En las últimas semanas se verificó un aumento del 30 por ciento en los reclamos de los usuarios por el incremento que recibieron en las facturas de electricidad. Ese nuevo frente de conflicto con las tarifas se sumó al que ya se había precipitado con las de gas, que provocó una serie de protestas de asociaciones de consumidores, varias medidas cautelares dispuestas por la Justicia que frenaron los aumentos y la embestida de la oposición para anular los cargos que implicaron un fuerte ajuste de las tarifas para un sector de la población. En ese contexto, el Poder Ejecutivo decidió suspender la entrega de boletas y realizar una auditoría sobre la facturación realizada por las tres compañías distribuidoras del área metropolitana (Edesur, Edenor y Edelap). El tema disparó una polémica sobre los aumentos de tarifas en gas y luz, los subsidios a ese sector y la política energética del Gobierno. En entrevista exclusiva con Página/12, el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, responsable del área, aseguró que “el incremento eléctrico sólo llega al 8 por ciento de los hogares, al 4 por ciento de los comercios y al 2 por ciento de las industrias”. Ante las quejas de la oposición y de analistas energéticos por los recursos destinados al rubro subsidios, señaló “sueño con un país sin subsidios”, pero que para eso es necesario primero asegurarle a toda la población un trabajo estable y un ingreso razonable. “El tema será prioritario en los debates que se desarrollarán en elconsejo económico y social”, indicó.

–¿Están seguros de que los incrementos en las tarifas eléctricas son por cobro indebido de las empresas?

–Tenemos que revisarlo. Tuvimos un incremento de los reclamos por la facturación ante el Ente Nacional de Regulación Eléctrico. Por eso nos pareció oportuno analizar el proceso de facturación para analizar exactamente qué había ocurrido para que aumentaran estos reclamos. Esto nos llevó a tomar, por directiva de la Presidenta, la decisión de operar la paralización de la facturación y la entrega de boletas hasta tener absolutamente chequeado exactamente qué es lo que había pasado. Sobre todo, porque desde octubre del año pasado no se había autorizado ningún aumento. Es decir, si alguien tiene una factura de 100 kilowatts (KW) y pagó una cierta cantidad de dinero a fin del año pasado, no tendría por qué, por esos 100 KW, pagar otro valor ahora en julio o en agosto.

–¿Hubo ya un control que verificó algún error en la facturación?

–No, la prohibición de la emisión de factura y distribución para aquellas facturas de más de 1000 KW la emitimos el viernes y empezamos hoy (sábado) mismo las auditorías. Sobre todo en aquellos casos de consumidores que entienden que sus consumos son muy elevados en función de lo que ellos creen que gastaron durante el mes. Es como una ecuación de doble entrada: por un lado hay que ver que la medición sea correcta y por otro lado verificar que, a igual consumo, no se haya facturado un valor diferente.

–¿Es necesario esperar a que haya reclamos para que el Enre realice una auditoría?

–El ENRE hace auditorías de rutina propias, que constan en su procedimiento y en los contratos de concesión. Y tiene el número 0800-000-3000, que es donde recibe los reclamos de los usuarios en relación al volumen consumido y a la facturación final. Y por supuesto envía al domicilio de la persona las inspecciones necesarias para poder chequear y saber si han medido correctamente o si hay algún problema mecánico o eléctrico en el medidor que haga que la facturación no sea la correcta. Hay reclamos tanto por monto de factura como por KW consumidos. En los últimos dos días se incrementaron un 30 por ciento los reclamos. Si bien todos los años en esta época hay un crecimiento, como en los picos de verano, nos pareció más que prudente acentuar los procesos de auditoría habituales e incrementar la cantidad de gente y de inspecciones en la auditoría in situ para poder descartar cualquier error que se pudiera haber cometido.

–Mientras tanto la gente que tiene problemas, ¿qué hace? ¿No paga?

–La gente que considera que el valor de su factura y el volumen consumido no es real, que presente su reclamo, que va a ser debidamente atendido. Paralelamente nosotros vamos a hacer un relevamiento con mayor cantidad de muestras que las habituales con una auditoría muy profunda en posibilidad y volumen.

–¿Cuánto tiempo va a tardar la gente en saber si su factura es correcta?

–Yo calculo que en el transcurso de la próxima semana vamos a tener con claridad una certeza de lo que pueda haber ocurrido. Vamos a ver si en todas las distribuidoras se da la misma situación. Hasta ahora no hemos detectado que hubiera un mayor volumen de quejas en una zona que en otras, pero es un tema que vamos a ver.

–¿Qué castigo recibe una empresa por cobro indebido?

–Los contratos de concesión prevén multas económicas. Inclusive, si los errores encontrados fueron intencionales, puede llevar a la caducidad de los contratos. Y hasta puede acarrear problemas legales a los propios directivos, si hubiera alguna situación irregular demostrada y no un error involuntario, que también puede darse.

–Si no hubo problemas de facturación, los reclamos tienen que ver con los aumentos reales. ¿No fue un error no ir subiendo de a poco las tarifas de gas y luz en los últimos años, en vez de aumentarlas fuerte de golpe?

