A quince años del atentado contra la AMIA, las anomalías y sorpresas siguen siendo lo habitual en la investigación. El 27 de mayo, la Corte Suprema ratificó gran parte del fallo del Tribunal Oral que sostuvo que la causa judicial estuvo basada en pistas falsas y “fue una maniobra al servicio de políticos inescrupulosos”. Pero, al mismo tiempo, ordenó volver a investigar desde el principio a Carlos Telleldín, el armador de autos truchos que tuvo en su poder la Trafic que estalló en la mutual judía. Dos meses después todavía no hay tribunal, juez o fiscal que haya empezado con esa investigación. Es más, son muchos los que dicen que el fallo de la Corte implica volver a detener a Telleldín, quien ya pasó diez años en el penal de Devoto y fue absuelto con la resolución del Tribunal Oral que destinó una enorme parte de su fallo –249 páginas– a analizar las pruebas contra El Enano, como le dicen al armador de autos.

El 9 de junio último, el juez Rodolfo Canicoba Corral pidió la captura internacional de un supuesto coordinador del atentado, Samuel Salman El Reda. Un mes y medio después, el exhorto con el pedido de captura no salió del país porque todavía no se hizo la traducción. La causa por las irregularidades en el expediente AMIA comenzó en el año 2000. A ocho años, no hay nadie preso. Pero ahora, un hombre que está al borde del procesamiento, el comisario retirado Jorge “Fino” Palacios, fue designado a cargo de la Policía Metropolitana y el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, ha dicho que lo mantendrá en su cargo aun cuando el juez Ariel Lijo, como todo lo hace prever, dicte su procesamiento en agosto. En los quince años transcurridos no se sabe de dónde salieron los explosivos, en qué lugar se armó la Trafic, cómo entraron al país los terroristas y se menciona a un suicida sobre el que no existen rastros de su paso por la Argentina. Hay 85 muertos y ni un preso.

Volver al día uno

Ciento ochenta meses después del atentado, la Corte ha ordenado que se vuelva a investigar a Telleldín. El máximo tribunal ratificó que queda anulada gran parte de la causa que se realizó bajo el gobierno de Carlos Menem y con la guía del ex juez Juan José Galeano. Los policías bonaerenses acusados entonces quedaron sobreseídos en forma definitiva porque la Corte confirmó que toda la pesquisa se basó en maniobras políticas y un pago de 400.000 dólares a Telleldín.

El Tribunal Oral, que encabezó el juicio a lo largo de tres años, había anulado la investigación, pero en su fallo de dos mil páginas igualmente analizó cada una de las pruebas contra Telleldín y contra los policías, ya que sostuvo que los familiares tenían derecho a saber la verdad, más allá de las irregularidades que se cometieron.

En las 249 páginas destinadas únicamente a evaluar las evidencias contra Telleldín, el Tribunal Oral Federal (TOF) Nº 3, integrado por los doctores Miguel Pons, Gerardo Larrambebere y Guillermo Gordo, hizo un minucioso análisis de las pruebas y sostuvo lo siguiente:

- Que para participar en un atentado de esa naturaleza Telleldín sólo podría tener dos motivos: ideología o dinero. Que el Enano no registraba antecedente ideológico alguno que lo vinculara con ninguna organización política o terrorista y que las pruebas indicaban que se encontraba sin dinero tanto en las semanas previas como en las posteriores al atentado.

- Que, dada su experiencia en cuestiones delictivas, Telleldín no hubiera dejado sin eliminar el número en el motor, que fue lo que condujo la investigación a determinar que había adquirido la Trafic en Alejandro Automotores. Por ejemplo, Telleldín había eliminado la numeración en otro auto que provenía de un robo.

- Que no existen pruebas de que Telleldín haya reforzado los elásticos de la Trafic para poder cargar los explosivos, fundamentalmente porque ni él ni sus mecánicos contaban con el instrumental para hacerlo.

- Si Telleldín hubiera sabido que la Trafic era para cometer un atentado, no habría entregado el vehículo –como lo hizo– en la puerta de su casa.

