Va a estar concurrida hoy la reunión de la Comisión de Seguridad en la Legislatura porteña. El invitado especial es el ministro del área, Guillermo Montenegro, que deberá responder las preguntas de la oposición respecto de la designación del cuestionado comisario retirado Jorge Palacios, alias “El Fino”, acusado en las masacres de la AMIA y el 20 de diciembre de 2001 y destituido de la Policía Federal cuando se conocieron sus contactos con los secuestradores de Axel Blumberg. Estarán presentes organismos de derechos humanos y familiares de ambas matanzas. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) envió, por su parte, una carta a Montenegro para expresar su “más enérgico rechazo” a la designación de Palacios al frente de la Policía Metropolitana, y le pidió una reunión para discutir las políticas de seguridad implementadas en la ciudad.

Lo que habría podido ser una interpelación en el recinto se transformó en una visita a la comisión que preside la kirchnerista Silvia La Ruffa, donde la legisladora transmitirá al funcionario macrista las preguntas de sus pares. Organismos de derechos humanos nucleados en Memoria, Verdad y Justicia –como la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y Apemia– acudirán para exigir que el nombramiento de Palacios sea dejado sin efecto. “Antes de darle la palabra al ministro, la comisión tiene que escuchar a las organizaciones de derechos humanos y a los familiares de las víctimas de la AMIA y del 19 y 20 de diciembre”, dijo a Página/12 la diputada Patricia Walsh. “La designación de Palacios premia la corrupción y la brutalidad policial en hechos terribles vinculados con situaciones impunes. Pero lo más grave es que es un experto en la ‘lucha antiterrorista’, fue formado y condecorado por eso; claramente no es un demócrata, más allá de que esté o no imputado en tal o cual causa”, agregó la legisladora, y anticipó que presentará como prueba de ello el libro que escribió Palacios (ver recuadro).

En la sesión del 28 de octubre de 2008, en la que se aprobó la ley que creó la Policía Metropolitana, Walsh había alertado sobre la posible designación de “ex comisarios con semejante prontuario como el de Jorge ‘El Fino’ Palacios”. Para esta diputada, en aquel momento se abrió la puerta para la actual situación, y luego hubo un fracasado intento de crear una comisión que monitoreara a la policía. “La Ruffa y otros diputados quieren modificar ahora un artículo de esa ley, pero aún haciéndolo Palacios ya está designado, es la tercera jugada hipócrita”, afirmó. En tal sentido, el diputado Diego Kravetz, que preside la bancada kirchnerista, recordó que cuando surgió la posibilidad de que Palacios fuera nombrado titular de la nueva policía “se citó al ministro a la Comisión de Seguridad de la Legislatura y se le preguntó ‘¿Se va a nombrar al ‘Fino’ Palacios?’ y delante de todos los diputados de la comisión y algunos presidentes de bloque dijo ‘no, de ninguna manera’”. “Entonces, la verdad es que es toda una situación de lo más exótica y la verdad digo, más allá de nosotros los diputados, creo que Macri nos mintió, nos mintió pero es como un cachetazo a la comunidad”, concluyó.

El CELS destacó que Palacios no fue nombrado de acuerdo con las exigencias que establece la normativa. “Está acusado de encubrimiento en el atentado a la AMIA y ha estado denunciado en la represión del 19 y 20 de diciembre”, pero “aún respetando el principio de inocencia, tales acusaciones debieran inhibirlo de ocupar un cargo de responsabilidad”, dijo el director de ese organismo, Gastón Chillier. “El desempeño de Palacios como jefe de seguridad de Boca Juniors no puede no hacernos conjeturar acerca de su pertenencia activa en las bien conocidas tramas de ilegalidad y violencia entre las hinchadas de fútbol, determinadas comisarías y punteros políticos que han provocado muertes y lesiones”, agregó. Además, el CELS cuestionó las acciones de la UCEP, una fuerza municipal que actúa en las calles a través de desalojos violentos, una especie de grupo de tareas con capacidad de ejercer las peores violencias sobre los grupos más vulnerables y desprotegidos”.