”, dijo a Página/12 un ministro.

En la puerta de su domicilio, Fayt destacó que conoce a Santiago Corcuera y Alberto Dalla Vía, dos de los camaristas de la Cámara Nacional Electoral (el primero se expidió por la habilitación y otro por la impugnación de Scioli y Massa) y que son “son muy buenos jueces, de una gran responsabilidad”. Además, mandó a los periodistas a analizar los artículos 73 y 105 de la Constitución. El primero establece que “los eclesiásticos regulares no pueden ser miembros del Congreso, ni los gobernadores de provincia por la de su mando”. El segundo, que los miembros del gabinete “no pueden ser senadores ni diputados sin hacer dimisión de sus empleos de ministros”. El Acuerdo Cívico y Social utilizó estos artículos como argumentos en su presentación, pero éstos se refieren a que los cargos de legislador y gobernador o legislador y ministro no pueden ser ejercidos a la vez. El fallo de la Cámara Electoral firmado por Corcuera y Rodolfo Munné se basó el lunes en que “no puede exigírsele a la Justicia desentrañar las intenciones, propósitos o planes íntimos de quienes se presentan al electorado requiriéndoles el voto. Tal especie de control preventivo es inimaginable en un Estado de derecho. Escapa a las atribuciones del Poder Judicial resolver sobre la base de hipótesis, conjeturas, suspicacias o sospechas”.