El TOF se extendió sopesando decenas de argumentos contra Telleldín. Concluyó que El Enano no sabía que la camioneta se iba a usar para un atentado y que por lo tanto no podía ser condenado como cómplice. Es más, una lectura detenida del fallo parece dar a entender que los jueces creen en la versión inicial de Telleldín, de que una persona extranjera de piel oscura, anteojos y gorra, con un documento falso, compró la camioneta el domingo 10 de julio de 1994 y que Telleldín se la entregó sin muchas vueltas porque necesitaba los 11.500 dólares que le pagaron.

Más allá de esas consideraciones, lo cierto es que la Corte ahora parece ordenar una revisión de la absolución de Telleldín, lo que significa volver a investigar desde el día número uno. Y no es que se estaría hurgando en el núcleo central de la organización terrorista, sino en un aspecto de segundo orden como es la provisión de la camioneta.

¿Telleldín preso?

Si la Corte revocó el sobreseimiento de Telleldín, como entienden varios juristas consultados por este diario, El Enano podría regresar a prisión. Sin embargo, nada de esto está claro porque la Corte envió su resolución a la Cámara de Casación y ésta no dijo todavía si lo que corresponde es que el TOF emita una nueva fundamentación, se haga un nuevo juicio o todo se investigue de nuevo, entregando la tarea al actual juez, Rodolfo Canicoba Corral, y al fiscal especial del caso AMIA, Alberto Nisman. Desde que se dio a conocer el fallo de la Corte, el 27 de mayo, pasaron casi dos meses. No se avanzó ni un paso.

Desde el punto de vista criminalístico, no será fácil encarar una nueva pesquisa. El TOF hace mención a un papel, supuestamente encontrado en el domicilio de Telleldín, con la dirección de la Embajada de Irán y sus teléfonos. Los jueces señalaron que el papel no figura en el acta del allanamiento y que tampoco se refirieron a él los dos testigos ni el oficial del juzgado que participó del procedimiento. Además, se hizo una pericia caligráfica y la letra no corresponde a Telleldín ni a sus familiares u otros sospechosos del expediente. Lo concreto es que, de acuerdo con algunas interpretaciones, habría que empezar todo otra vez.

Iraníes y sirios

La investigación inicial, responsabilidad del gobierno de Carlos Menem y sus fuerzas de seguridad e inteligencia, no logró esclarecer nada. Ni quiénes fueron los terroristas ni cómo ingresaron al país ni dónde se armó la camioneta bomba ni cuál fue el origen de los explosivos. Aquella investigación fracasada tuvo la conducción del ex juez Juan José Galeano, los fiscales, y contó con el apoyo de los dirigentes de la comunidad judía. Pese a la inexistencia de rastros de los autores materiales, se armó una investigación sobre la conexión internacional sobre la base de testimonios de opositores al régimen de Teherán e informes de la CIA, el Mossad y la SIDE. La conclusión fue que la organización libanesa Hezbolá fue la ejecutora del ataque y se realizó por orden de las máximas autoridades de Irán. Nunca antes ni después el régimen iraní fue acusado de atentados masivos –aunque sí participó de asesinatos de opositores en Berlín y París– y tampoco Hezbolá registra imputaciones de acciones fuera de Medio Oriente.

Lo curioso es que hoy existe una acusación contra Carlos Menem, su hermano Munir, la SIDE, el comisario Palacios y el juez Galeano por haber saboteado una investigación respecto del amigo de la familia Menem, Alberto Jacinto Kanoore Edul, un hombre que hizo una llamada a la casa de Telleldín ocho días antes del atentado. La existencia de esa imputación demuestra que no se quiso investigar la denominada pista siria, una vertiente que vinculaba el atentado con promesas electorales de Menem al entonces presidente de Siria, Hafez Al Assad, y con algunos otros personajes que rondaron la Casa Rosada, como Monzer Al Kassar.

La realidad es que nunca hubo elementos para inclinarse por una u otra pista y cuando fue detenido en Londres el ex embajador de Irán en la Argentina, Hadi Soleimanpour, los jueces británicos lo dejaron en libertad porque consideraron que las pruebas no tenían solidez. Soleimanpour hasta cobró una indemnización por aquella detención.

El coordinador y el suicida

Después de una larga investigación, el fiscal Nisman concluyó que un colombiano convertido al Islam, Samuel Salman El Reda, fue coordinador del ataque. Vivía en la Triple Frontera, habría llegado a Buenos Aires el 1º de julio de 1994 y se fue el 18 de julio, dos horas antes de la explosión. Hoy estaría viviendo en El Líbano.

