La frase de la senadora Roxana Latorre no ha tenido la difusión ni el análisis que merecían. En un diálogo con la periodista Tamara Krell, de la edición on line del diario La Nación, dijo que “algunas entidades del campo cruzan el límite. Hay que respetar los términos de la democracia. Cristina tiene mandato hasta fin de 2011 y hay muchos sectores interesados en que se anticipe la entrega del poder”. Más tarde aclaró que se refería a la Sociedad Rural. No para de recibir amenazas y su casa en Rosario está custodiada por la policía.

Más repeticiones pero nulo examen concitó el rechazo del senador Carlos Reutemann a los actos y los dichos de su principal colaboradora: “No entendió nuestra batalla contra el kirchnerismo. [Haber habilitado el tratamiento de la prórroga de las facultades delegadas] es un golpe enorme. Le pedí explicaciones, porque no alcanzo a entender. Hace un año y medio venimos en una batalla campal. No ha entendido esta batalla contra el kirchnerismo”. Ambas expresiones contribuyen de modo extraordinario a esclarecer cuál es el debate de fondo en la Argentina de la primera década del siglo, no la espuma mediática que apenas deja una marca fugaz sino aquello que se leerá en los libros de historia cuando las pasiones de hoy sean sólo polvo. Batalla campal es aquella general y decisiva entre dos ejércitos y hasta en sentido figurado sorprende cuando se aplica a las luchas políticas dentro de un sistema consensual. La subjetividad de los protagonistas coincide en este caso con la objetividad de los hechos. Aunque el vicepresidente Julio Cobos haya capitalizado la situación, fueron Reutemann y Latorre quienes emitieron los dos votos decisivos que quebraron el bloque oficialista en julio de 2008 y forzaron al gobierno a derogar la resolución 125 que fijó las retenciones móviles. Esta vez la actitud destituyente y su meta inmediata, la interrupción del mandato presidencial, no es expuesta por un grupo de intelectuales ni por el gobierno bajo asedio, sino por dos dirigentes políticos que desde que CFK asumió la presidencia (“un año y medio”, computa Reutemann) formaron parte destacada de esa reacción conservadora contra una tibia política progresiva. Es imprescindible tenerlo en cuenta para entender el aparente sinsentido de otra frase de Reutemann, quien primero anunció su postulación presidencial para 2011 y luego dijo que el mejor candidato era el ex senador Eduardo Duhalde. Hasta en Llambí Campbell se sabe que el ex intendente de Lomas de Zamora no tiene posibilidad alguna de prevalecer en una pugna electoral. Sí podría conducir una transición de poco más de un año, para lo cual de haber acuerdo bastaría con modificar la ley de acefalía e incluir a los ex legisladores nacionales o gobernadores provinciales entre quienes la Asamblea Legislativa puede escoger para completar un mandato interrumpido. Si algo sabe y le gusta hacer a Duhalde es la promoción de combinaciones institucionales apoyadas en escaramuzas callejeras para forzar cambios políticos con devastadoras consecuencias económicas.

