La causa por las irregularidades en la investigación sobre el atentado a la AMIA se inició en el 2000 y a nueve años, después de un fallo lapidario del Tribunal Oral, todavía no hay condenados. Ese expediente, el 9789/00, que está a cargo del juez Ariel Lijo, quedó en el centro de la escena a raíz de la designación del comisario retirado Jorge Palacios como jefe de la Policía Metropolitana. Es decir que no sólo no se avanzó contra los que cometieron irregularidades, sino que uno de ellos terminó premiado con un altísimo cargo. Lijo resolverá sobre Carlos Menem, su hermano Munir, el comisario Palacios y la SIDE en agosto. Las cosas se demoraron una vez más porque Munir pidió la prescripción, lo que fue rechazado por la Cámara a finales de junio. Todo indica que Palacios será procesado por incumplimiento del deber de perseguir a un delincuente, sustracción de pruebas, falsedad y otros delitos. Lijo elevará a juicio las acusaciones contra el ex juez Galeano, los fiscales, el ex titular de la SIDE Hugo Anzorreguy y el ex titular de la DAIA Rubén Beraja, no bien la Cámara se expida sobre una recusación contra el fiscal Alberto Nisman.

Los familiares de las víctimas, en especial las agrupadas en Memoria Activa, insistieron con este expediente desde el principio. El puntapié inicial lo dio el ex secretario de Galeano Claudio Lifchitz, quien contó cómo se armó la acusación contra los policías bonaerenses después de una reunión a la que concurrió Galeano en la Casa Rosada. Para redondear la imputación, se le pagaron 400.000 dólares a Telleldín y se detuvo a varios testigos, a los que se les exigió que declararan en contra de los policías bonaerenses, encabezados por el ex comisario Juan José Ribelli. Si no lo hacían, se los dejaría presos por otros delitos.

En la parte que involucra al comisario Palacios, la imputación es que el Fino, como le dicen a Palacios, junto con la SIDE y bajo las órdenes de Galeano dejaron de investigar al siriolibanés Alberto Jacinto Kanoore Edul tras la presión que ejerció Munir Menem, hermano del ex presidente.

Desde un celular de los Kanoore Edul, el 10 de diciembre de 1994, ocho días antes del atentado, se hizo una llamada al armador de autos truchos Carlos Telleldín. Ese día, según dejaron en firme los jueces del Tribunal Oral, Telleldín entregó la camioneta Trafic que la semana siguiente estalló frente a la AMIA.

Kanoore Edul nunca pudo explicar aquella llamada. Primero dijo que fue hecha por su chofer, después su chofer sostuvo que la comunicación se hizo un domingo, por lo tanto no fue él quien llamó, y finalmente Albertito dijo que no recordaba. Pero, además, hay otra circunstancia que hizo todavía más extraña la situación de Kanoore Edul. Cinco minutos antes del atentado, un camión dejó frente a la AMIA un volquete. En la hoja de ruta de ese camión figura una dirección de la calle Constitución al 2600. Se trata de un baldío, a metros de donde vive Kanoore Edul.

En aquel momento, Galeano ordenó investigar esa pista, pero –según señala Nisman– todo tuvo un vuelco súbito. El fiscal afirma que fue tras una llamada de Munir Menem al magistrado. Esa comunicación está probada. A partir de ese momento, que fue diez días después del atentado, la SIDE dejó de intervenir los teléfonos de Kanoore Edul y también la Unidad Antiterrorista de Palacios inició un comportamiento que el fiscal considera delictivo, casi de encubrimiento. Se ordenó el allanamiento de la vivienda de Kanoore Edul, en Constitución al 2600, y según enumera Nisman, los policías llegaron a las 8 y el allanamiento se produjo a las 17. Los movimientos eran tan obvios que hay una escucha telefónica de un familiar de Kanoore en la que cuenta que “vinieron dos personas a preguntar por Albertito. Seguro que eran policías”. Pero para el fiscal, lo más comprometedor es que desde un celular que figura a nombre de Jorge Palacios se hicieron dos llamadas –una de 58 segundos y la otra de 26– al lugar que se iba a allanar. Nisman dice que todo indica que fue para avisarles y, además, menciona que en la investigación hecha por el propio Palacios nunca figuraron los números de Kanoore a los que se llamó ni el propio celular del comisario. Todo apareció en cruces telefónicos mucho después. Varios años después, el FBI insistió en un punto: había que volver a trabajar la pista Kanoore Edul.

En el caso AMIA siempre hubo un bloque que tenía base en el gobierno de Menem, el juez Galeano, los fiscales, una parte de la SIDE, el comisario Palacios y los principales dirigentes de la comunidad judía. Todos ellos protagonizaron la investigación oficial que no esclareció nada y que hoy está siendo imputada por fraudulenta. Del otro lado hubo familiares de las víctimas, sectores de la SIDE y opositores políticos al menemismo –entre ellos estaba la senadora Cristina Kirchner– que cuestionaban una pesquisa que terminó en impunidad.