La designación del ex comisario de la Policía Federal Fino Palacios al frente de la Policía Metropolitana es una decisión tomada por Mauricio Macri hace años, junto a su ministro de Seguridad, el ex juez federal Guillermo Montenegro. Acusado en dos causas de trascendencia institucional, Palacios debe aguardar la resolución de la Justicia federal en la causa por encubrimiento del atentado en la sede de la AMIA.

En la otra le fue mejor, gracias a los oficios de sus dos superiores jerárquicos, Macri y Montenegro, en momentos en los que el Fino estaba procesado por la masacre de los días 19 y 20 de diciembre de 2001, en la que en la ciudad de Buenos Aires hubo centenares de heridos (varios de gravedad) y seis muertos. Ante la concentración de manifestantes que durante esas jornadas se habían volcado a las calles para demostrar su descontento con un gobierno ensimismado en su torpeza y funcional al gran capital y las mafias, el hoy jefe de la policía fantasmagórica marchó, motu proprio, a la Plaza de Mayo para colaborar en la faena represiva. La jueza federal Servini de Cubría –que se excusó de seguir con la investigación debido a las presiones que había recibido a favor de varios imputados– lo había procesado por esos múltiples hechos. Y allí comenzaron su tarea de impunidad Macri y Montenegro: acordar con los jueces de la Cámara Federal que el Fino debía salir limpio de ese proceso porque iba a ser el nuevo, el primer, jefe de la policía porteña.

Los oficios de estos dos hombres rindieron sus frutos y obtuvieron el sobreseimiento del uniformado, que ahora velará por la seguridad que construye el gobierno de Macri, una seguridad que, a juzgar por sus repudiables declaraciones en un video que circuló por Internet, no alcanza a las víctimas de los crímenes más graves que hoy en día se cometen a diario en la ciudad de Buenos Aires: la trata de personas con fines de explotación sexual y laboral. A ello se agrega que la gestión de Macri aún no ha dado respuesta al reclamo realizado por víctimas de trata en talleres textiles para darles asistencia, como prevén las convenciones internacionales. Para Macri, la trata de personas es sólo una broma –dijo que había que generar trabajo–; el correlato de esta idea es que las mafias que obtienen beneficios económicos de ese negocio –catalogado de crimen internacional– podrán estar a gusto con la gestión del gobierno porteño y sólo será cuestión de arreglar con el nuevo jefe de la policía de qué caja se habla para su protección. Eso es PRO.

* Abogado de Derechos Humanos.