–Primero, el aumento llega a una porción muy minoritaria de la población y no es tan alto como se ha publicado. Además, creemos que fue acertado haber apostado fuertemente al crecimiento del consumo interno. Por eso mantuvimos las tarifas, para que la población no sufriera el aumento de los precios internacionales. También para preservar la competitividad de las tarifas energéticas en el ámbito industrial. Hicimos el mayor esfuerzo manteniendo una tarifa baja y llevando adelante un plan eléctrico que demostró no fallar aun en momentos de enorme consumo. Incorporamos más de 3000 megavatios al sistema nacional interconectado en los distintos planes, como Energía Plus. Avanzamos en el llenado de la represa de Yacyretá, en la terminación de Atucha para el año próximo, en el plan de energía distribuida, que nos permitió crecer en áreas críticas. Todo eso apalancó el crecimiento industrial. Y sólo cortamos algunos servicios interrumpibles, que para eso son interrumpibles. Este año, a pesar de que creció el consumo, casi no usamos esa condición. Quiere decir que el plan energético sirvió, a pesar de mantener bajas las tarifas.

–¿No debería haberse realizado una campaña de racionalización del uso de la energía en los años de tarifas bajas?

–Creo que en general en el país falta un proceso de concientización sobre los recursos no renovables. Si bien hay una gran cantidad de ONG que se dedican al cuidado del medio ambiente, también deberían trabajar en ese sentido. En los últimos años el plan más importante del cuidado de los recursos no renovables fue el que llevó adelante la Presidenta con el plan de uso racional de la energía, con el que ya cambiamos más de cuatro millones de luminarias.

–¿Es inevitable castigar

el aumento del consumo domiciliario para que se haga un uso racional de la energía?

–En general, en el mundo existen planes de desaliento al consumo de energía residencial, a través de castigos por elevar el consumo pasado. En España, en verano, luego de los 36 grados de temperatura, hay cortes rotativos. El sistema está preparado para trabajar al 100 por ciento hasta esa temperatura, porque económicamente y desde el punto de vista de la sustentabilidad del medio ambiente no conviene ampliar la oferta por unos pocos días de mucho calor. En Argentina, cuando gobernó este grupo de ex secretarios de Energía que ahora ven todo mal, teníamos cortes de varias horas.

–¿Están seguros de que los aumentos tarifarios no generarán un monto de ingresos a las empresas mayor que la quita de subsidios?

–Hicimos una estimación que va a estar en ese rango, porque podemos proyectar fácilmente el consumo. Y los recursos que liberamos son importantes teniendo en cuenta que tenemos por delante la finalización la línea eléctrica NEA-NOA, la terminación de los ciclos combinados de las centrales térmicas San Martín y Belgrano, el ascenso de la cota de Yacyretá, unir al noreste argentino con gas natural. La crítica más dura es cuando se le niega al otro lo que hizo. Hicimos 1000 kilómetros de gasoductos, incorporamos 70 mil HP de potencia de compresión de gas y más de 10 millones de metros cúbicos al sistema de transporte de gas. Estamos haciendo el cruce del estrecho de Magallanes, una obra fundamental para el futuro energético del país, porque fortalece la parte más sensible de la matriz energética argentina, que es el gas. Nos va a permitir traer casi 20 millones de metros cúbicos más por día al continente, con lo que la industria nacional tendrá una perspectiva de crecimiento casi ilimitada en el próximo quinquenio.

–¿Por qué los últimos balances de las distribuidoras de gas registraron ganancias un 50 por ciento superiores a las del año anterior?

–En realidad son empresas que venían de un déficit importante en años anteriores. Pero, de todas maneras, son compañías que no tienen subsidios. Nosotros no les generamos esa ganancia. En el caso de Gas Natural BAN recibió un aumento después de muchos años, de sólo el 10 por ciento.

–¿Por qué van a revisar lo que cobraron las empresas de energía eléctrica y no las de gas, sobre las que también hubo quejas?

–Porque no hubo un incremento de los reclamos en las facturas de gas, como sí pasó con las eléctricas. A nivel país hubo 600 reclamos sobre siete millones de usuarios. 380 fueron rechazados, porque no había errores, y el resto fueron solucionados. Además, ahora incorporamos a jubilados, barrios carenciados y desocupados, que quedaron fuera de la quita de subsidios. Son 5000 exceptuados del aumento. Esto es dinámico, va a haber más si lo piden y lo merecen, dentro de los lineamientos diseñados.

–La oposición suele reclamar que se gasta dinero en subsidiar a las grandes empresas.

–Yo sueño con una Argentina sin subsidios. Que cada ciudadano pueda tener un ingreso y una previsibilidad laboral que le permita no tener subsidios. Y la Presidenta lo va a plantear en el marco del consejo económico social. Es uno de los grandes temas. En el caso de las empresas de servicios, fundamentalmente en el área de transporte, estamos buscando la manera de que el subsidio vaya directamente al bolsillo del consumidor y no a través de las empresas. Lo vamos a hacer con consenso político y de los sectores productivos.