Desde su creación en 2007, el Comité Científico en materia de drogas que asesora a Aníbal Fernández pasó del Ministerio del Interior al de Justicia y, desde ayer, a la Jefatura de Gabinete. Cada movimiento de escenario generó un relanzamiento del “cambio de paradigma” en el que insiste Fernández: no criminalizar a los usuarios y centrar la política de drogas en la prevención, la asistencia médica y el combate al narcotráfico. Esta vez, por pedido del nuevo jefe de Gabinete, los expertos deberán fijar un cronograma con objetivos a “corto plazo” para definir las reformas e innovaciones que el Poder Ejecutivo plantearía en el Congreso este año.

Según fuentes del propio comité, de los tres proyectos en preparación, ya hay uno en condiciones de discutirse. Es el que se refiere al lavado de activos que sirve para “blanquear” los ingresos de los narcotraficantes. Este anteproyecto buscará reforzar el cruce de datos entre el Banco Central y la AFIP y contiene un cambio en la distribución de los bienes decomisados por la Justicia, que apuntaría a facilitar más información y a recuperar el dinero depositado fuera del país por los narcos.

Los otros dos anteproyectos son la reforma penal y la sanitaria. Ambos, dijeron las fuentes consultadas, estarán frenados hasta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación emita el fallo pendiente sobre la tenencia de drogas para uso personal. La sentencia, tal como trascendió en diciembre pasado, será favorable a los usuarios. Pero los integrantes del Comité Científico Asesor decidieron esperar a saber si la Corte declara inconstitucional la figura que pena la tenencia para uso personal, por violar el derecho a la intimidad y al acceso a la salud. De hacerlo, impulsaría una reforma más profunda de la ley actual que pena este tipo de tenencia con un mes a dos años prisión, canjeable por una medida educativa o un tratamiento psicológico.

“Es similar a lo que pasó con el divorcio. La gente que se quería casar por segunda vez tenía una sola posibilidad, hacerlo en México o en Paraguay. Hasta que no llegó el caso Noble a la Corte, no se pudo avanzar en el cambio a la ley civil. En este caso, necesitamos la resolución de la Corte para incorporar la definición sobre el tema del consumo personal y a la vez ver si hacen alguna recomendación en el aspecto de salud”, comentó a este diario la fuente consultada del comité asesor.

El proyecto de salud está basado en la óptica de reducción de daños, que plantea, antes que nada, informar a los grupos vulnerables y a los usuarios sobre las formas de mitigar los efectos no deseados derivados del uso de drogas. Y, en caso de que el usuario lo demande, brindar un tratamiento que se adecue a su situaciones (sea uso, abuso o adicción). La internación sería una medida de último recurso. Esta nueva norma incluiría en el Plan Médico Obligatorio de las prepagas y las obras sociales el tratamiento a las adicciones. Además, establecerá una plan nacional para afrontar el tema y controles más estrictos para las granjas y comunidades terapéuticas privadas.

A lo largo de estos dos años de vida, el comité fue sumando miembros. Hoy se cuentan entre ellos la fiscal Mónica Cuñarro, los jueces Horacio Cattani, Patricia Llerena, Roberto Falcone y Martín Vázquez Acuña, los médicos Carlos Damín y Alicia Gillone, la psicoanalista Eva Giberti y el sociólogo Alberto Calabrese. Los expertos trabajan ad honorem y ya generaron una especie de apertura en el tema que, a través de reuniones, seminarios y convenios, logró involucrar a casi todos los ministerios: Desarrollo, Salud, Educación, Trabajo, Justicia, Interior, Economía.

Si los tiempos legislativos son favorables, el comité entrará en la etapa final tras presentar los proyectos. Su continuidad en la órbita de la Jefatura de Gabinete, en la oficina contigua a la de la Presidenta, fue vista por sus integrantes como la confirmación del compromiso de Aníbal Fernández de modificar la actual política de drogas.