Una moderada victoria

Basta leer las columnas que integran la cadena privada de comentaristas políticos para advertir la desilusión que el resultado de las últimas votaciones del Congreso ha producido entre quienes creían que después de los comicios del 28 de junio el gobierno nacional se rendiría con mansedumbre o, en su defecto, sufriría duros reveses legislativos que lo forzarían a claudicar de sus políticas centrales. Lejos de ello, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, el oficialismo mejoró con amplitud sus números en comparación con aquella noche de julio de 2008. En Diputados, la resolución 125 había pasado, luego de no pocas concesiones, por 129 a 122. Ahora la prórroga de la delegación de facultades, entre ellas la de fijar las retenciones, obtuvo 136 contra 120. En el Senado el empate en 36 mutó en un cómodo 38 a 32. Mientras sesionaba el Senado apenas uno o dos centenares de agitadores respondieron a la convocatoria de las cámaras patronales e intentaron forzar el acceso. Desde allí convocaron a un cacerolazo al que nadie respondió. A este resultado se llegó por la deserción de algunos opositores que no consideraron prudente asfixiar al gobierno y el acercamiento de otros, del centroizquierda, que intentaron aplicar la definición teórica de Martín Sabbatella, de consolidar el piso pero levantar el techo de lo actuado en los últimos años. Ellos impusieron que las facultades delegadas sólo podrán ser ejercidas por la presidente y el jefe de gabinete, que deberán someterse al control del Congreso (cada decisión tomada en uso de la delegación será enviada en diez días a la comisión bicameral sobre los decretos de necesidad y urgencia), y que una comisión técnica con recursos suficientes estudiará el conjunto de las normas delegadas para que no vuelvan a aprobarse en bloque, como ocurrió durante los gobiernos de Memen, De la Rúa, Duhalde y Kirchner. La cadena repitió con otras palabras el discurso de Hugo Biolcati en la Sociedad Rural: el gobierno no se dio cuenta de que perdió las elecciones pero la oposición tampoco se hace cargo de que las ganó. La amargura que rezuman estos comentarios es por la constatación de que el gobierno no se ha entregado, que conserva la iniciativa y que, por lo que hoy parece, podría recuperar parte del espacio perdido, como lo sugiere el fulminante contragolpe que le permitió aprovechar el conflicto entre la AFA y el Grupo Clarín para avanzar, sin necesidad ni siquiera de un decreto, en el más popular de los puntos del anteproyecto de ley de servicios audiovisuales. El cambio de modelo en la difusión de los partidos de fútbol es un ejemplo acotado pero comprensible para todos acerca de qué significa una política redistributiva. Se comprende que trinen los que trinan. Pero el gobierno se equivocaría si olvidara que sólo obtuvo una ventaja transitoria y parcial. Transitoria porque a partir de marzo las relaciones de fuerza en el Congreso habrán empeorado y porque el proyecto de las cámaras patronales agropecuarias que aspiran a la conducción de todas las fracciones del capital y la subordinación del sistema político sigue intacto. Parcial porque el esquema de distribución sigue siendo demasiado asimétrico y para perforar el núcleo duro de pobreza que subsistió pese al sexenio de crecimiento y que incluso ha vuelto a expandirse, se precisa una transformación profunda, que implica cambios culturales y de organización social.

