Después de trabajar con discreción durante un mes, el Gobierno anunciará hoy a las 11 el plan de creación de empleo que el propio Néstor Kirchner había adelantado a Página/12 hace una semana. El plan generará alrededor de 100 mil nuevos puestos de trabajo y tendrá un presupuesto inicial de 9 mil millones de pesos. La iniciativa será anunciada desde el Salón de la Mujer de la Casa Rosada. El acto será encabezado por la Presidenta y por la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner. El programa fue bautizado con el nombre “Trabajo con inversión social”. La denominación no es fortuita. En el Ministerio de Desarrollo Social pretenden responder al debate por el ingreso universal por hijo con el argumento de que el trabajo genuino –léase un empleo remunerado con el salario mínimo vigente de 1400 pesos, encuadrado como monotributista y con la cobertura de la correspondiente obra social– es más justo y más incluyente que un subsidio.

Los puestos de trabajo se organizarán en torno de cooperativas de entre 20 y 40 miembros, que se dedicarán a la construcción de infraestructura básica en los municipios. El programa se complementará con un “abordaje integral” en el territorio en el que funcione cada cooperativa. Eso significa que los cooperativistas estarán acompañados por personal del ministerio que encabeza Alicia Kirchner.

El anuncio del plan de empleo estuvo precedido por versiones contradictorias sobre la letra chica de la iniciativa. En un momento se habló de que la medida sería implementada a través de una agencia estatal, que tendría autarquía orgánica del resto de los ministerios y que eso le permitiría evitar la supervisión de los organismos de contralor. Ayer, desde la cartera de Desarrollo Social se ocuparon de desmentir con énfasis cada una de esas versiones. Según esas réplicas, el programa se aplicará desde el Ministerio de Desarrollo Social y no desde una nueva entidad creada al efecto. También aclararon que el avance de las obras que vayan realizando por las cooperativas será monitoreado por los organismos de control –Sigen y Auditoría General de la Nación–, pero también por las universidades nacionales. El financiamiento del programa será aportado por el Gobierno a través de una unidad ejecutora tripartita en la que estarán representados los ministerios de Economía, Desarrollo Social, Trabajo y Planificación Federal.

Desde la cartera de Alicia Kirchner también se desmintió otra versión que había circulado en los últimos días y que ubicaba al diputado kirchnerista Dante Dóvena, cuyo mandato vence el 10 de diciembre, al frente del equipo que estará a cargo del programa. Dóvena no será el responsable máximo de la iniciativa. La ministra decidió ubicar en ese rol a un hombre de su estrecha confianza. Dóvena es uno de los colaboradores de mayor confianza de Néstor Kirchner con inserción en el conurbano, sobre todo en la primera sección electoral: norte y oeste del GBA. Aunque la agenda legislativa le promete trabajo en el Congreso, Dóvena tendrá participación en el seguimiento del plan. Y su responsabilidad podría crecer cuando termine su mandato como legislador. En el equipo también tendrá un rol protagónico el dirigente Emilio Pérsico (Movimiento Evita), quien ya cuenta con un cargo en el ministerio: es subsecretario de Comercialización de la Economía Social. El equipo se completará con otros nombres, aunque todos dependerán del coordinador general elegido por Alicia Kirchner.

El proyecto dejará un espacio importante a la decisión de gobernadores e intendentes, que podrán solicitar qué obras son prioritarias para sus provincias o distritos. La Nación solventará los materiales que necesitará cada cooperativa. También pagará los salarios de cada cooperativista. Para formar parte del programa, cada beneficiario deberá inscribirse en la AFIP como monotributista social. Eso le permitirá recibir el sueldo mínimo (hoy de 1344 pesos pero que se irá escalonando hasta llegar a los 1500 pesos), que según fuentes de Desarrollo Social equivale al segundo escalafón de la actividad de la construcción. El sistema de pago ya está decidido: la idea parece estar inspirada en la tarjeta alimentaria creada por el ex ministro bonaerense Daniel Arroyo. El método que podría aplicarse es una respuesta a eventuales acusaciones de clientelismo o falta de transparencia. Cada socio de la cooperativa cobrará su salario a través de una tarjeta de débito personal e instransferible.

La creación de este nuevo plan de empleo fue resuelta a través de un decreto presidencial. El texto del decreto permaneció en secreto durante varias semanas, pocas personas tuvieron acceso a los primeros borradores. La idea inicial estuvo inspirada en un programa ya existente pero de alcance acotado: el Programa de Inversión Social (PIS), que fomenta la creación de cooperativas de trabajo en territorio bonaerense y que en la actualidad cuenta con 18 mil beneficiarios. Pasar de esa cifra a 100 mil cooperativistas es un verdadero salto de escala. Sin embargo, en el ministerio de Desarrollo Social confían en que esa franja de la población será sólo el punto de partida. En el mediano plazo se habla de crear unos 500 mil nuevos puestos de trabajo desde el Estado. Todos remunerados con el salario mínimo, bajo la figura de monotributistas y con acceso a obra social.

Ayer, mientras repasaban los últimos detalles del anuncio, en Desarrollo Social escucharon un planteo del secretario general de la CGT, Hugo Moyano. Al conocer los lineamientos, el líder cegetista manifestó su preocupación por la posibilidad de que los intendentes quieran valerse de las nuevas cooperativas para reemplazar la labor cotidiana de los empleados municipales. Esos trabajadores están sindicalizados en la CGT. “Este plan no va a ser una flexibilización laboral encubierta, eso lo garantizamos”, aseguró a Página/12 uno de los artífices de la iniciativa.