Los represores mantienen bien guardados sus archivos, pero a veces para defenderse sacan a la luz los documentos que demuestran la planificación del genocidio. Así ocurrió con la defensa del general retirado Santiago Omar Riveros, que aportó en una causa judicial una serie de manuales e instrucciones que usaban los sicarios del Estado durante la dictadura. Cuando el abogado de derechos humanos Alberto Pedroncini tomó contacto con esos documentos militares entendió que eran de “contenido explícitamente delictivo” e hizo una denuncia. Ahora la Cámara Federal ordenó al juez de primera instancia, que había cerrado el expediente, seguir investigando.

En septiembre de 2006, Pedroncini hizo su presentación ante la Procuración General y el fiscal federal Federico Delgado impulsó la denuncia. En la causa 13.445/99, en la que está imputado el dictador Jorge Rafael Videla por una serie de privaciones ilegítimas de la libertad, el abogado Florencio Varela (defensor de Riveros, Eugenio Guañabens Pellero y Juan Pablo Saa) aportó el reglamento RC-5-1 denominado “Operaciones sicológicas”, fechado el 8 de noviembre de 1969. En una segunda presentación, Pedroncini señaló la existencia de casos específicos de secuestros y tortura de personas, que habrían sido cometidos de acuerdo con la metodología que surge de ese reglamento. Durante la investigación se incorporaron los reglamentos RC-9-1 “Operaciones contra elementos subversivos”, de diciembre de 1976; RC-8-3 “Operaciones contra la subversión urbana”, de julio de 1969; RV 150-10 “Instrucción de lucha contra las guerrillas”, de septiembre de 1969; ROP 30-5 “Prioneros de guerra” y RC8-2 “Operaciones contra fuerzas irregulares”.

En principio, la Justicia orientó el caso a la determinación de “actos materiales que se hayan desarrollado en estricto cumplimiento” de la normativa militar mencionada. En tal sentido, recolectó abundante información vinculada con la presunta desaparición de aquellas personas que fueron mencionadas por Pedroncini: Néstor Martins, Nildo Centeno, Marcelo Verd, Sara Palacio de Verd, Juan Pablo Maestre, Mirta Misetich, Luis Enrique Pujals, Nuria Morillo y Angel Brandazza. Pero luego de tres años el magistrado de primera instancia decretó el archivo del caso con el argumento de que no había podido probar “la existencia de conexión alguna entre los manuales en cuestión y algún suceso que configurara la materialización de las directivas allí contenidas”. A su criterio, la creación de los reglamentos en sí misma no constituía un delito penal, “en virtud de la ausencia de resultado lesivo alguno”.

En septiembre pasado, el fiscal federal Gerardo Pollicita apeló esa decisión, y el fiscal general Germán Moldes sostuvo ese recurso, aunque con argumentos diferentes. A su entender, los reglamentos militares en cuestión son “innegablemente ilegítimos”, por lo cual el objeto procesal está conformado por su misma existencia, independientemente de su vinculación con hecho delictivo alguno. Moldes, además, expresó su disenso con el juez de primera instancia en tanto sostuvo que “los reglamentos fueron dictados por aquellos que tenían el poder de materializar las conductas allí contenidas, circunstancia que resultaría suficiente para generar temor en la ciudadanía”.

Los camaristas Eduardo Freiler, Jorge Ballestero y Eduardo Farah consideraron que el archivo del caso es prematuro porque aún quedan medidas probatorias a realizar que podrían “resultar idóneas para el descubrimiento de la verdad material”. En tal sentido, puntualizaron que resulta necesario establecer “las circunstancias en que los reglamentos de origen militar fueron dictados, el procedimiento seguido para su creación, las personas que participaron de ese proceso y los documentos que sirvieron de base para ello”. Freiler, Ballestero y Farah consideraron que “el contexto socio-político imperante no sólo en nuestro país sino también en el resto de América Latina (...) permite inferir la posibilidad de que integrantes de fuerzas de seguridad de países extranjeros hayan colaborado, de algún modo, con su elaboración”. También expresaron que es necesario conocer el destino de los manuales y el modo en que fueron utilizados. Los camaristas pretenden, además, confirmar si fueron derogados y, en su caso, con cuáles instrucciones fueron reemplazados.