De Robespierre a Biolcati

Esta semana se presentaron en el auditorio Jauretche del Banco de la provincia de Buenos Aires dos trabajos de una investigación de largo aliento del Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo, Cefidar, sobre la inequidad en la Argentina, su marco histórico y las políticas públicas relevantes para modificarla. Uno de ellos, de Federico Grasso sobre “Desigualdad y crecimiento” y el otro de Jorge Gaggero, quien dirige el programa, sobre “La progresividad tributaria, su origen, apogeo y extravío”. Gaggero describe lo que llama “La anomalía argentina”, un país que realizó su primera reforma tributaria moderna en la década de 1930 a la sombra de la gran crisis, para pagar la deuda externa y por temor a la movilización popular; en la década de 1950 recibió con el peronismo un shock de progresividad en la distribución primaria y secundaria, que puso a la Argentina muy por delante del resto de América latina y en línea con el modelo europeo en el que se basó el primer plan quinquenal; y que desde 1975 vivió un constante deterioro que implicó “el amplio triunfo de los sectores económicos de mayor poder (en el agro, la industria y las finanzas), que lograron resistir primero y luego destruir aquel sistema de fuerte equidad social, tan característico e inusual en América latina”. No hay en Occidente un caso comparable con el argentino, de un sistema tributario de notable progresividad que medio siglo después muestre una reversión tan severa, a un régimen basado en los impuestos indirectos sobre el consumo, con una altísima tasa sin excepciones para los pobres, y un débil impuesto a las ganancias, sin impacto significativo sobre los más ricos, cuyas ganancias de capital no están gravadas. Una corrección parcial a este sistema provino de los impuestos extraordinarios, como las retenciones, que aportaron mayor progresividad. Su aporte fue significativo: más de 2,5 puntos del producto interno bruto en 2007, más 5 puntos del impuesto a las ganancias. (Pero la reacción que produjeron estos gravámenes puso en emergencia al conjunto del sistema político, así como la resistencia del capital financiero que maneja el sistema de salud en Estados Unidos está jaqueando la reforma planteada por el presidente Barack Obama para que se universalice la atención médica. Igual que en la Argentina se basa en un poderoso y monocorde aparato mediático que no vacila en llamar socialista a la tímida propuesta.) La pregunta que el tributarista intenta responder es cómo superar esta anomalía argentina y recomponer la situación. Para llegar a su conclusión repasa la historia misma de la progresividad tributaria cuya partida de nacimiento ubica en la Convención francesa de 1793, cuando a propuesta de Robespierre los jacobinos aprobaron un artículo que limitó el derecho de propiedad al establecer que “los ciudadanos cuyas rentas no excedan lo necesario de su subsistencia, deben ser dispensados de contribuir a los gastos públicos. Los otros deben soportarlos progresivamente según la magnitud de su fortuna”. Prosigue con las dos grandes posguerras del siglo pasado, en las que sucesivos procesos de democratización y sindicalización y la aparición del socialismo obligaron a las clases dominantes a un compromiso que impidiera males mayores para sus derechos adquiridos.

Participación social

Al analizar cómo fue posible que ni siquiera los políticos conservadores europeos hubieran liquidado el sistema tributario progresivo que sostuvo la expansión del Estado y sus prestaciones sociales, Gaggero aporta elementos de interés para el actual momento político argentino. La persistencia de cierta igualdad en las sociedades avanzadas que lograron elevados niveles de bienestar se basaría en una cadena histórica, cultural e institucional de hechos complejos. Los impuestos progresivos surgieron de compromisos sociales y se expresaron en programas estatales que ponen en práctica la redistribución, dado que benefician a los más pobres y son costeados por los más ricos según el esquema jacobino. La gestión exitosa de esos programas sociales hace que la sociedad, sus clases sociales y asociaciones de todo tipo participen en forma activa para sostenerlos y eso hace difícil tumbarlos. Proyectado a la Argentina del siglo XXI implica postular también aquí ese mismo compromiso de la sociedad en apoyo de políticas públicas que reviertan la dramática involución padecida y la articulación entre los procesos que definen la distribución primaria (es decir antes de los impuestos) y secundaria, o sea la corrección fiscal del Estado. La distribución primaria surge de la interacción entre los mercados, la sociedad civil y el Estado y delinea las relaciones de fuerza dentro de la sociedad, que luego se reflejarán también en la posibilidad de intervención fiscal progresiva del Estado. Un país con sindicatos fuertes que negocian mejores salarios estará en mejores condiciones para cobrar impuestos. La agenda de políticas públicas favorables a la equidad en la distribución primaria debería incluir entre otros temas relevantes “control democrático y diversidad en el área de los medios masivos de comunicación; regulación eficiente de los mercados no competitivos y eficaces políticas antimonopólicas; políticas laborales eficaces para proteger a los trabajadores; control de la concentración de la propiedad de la tierra y de la propiedad empresaria”. Todo esto a su vez depende de los valores predominantes en la sociedad. La cultura también tiene una alta incidencia en la distribución secundaria, ya que la equidad se logra según sean el nivel y la estructura del gasto público, mientras el impuesto necesita para legitimarse la mayor eficacia y transparencia del gasto. El trabajo concluye que a la fuerte voluntad política para la redistribución deben sumársele una amplia coalición política y social que reclame y respalde el cambio y una disposición de los poderes fácticos a llegar a compromisos que eviten la ruptura.