La acusación se basa esencialmente en un entrecruzamiento de llamadas en las que El Reda se habría comunicado con un celular desde la Triple Frontera, a nombre de un tal André Marques, y paralelamente a teléfonos que corresponderían a hombres de Hezbolá. También El Reda mantenía una estrecha relación con el ex agregado cultural de Irán en la Argentina, Mohsen Rabbani, y estaba casado con una hermana de su secretaria. En esa pesquisa nuevamente juegan un papel clave los servicios de Inteligencia, ya que son ellos los que certifican la pertenencia de los números telefónicos de supuestos terroristas en El Líbano, Nueva York y San Pablo.

En mayo, Nisman pidió la captura de El Reda y el 9 de junio el juez Canicoba Corral aceptó la acusación, convalidando una orden de captura internacional. En teoría, El Reda está en El Líbano porque allí renovó por última vez su pasaporte colombiano. Según consignaron fuentes judiciales a este diario, pese a que ya pasó casi un mes y medio, la orden de captura no está traducida todavía y por lo tanto la Cancillería no la pudo cursar a El Líbano. Aun en caso de que El Reda sea detenido, la acusación no será fácil de probar: no hay un testigo que lo haya visto en actitud sospechosa ni existe evidencia de su actividad terrorista.

El 9 de noviembre de 2005, el fiscal Nisman dio a conocer el nombre del supuesto suicida: Ibrahim Berro. Hezbolá había sostenido que Berro murió en una acción en el sur de El Líbano, pero el Mossad aportó la información de que se había inmolado en la AMIA. En aquel momento se dijo que sus hermanos –que viven en Estados Unidos– convalidaron la hipótesis, según figuraba en sus declaraciones testimoniales. Pero públicamente los hermanos rechazaron haber dicho semejante cosa. Más allá de la controversia, en el momento en que se señaló a Berro como el suicida se dijo que se haría un análisis de ADN comparando las muestras de sus familiares con las surgidas de los restos encontrados en la AMIA. Esa prueba no se pudo hacer: se determinó que no hay ADN de los restos que quedaron en la mutual judía. Esta es una evidencia de lo que fue la investigación al principio: no se tomaron muestras de las víctimas ni de los restos detectados entre los escombros.

Irán

La acusación a Irán –que encaja con la política exterior de Estados Unidos e Israel– depende de que en algún momento se concrete la captura de los siete ciudadanos de ese país acusados por el juez y el fiscal, incluyendo al ex presidente Alí Akbar Rafsanjani. Teherán siempre rechazó los cargos, insiste en que nunca fue acusado de ningún atentado con explosivos en el mundo y reiteró que no entregará a sus ex funcionarios.

Lo curioso del caso es que el presidente de Irán, Mahmud Ahmadinejad, negador del Holocausto y que aboga por la destrucción de Israel, tiene como adversarios a los integrantes de la corriente moderada, uno de cuyos referentes principales es justamente Rafsanjani.

En realidad, no se trata de si los acusados por la Justicia argentina son halcones o moderados, sino de la calidad de las pruebas. Se afirma que el atentado fue resuelto en una reunión de Rafsanjani y las máximas autoridades iraníes en la ciudad de Pashad. Fue un cónclave publicado en los diarios y no hay ningún testigo presencial que afirme que allí se planeó el ataque contra la AMIA: lo dicen los opositores exiliados, algo equivalente a los anticastristas cubanos de Miami.

El principal problema de la causa AMIA es, precisamente, que no hay testigos sólidos de nada, no existen análisis de ADN, no aparece en la causa ni siquiera una idea sobre el origen de los explosivos y no se ha podido descubrir el nombre o la forma con la que entraron a la Argentina el supuesto suicida y los demás protagonistas del ataque. Para trazar un paralelismo, en España se determinó exactamente de qué mina de Asturias salió la dinamita usada en Atocha, quiénes la transportaron a Madrid y el grupo de marroquíes que ejecutó la operación. En Buenos Aires, a 15 años es poco lo que hay investigado porque el Estado –el Ejecutivo, las fuerzas de seguridad e Inteligencia– no lo hicieron al principio. Ahora es difícil avanzar y todo parece demasiado lento.