La ministra de Defensa, Nilda Garré, le ordenó al jefe de la Armada, Jorge Godoy, que “disponga el retiro o la baja obligatoria del capitán de fragata Alberto Angel Zanchetta al 14 de julio de 2008”. La resolución a la que accedió Página/12 también dispone que Godoy “inicie las actuaciones disciplinarias que correspondan por haberse omitido” la decisión de retirar de la actividad al presbítero que confortaba a los pilotos de los vuelos de la muerte. Una alta fuente de Defensa dijo a este diario que “parece que la conducción de la Armada la quiere transformar en un aguantadero y eso no se va a permitir porque la Armada pertenece a la Nación y a su pueblo, que la gobierna por medio de su Estado a través del Ejecutivo nacional”.

Godoy fue citado ayer al Edificio Libertador para dar explicaciones sobre la permanencia de este cura con grado de capitán de fragata en situación de disponibilidad y cobrando alrededor de 5000 pesos por mes. Hace más de un año Garré había ordenado el pase a retiro de los sacerdotes que habían actuado durante la dictadura en centros clandestinos. Los marinos eludieron el trámite. Los argumentos que dio el jefe de la Armada no convencieron: tras su partida la ministra firmó la resolución intimando a la Marina. Nadie sabe todavía si, como el retiro es retroactivo a julio de 2008, el presbítero tendrá que devolver los haberes que embolsó como capitán de fragata durante más de un año. El sacerdote es un hombre pendiente de sus ingresos terrenales: en 2001 le inició juicio al Estado por la liquidación en negro que suponía la aplicación de suplementos no remunerativos ni bonificables en su sueldo.

En los fundamentos de la medida, Defensa recordó que, “en julio de 2008, el administrador diocesano (Pedro Candia) cesó en sus funciones al presbítero Zanchetta”, por lo tanto “carece de objeto la relación de empleo público militar, habida cuenta de que con el cese dispuesto resulta jurídicamente imposible el desempeño de funciones pastorales en el ámbito de las Fuerzas Armadas”. Candia está a cargo de la diócesis castrense desde la jubilación del obispo Antonio Baseotto, a quien el ex presidente Néstor Kirchner había desconocido como arzobispo luego de que propusiera tirar al mar al ex ministro de Salud, Ginés González García, por reivindicar la despenalización del aborto. En 2007 Defensa, junto con las secretarías de Culto y de Derechos Humanos, acordó con Candia el discreto pase a retiro de los curas que habían actuado en centros clandestinos. El lunes pasado este diario reveló que Zanchetta había sorteado esa orden y seguía en disponibilidad, es decir, cobrando como activo aunque sin destino pastoral. El cardenal Jorge Bergoglio lo acogió en la diócesis metropolitana y compartió la ordenación de obispos con Zanchetta en la Catedral.

Egresado del Seminario Metropolitano y de la Universidad Católica, Zanchetta se ordenó sacerdote en 1973. Fue denunciado por el entonces capitán de la Armada Adolfo Scilingo como uno de los sacerdotes que en 1977 estaba encargado de asistir espiritualmente a los oficiales de la ESMA, integrantes de los grupos de tareas que secuestraban, torturaban y tiraban vivos al mar a los prisioneros de ese campo clandestino. A partir de la recuperación democrática supo mantener su trinchera: se desempeñó como jefe del Servicio Religioso del Comando de Operaciones Navales de la Base de Puerto Belgrano y ocupó hasta diciembre del 2004 el cargo de canciller y secretario general del obispado castrense.

En el Edificio Libertad la conducción de la Marina inició ayer otra búsqueda al margen de las cadenas de responsabilidades reclamada por Defensa: puso la lupa sobre cómo se había filtrado esa información y ordenó un sumario interno. El jefe de Personal de la Armada, almirante Enrique Salvador Olmedo, dispuso que a partir de ahora en la “Lista de Precedencia”, el registro que detalla la situación de cada oficial de la fuerza, figuren sólo desde capitanes de navío hasta almirantes. Zanchetta ostenta el cargo de capitán de fragata, el máximo grado al que puede ascender un cura y el último para el que no se necesita acuerdo del Senado.

Hace menos de un mes, este diario publicó que el contraalmirante retirado en servicio (recontratado) Edgardo Campiantico, a quien la Armada había designado como director de la sede naval del Centro de Estudios Estratégicos, que preside Garré, era un activo militante de la defensa de los represores. Campiantico se desempeñó hasta el año pasado como vicepresidente del Foro de Almirantes Retirados que se declaró “identificado” con la actuación de los camaradas procesados y detenidos por delitos de lesa humanidad. Defensa dispuso el retiro efectivo del contraalmirante y la intervención de la sede. A tres semanas salió a luz el caso de Zanchetta. Demasiados fallidos para que sean sólo atribuibles a coincidencias casuales.